Milei celebrará el 9 de Julio con solo 3 gobernadores confirmados por tensión fiscal

La celebración patria del 9 de julio en Tucumán expondrá la fractura política entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales, con la confirmación de que apenas tres mandatarios acompañarán a Javier Milei durante la vigilia en la Casa Histórica. La escasa convocatoria refleja el deterioro de las relaciones institucionales tras el reclamo unificado de los gobernadores por la redistribución de recursos fiscales que la Casa Rosada se niega a considerar.

El presidente arribará este martes a las 10 horas al hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán, donde permanecerá hasta el inicio de la ceremonia conmemorativa. Los únicos mandatarios que confirmaron su presencia son Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta, mientras que Hugo Passalacqua de Misiones mantiene su participación en evaluación. La magra respuesta contrasta notablemente con celebraciones anteriores donde la concurrencia provincial solía ser masiva.

Desde el Ejecutivo nacional anticiparon que no consideran apropiado utilizar la fecha patria para abordar disputas presupuestarias, manteniendo una posición inflexible que resume su lema de no transar en cuestiones fiscales. Esta estrategia busca separar el simbolismo institucional de las negociaciones políticas, aunque reconoce implícitamente que el conflicto con las provincias ha alcanzado dimensiones que trascienden los canales tradicionales de diálogo.

La tensión escaló significativamente tras la presentación de dos proyectos legislativos impulsados por gobernadores de distintos signos políticos. La primera iniciativa propone automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, eliminando la discrecionalidad que actualmente maneja el gobierno central para asignar estos recursos según criterios políticos. La segunda busca modificar el reparto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, incrementando la participación provincial en detrimento de los fondos nacionales.

El oficialismo evalúa que resulta más conveniente aguardar el paso de la celebración patria para concentrarse en una reunión posterior entre representantes provinciales y Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Esta estrategia de dilación busca despolitizar temporalmente el conflicto, aunque desde Balcarce 50 admiten que aún no han definido qué concesiones podrían ofrecer para desactivar la presión legislativa de las provincias.

Un sector particularmente resistente dentro de la administración Milei cuestiona directamente la legitimidad de cualquier ofrecimiento hacia los gobernadores. Estos funcionarios interpretan que ceder ante las demandas provinciales comprometería la coherencia del programa de ajuste fiscal que constituye el núcleo del proyecto económico oficial. Su posición refleja una lectura ideológica que prioriza la disciplina presupuestaria por encima de la gobernabilidad territorial.

La Casa Rosada tampoco muestra urgencia por resolver el diferendo antes de que los legisladores provincialistas impulsen iniciativas fiscales o apoyen proyectos que incomoden al Ejecutivo. Esta aparente indiferencia hacia las consecuencias parlamentarias sugiere una apuesta gubernamental a que las provincias finalmente desistirán de su presión ante la imposibilidad de torcer la voluntad presidencial en materia presupuestaria.

Los entornos provinciales mantienen expectativas limitadas respecto al desarrollo de negociaciones productivas en el corto plazo. Desde una de las administraciones involucradas señalaron que la responsabilidad de formular propuestas recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, dado que las 23 provincias ya explicitaron sus requerimientos mediante los proyectos legislativos presentados. Esta posición busca trasladar la carga política de la eventual ruptura hacia el gobierno nacional.

La percepción provincial indica que el gobierno de Milei mantiene una actitud de negativa sistemática sin ofrecer alternativas de diálogo constructivo. Los mandatarios interpretan que han agotado los canales institucionales tradicionales y que la presentación de iniciativas legislativas constituye el único mecanismo disponible para visibilizar sus demandas ante la opinión pública y presionar por soluciones concretas.

El cronograma político agrega presión adicional al escenario de confrontación. Los gobernadores sostienen que el período de ofertas y contraoferta ya se agotó, estableciendo como nueva premisa la necesidad de cumplimiento efectivo de compromisos previamente asumidos. Esta radicalización discursiva refleja la frustración acumulada tras meses de gestiones infructuosas ante diferentes niveles de la administración nacional.

La estrategia gubernamental de mantener la rigidez fiscal enfrenta el riesgo de consolidar una oposición provincial transversal que trascienda las diferencias partidarias tradicionales. La firma conjunta de gobernadores de diversos signos políticos en los proyectos sobre combustibles evidencia una convergencia de intereses territoriales que podría complicar la gobernabilidad legislativa del oficialismo en temas sensibles.

La celebración tucumana adquiere así una dimensión política que excede su significado histórico. La escasa presencia de mandatarios provinciales funcionará como termómetro visible de la crisis de representación territorial que atraviesa el gobierno nacional, exponiendo ante la ciudadanía las dificultades para construir consensos federales en torno al programa de transformaciones estructurales.

El hotel Sheraton de Tucumán se convertirá en escenario de una reunión reducida que contrastará con la amplitud geográfica de los reclamos provinciales. Los tres gobernadores presentes deberán equilibrar su lealtad institucional hacia la investidura presidencial con la solidaridad hacia sus pares que optaron por la ausencia como forma de protesta política.

La agenda posterior al 9 de julio incluirá necesariamente una redefinición de estrategias tanto gubernamentales como provinciales. El Ejecutivo deberá evaluar si mantiene su inflexibilidad fiscal o explora fórmulas de compromiso que eviten una escalada legislativa que podría comprometer otros aspectos de su programa político. Las provincias, por su parte, deberán decidir si intensifican su presión parlamentaria o buscan canales alternativos de negociación.

La vigilia tucumana simbolizará así no solo la conmemoración de la independencia nacional, sino también la compleja tensión entre centralización fiscal y federalismo que caracteriza la actual coyuntura política argentina. La ausencia masiva de gobernadores constituirá un mensaje político inequívoco sobre el estado de las relaciones intergubernamentales en un momento crucial para la consolidación del proyecto de transformación estatal impulsado desde la presidencia.