La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha vuelto a amenazar con realizar un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque sin confirmar de manera definitiva la medida de fuerza. A través de un comunicado emitido este miércoles 10 de abril, en medio de un encuentro con las cámaras empresarias, el gremio continúa reclamando el pago de sumas de dinero adeudadas.

Según el documento difundido por la UTA en las redes sociales, el sector empresario se niega a pagar los salarios acordados, a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial han aportado subsidios por más de $122.000.000.000, lo que representa un aumento del 42% respecto a los meses anteriores. Además, destacan que el valor del pasaje ha aumentado un 250% para los usuarios.

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Como consecuencia, el gremio advierte que los choferes y empleados de las empresas de transporte se presentarán en sus puestos de trabajo en la próxima jornada, pero estarán a la espera de que se les depositen las sumas reclamadas. Esto genera incertidumbre entre los miles de usuarios del servicio, quienes deberán aguardar la confirmación o no de la medida de fuerza, sin poder planificar su jornada diaria con anticipación.

La UTA sostiene que, según el convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero. El sindicato considera esta suma como un derecho adquirido y exige a los empresarios que la depositen con los sueldos de marzo, a cobrarse en abril.

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Por otro lado, las cámaras empresarias argumentan que los costos de funcionamiento no les permiten afrontar estos pagos. Los propietarios de las empresas de transporte afirman que sus ingresos se han visto reducidos tanto por los subsidios que transfiere el Estado como por las tarifas.

En una reunión entre los referentes de las Cámaras empresarias y los funcionarios del área de transporte del gobierno de Javier Milei, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), insistió en la necesidad de un nuevo aumento en la tarifa del boleto. Fusaro señaló que, si el Estado atraviesa una situación difícil y los colectivos deben circular, alguien tiene que financiar el servicio, y que un boleto sin subsidio tendría un valor de 1200 pesos.

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En medio de este conflicto, los usuarios del transporte público en el AMBA se encuentran en una situación de incertidumbre, sin saber si podrán contar con el servicio en los próximos días. Es fundamental que las partes involucradas, tanto el gremio como las empresas y el Gobierno, lleguen a un acuerdo que garantice la prestación del servicio y evite perjuicios a los pasajeros.

La amenaza de paro por parte de la UTA y la sugerencia de un aumento de tarifas por parte de los empresarios ponen de manifiesto la compleja situación que atraviesa el sistema de transporte público en el AMBA. Es necesario encontrar soluciones que permitan sostener el servicio, garantizar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, no generar un impacto excesivo en los usuarios. El diálogo y la búsqueda de consensos serán claves para superar este conflicto y asegurar un transporte público eficiente y accesible para todos los ciudadanos.