Victoria Villarruel terminante: Lijo "no tiene los pergaminos para ser juez de la Corte"

Las tensiones entre Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel continúan. El punto de fricción más reciente gira en torno a la controvertida nominación del juez Ariel Lijo para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia, una decisión que ha sido fuertemente cuestionada por Villarruel.

En un almuerzo celebrado en el Colegio de Abogados, Villarruel no escatimó palabras al expresar su desaprobación por la elección de Lijo. "Hubiera querido tener un candidato sólido y que nos represente, con la mejor sabiduría y rectitud posible. No creo que sea el caso", declaró la vicepresidenta, dejando claro su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo.

La crítica de Villarruel no se limitó a cuestiones de idoneidad. También señaló problemas prácticos y de representatividad: "Por razones prácticas, está reemplazando a una mujer", haciendo referencia a la salida de Elena Highton de Nolasco de la Corte. Esta observación toca un punto sensible en un momento en que la diversidad y la representación equitativa en las altas esferas del poder judicial son temas de creciente importancia en la sociedad argentina.

Pero quizás la declaración más contundente de Villarruel fue su afirmación de que Lijo "no tiene los pergaminos para ser juez de la Corte". Esta frase no solo cuestiona las credenciales profesionales de Lijo, sino que también pone en tela de juicio el criterio del presidente Milei al nombrarlo.

El timing de estas declaraciones no es casual. Se producen en vísperas de la presentación de Lijo ante la Comisión de Acuerdos del Senado, programada para el miércoles a las 10 de la mañana. Este es un paso crucial en el proceso de confirmación, y las palabras de Villarruel podrían influir significativamente en el tono y el resultado de esta audiencia.

La nominación de Lijo ha sido controversial desde el principio. Según un informe del Ministerio de Justicia, el juez ha recibido 3578 adhesiones, pero también 328 impugnaciones. Estas cifras reflejan la división de opiniones que existe en torno a su candidatura, tanto en círculos políticos como en la sociedad civil.

En un intento por defenderse de las críticas, Lijo ha presentado un extenso documento en el que busca responder a más de 400 preguntas enviadas al Senado. Este movimiento sugiere que el juez es consciente de los desafíos que enfrenta su nominación y está dispuesto a luchar por ella.

La propuesta de Lijo para la Corte Suprema fue anunciada por el gobierno de Milei en marzo, junto con la nominación del abogado constitucionalista Manuel García Mansilla. Este último está destinado a reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años en diciembre, la edad límite para los jueces de la Corte según la Constitución argentina.

Las críticas de Villarruel a la nominación de Lijo se producen en un contexto de creciente tensión entre ella y el presidente Milei. Recientemente, la vicepresidenta afirmó no haber sido invitada a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, un evento de gran importancia simbólica en la política argentina. Además, el reciente aumento de los salarios de los senadores generó el enojo del presidente, quien responsabilizó a Villarruel por esta decisión.

A pesar de estas diferencias, Villarruel ha intentado minimizar la idea de una ruptura en el gobierno. "Tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su Gobierno. Mi lealtad y mi apoyo son totales. Eso no significa que no pueda tener diferencias", declaró. Insistió en que no hay una "pelea en el seno" del gobierno, sino que se trata de un proceso de "maduración" mientras están en el poder.

Sin embargo, las palabras de Villarruel sobre la nominación de Lijo sugieren que las diferencias entre ella y Milei podrían ser más profundas de lo que se quiere admitir públicamente. La vicepresidenta no solo cuestionó las credenciales de Lijo, sino que también criticó el proceso de selección en sí mismo. "Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra", señaló, sugiriendo que la nominación ha sido divisiva incluso dentro del propio gobierno.

Villarruel también cuestionó la capacidad de Lijo para garantizar la seguridad jurídica, un aspecto crucial para cualquier juez de la Corte Suprema. "Es una de las garantías de seguridad jurídica", dijo, insinuando que Lijo podría no estar a la altura de esta responsabilidad.

Estas críticas plantean interrogantes sobre el proceso de toma de decisiones dentro del gobierno de Milei. ¿Fue consultada Villarruel sobre la nominación de Lijo? Si no fue así, ¿por qué se la excluyó de una decisión tan importante? Y si fue consultada, ¿por qué se ignoraron sus objeciones?

La situación se complica aún más con la revelación de Villarruel de que el gobierno tiene la intención de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. "No es un rumor. Hay una intención de ampliar la Corte Suprema. Va a ser uno de los temas que se tratarán en los meses venideros y también en cuántos miembros", afirmó. Esta declaración abre un nuevo frente de debate y potencial controversia, ya que cualquier intento de modificar la composición de la Corte Suprema suele ser visto con sospecha por la oposición y parte de la sociedad civil.

El desacuerdo público entre Milei y Villarruel sobre la nominación de Lijo podría tener repercusiones más allá del ámbito judicial. Podría interpretarse como una señal de fracturas más profundas dentro del gobierno, lo que podría debilitar su capacidad para implementar su agenda política y económica.

Además, este episodio pone de relieve las complejidades del sistema de nominación y confirmación de jueces para la Corte Suprema en Argentina. El proceso está diseñado para ser riguroso y transparente, con períodos de consulta pública y audiencias en el Senado. Sin embargo, cuando surgen desacuerdos tan fundamentales dentro del propio gobierno que hace la nominación, se plantean dudas sobre la eficacia y la integridad del proceso.

En última instancia, el destino de la nominación de Lijo dependerá de cómo se desarrollen las audiencias en el Senado y de si el gobierno puede superar sus divisiones internas para presentar un frente unido. Sin embargo, independientemente del resultado, este episodio ya ha dejado al descubierto tensiones significativas dentro del gobierno de Milei, apenas meses después de asumir el poder.

La controversia en torno a la nominación de Lijo también plantea cuestiones más amplias sobre el estado de la justicia en Argentina y la percepción pública de sus instituciones. En un momento en que la confianza en el sistema judicial está en declive en muchos países, incluyendo Argentina, es crucial que los nombramientos para la Corte Suprema sean vistos como legítimos y basados en el mérito, no en consideraciones políticas.

A medida que se acerca la audiencia de Lijo en el Senado, todos los ojos estarán puestos no solo en el candidato, sino también en cómo el gobierno maneja sus divisiones internas. La capacidad de Milei y Villarruel para superar estas diferencias y presentar una visión coherente para el futuro de la Corte Suprema y el sistema judicial argentino será una prueba crucial para su administración.