La administración de Javier Milei intensifica los preparativos de seguridad para la manifestación programada este miércoles en el Congreso, tras los violentos incidentes de la semana pasada que dejaron 16 personas hospitalizadas, incluido un fotógrafo en estado grave.

Fuentes oficiales confirmaron a 13News que la estrategia aplicada será "igual de firme, pero más coordinada" que la implementada anteriormente. La cartera de Seguridad, liderada por Patricia Bullrich, ha anticipado que responderá con contundencia ante posibles alteraciones del orden público, buscando corregir las deficiencias observadas durante la última movilización.

"En esta ocasión actuaremos decisivamente para dispersar elementos violentos, asegurar la zona y evitar confrontaciones prolongadas", explicaron desde el Ejecutivo nacional. El objetivo principal será impedir que las fuerzas de seguridad "oscilen entre avances y retrocesos", situación que generó confusión durante los enfrentamientos del miércoles pasado.

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Las autoridades apuntan a una "intervención más efectiva para liberar el área", reduciendo al mínimo los tiempos de enfrentamiento entre efectivos policiales y manifestantes. Esta estrategia busca disminuir los márgenes de error operativo y prevenir incidentes como el que afectó a Pablo Grillo, reportero gráfico gravemente lesionado por un proyectil de gas lacrimógeno.

Las investigaciones en curso intentarán determinar si el oficial responsable cumplió con los protocolos internacionales que establecen que estos dispositivos deben ser disparados en trayectoria ascendente. Material audiovisual difundido por medios locales muestra que el proyectil fue lanzado en línea recta, contraviniendo las normativas establecidas.

Durante el fin de semana, el Gobierno mantuvo vigilancia sobre los movimientos y preparativos de grupos organizados, particularmente barras bravas, que estarían planificando su participación en la manifestación. Diversas hinchadas expresaron públicamente su oposición al presidente Milei y a la ministra Bullrich en varios estadios del fútbol argentino.

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En el encuentro disputado entre All Boys y San Miguel el pasado viernes 14 de marzo, la barra local profirió amenazas explícitas contra el mandatario.

El sábado 15, durante el partido entre Excursionistas y Sportivo Italiano, los aficionados del equipo local desplegaron una pancarta de respaldo a los manifestantes y al fotógrafo herido: "Excursio con los jubilados, fuerza Pablo Grillo". Ese mismo día, en el encuentro Deportivo Morón versus San Telmo, se escucharon cánticos ofensivos dirigidos a la titular de Seguridad.

Situación similar se registró el viernes 14 en las instalaciones de Argentinos Juniors, donde la afición local coreó consignas contra Bullrich durante el partido frente a Aldosivi.

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Como respuesta a estas manifestaciones, el Gobierno ha advertido que "los violentos no ingresarán más a recintos deportivos" y oficializó mediante el Boletín Oficial una lista de 26 individuos que tendrán prohibido el acceso a estadios por tiempo indeterminado, tras haber sido detenidos en la anterior manifestación de jubilados.

Entre los sancionados figuran varias personas con antecedentes penales. La medida afecta a Alejandro Antonio Todaro Kicyla, Stefany Quiteria García Hernández, Narella Agustina Pompeo, Fernando Nicolás Rafart, Sebastián Alberto Madueño, Iván Nicolás Bustamante, Facundo Ezequiel Pitton, Francisco Alberto Medina, Jorge Fernando Alonso, José Daniel Rodríguez, Pablo César Oviedo, Maximiliano Flores, David Nazareno Ferreyra, Rodrigo Francisco Cruz Larrea, Jorge Omar Dieni, Leonardo Martín Quintana, Mariana Indira Galian, Federico Joel Rodríguez Santana Silva, David Exequiel Romero, Juan Carlos Pérez, Patricia Vanesa Gallardo, Víctor Leonardo Maccagnan, Gonzalo Gustavo Correa, Carlos Alberto Aquino, Víctor Hugo Villalba y Luis Ángel García Díaz.

Paralelamente, el sistema judicial avanza en las pesquisas centradas en los organizadores de la protesta del miércoles anterior. El fiscal Franco Picardi ha solicitado al Ministerio de Seguridad toda la documentación que sustente las afirmaciones presentadas en su denuncia, incluyendo el contenido de las llamadas recibidas al canal de denuncias 134, material fotográfico y videográfico que muestre a integrantes de barras desplazándose desde municipios como Lomas de Zamora y La Matanza, así como información que respalde la acusación contra el dirigente Leandro Capriotti como principal coordinador de la movilización.

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La cartera ministerial no tiene plazos establecidos para proporcionar la documentación requerida por la fiscalía.

Los incidentes registrados durante la protesta de jubilados han intensificado el debate público sobre los límites del derecho a la manifestación y los protocolos de actuación policial. Críticos de la administración Milei señalan un endurecimiento de las políticas de control social, mientras que voceros oficiales defienden la necesidad de garantizar el orden público frente a elementos violentos que, según afirman, se infiltran en movilizaciones legítimas.

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente malestar social ante las políticas económicas implementadas por el gobierno libertario, que han afectado especialmente al sector pasivo. Las organizaciones de jubilados denuncian pérdidas significativas en el poder adquisitivo de sus haberes y reclaman actualizaciones que compensen el impacto inflacionario.

La nueva convocatoria para este miércoles representa un desafío tanto para las autoridades como para los manifestantes, en un escenario donde la contención de posibles desbordamientos y la garantía del derecho a la protesta pacífica configuran las principales preocupaciones de todos los actores involucrados.