CriptoGate $LIBRA llega a la Corte Suprema de Nueva York mientras Milei negocia con el FMI

La presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA ha escalado al sistema judicial estadounidense tras la presentación de una demanda colectiva ante la Corte Suprema de Nueva York, en un momento crítico para el gobierno argentino que se encuentra en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El bufete Burwick Law formalizó la acción legal contra las empresas Kelsier, KIP, Meteora y otros implicados, mencionando explícitamente el rol del presidente Javier Milei en la legitimación del controvertido token.

"Alegamos que Kelsier, KIP, Meteora y partes relacionadas orquestaron un lanzamiento injusto del token ($LIBRA), supuestamente engañando a los compradores y perjudicando a los inversores minoristas", indica la presentación judicial que ya está generando repercusiones internacionales. Aunque el mandatario argentino no figura entre los demandados directos, la denuncia subraya cómo su imagen presidencial fue utilizada estratégicamente para otorgar credibilidad al proyecto.

La demanda sostiene que los responsables "utilizaron la infraestructura de Meteora y coordinadas por el equipo de Kelsier Ventures" para aprovechar la figura de "personas influyentes, específicamente el presidente de Argentina, Javier Milei" con el fin de dotar de aparente legitimidad a la operación. El documento agrega que los promotores "cultivaron intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa confianza en el potencial económico del token" al asociarlo con el respaldo presidencial.

El caso comenzó a desarrollarse el 14 de febrero cuando Milei publicó en la red social X un mensaje respaldando $LIBRA como instrumento financiero para pequeñas empresas argentinas. "¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el presidente. Tras este respaldo oficial, el valor de la criptomoneda experimentó un dramático incremento, pasando de centavos a casi 5 dólares en minutos, para luego colapsar abruptamente.

Las consecuencias del escándalo ya se sienten en organismos oficiales argentinos. Sergio Morales, asesor externo de la Comisión Nacional de Valores (CNV), presentó su "renuncia indeclinable" tras ser vinculado con los empresarios promotores del token. Fuentes del organismo confirmaron que la dimisión responde a los "hechos de público conocimiento", aunque evitaron emitir comunicaciones oficiales al respecto.

La situación judicial incluye una investigación en Argentina dirigida por la jueza María Servini, quien delegó las pesquisas en el fiscal Eduardo Taiano. En el expediente figura como imputado el propio presidente Milei, junto a los empresarios tecnológicos Hayden Mark Davis, Julian Peh y Mauricio Gaspar Novelli, entre otros. Davis, propietario de Kelsies Ventures y principal impulsor del token, admitió públicamente haber obtenido ganancias por 110 millones de dólares mediante esta operación.

Paralelamente a este escándalo, el ministro de Economía Luis Caputo continúa avanzando en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo financiero. En recientes declaraciones televisivas, el funcionario aclaró que el monto definitivo del préstamo todavía "no está definido" y dependerá exclusivamente de la decisión del Directorio del organismo. "El monto lo define el directorio del fondo cuando se reúna. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso no lo decimos", afirmó Caputo, contradiciéndose parcialmente con declaraciones previas donde había sugerido que tanto el monto como el programa ya estaban establecidos.

El titular de Economía caracterizó este acuerdo como atípico comparado con experiencias anteriores con el FMI. "En un acuerdo clásico con el fondo, uno va típicamente cuando la situación macroeconómica está desordenada. Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo, nosotros ya lo hicimos", explicó. Según Caputo, la administración argentina presenta un caso sin precedentes para el organismo multilateral, donde "el Presidente y el equipo económico del país es más ortodoxo que ellos".

Respecto a los objetivos prioritarios del acuerdo, el ministro enfatizó la necesidad de "tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación", concentrándose especialmente en el saneamiento del Banco Central. La actual administración ha logrado reducir "las Lebacs y Leliqs en un 76%", abordando el histórico desequilibrio monetario característico de la economía argentina, donde "siempre emitió muchos más pesos de lo que la gente demandaba".

Sobre el controversial tema del cepo cambiario, Caputo defendió la viabilidad futura de un régimen de flotación libre: "Argentina es un país que puede flotar como cualquier otro en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo". Reiteró las condiciones esenciales previamente enunciadas por Milei: eliminación de pasivos remunerados, finalización de los PUTs y convergencia entre inflación y devaluación en niveles cercanos a cero.

El funcionario aseguró que la implementación de cualquier medida cambiaria "no afectará negativamente a la población" ya que están "fortaleciendo el Banco Central para crear un entorno económico donde la liberación de restricciones no provoque una devaluación abrupta". Sin embargo, evitó establecer plazos concretos para la eliminación del cepo, reconociendo que esto dependerá directamente del resultado de las negociaciones con el FMI.

En materia comercial, el ministro justificó las recientes reducciones arancelarias a importaciones textiles argumentando que se trata de "una industria con márgenes extraordinariamente elevados" donde la solución pasa por "reducir impuestos y promover la competencia". Frente a las advertencias sobre potenciales cierres empresariales, propuso que "los recursos que los consumidores ahorran al no pagar cinco veces más por una prenda se redireccionan hacia otros bienes y servicios", mientras el personal desplazado "será absorbido por sectores tecnológicos".

Caputo también destacó mejoras en indicadores sociales, afirmando que las jubilaciones han aumentado un 9,2% respecto a noviembre de 2023, contrastando con una supuesta caída del 30% durante el gobierno anterior. Adicionalmente, sostuvo que "el salario privado registrado creció 5%" en el mismo período.

La conjunción de estos eventos - el escándalo $LIBRA escalando internacionalmente y las negociaciones con el FMI avanzando hacia su definición - configura un escenario complejo para la administración Milei en el frente económico-financiero. Las próximas semanas resultarán decisivas tanto para determinar las responsabilidades en el caso de la criptomoneda como para establecer los términos definitivos del acuerdo con el organismo multilateral, factores que impactarán significativamente en la gestión económica y la credibilidad internacional del gobierno.