Melconian advierte sobre el fin del "plan aguantar" mientras Argentina inicia nueva etapa económica

Carlos Melconian señaló que con la reciente eliminación del cepo cambiario y la implementación del sistema de bandas para el dólar, la administración de Javier Milei ha dado por concluido lo que denominó "el plan aguantar", aunque aclaró que este cambio de rumbo "no es ninguna tragedia" para la economía argentina.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el expresidente del Banco Nación analizó el impacto que tendrán las medidas anunciadas el viernes pasado, justo cuando el INDEC informaba que la inflación de marzo había alcanzado el 3,7%, el registro más alto en lo que va del año. Estas medidas incluyen la liberación de restricciones para la compra de divisas y un nuevo esquema de flotación del dólar entre los 1.000 y 1.400 pesos.

"El tema central ahora es el impacto en la inflación, no tanto en el bolsillo de la gente", precisó Melconian, haciendo hincapié en que el superávit fiscal logrado por el gobierno, aunque necesario, no resulta suficiente por sí solo para controlar el alza de precios. Según su análisis, la inflación núcleo se mantiene en torno al 2,5%, un dato relevante para entender la dinámica actual de los precios.

El economista mostró cierta preocupación por la ausencia de "medidas para la economía real", lo que a su juicio podría comprometer la sostenibilidad del programa económico actual si no se complementa con políticas orientadas al crecimiento productivo. En esta línea, enfatizó que "la política monetaria convencional es determinada por la demanda de dinero de la gente", por lo que el éxito dependerá fundamentalmente de la recuperación de la confianza en la moneda local.

Aunque reconoció no estar "contento por este volantazo" en la política económica, Melconian admitió que el cambio "es para bien". Sin embargo, advirtió contra interpretaciones simplistas sobre la liberación del mercado cambiario: "No pongan de título 'se levantó el cepo' como si eso fuera la tierra prometida", señaló, explicando que persisten algunas restricciones importantes como la obligación de los exportadores de vender sus dólares al Banco Central.

También mencionó que "la base monetaria convencional seguía emitiendo", un aspecto que deberá vigilarse cuidadosamente en esta nueva etapa para evitar presiones inflacionarias adicionales. Finalmente, expresó su deseo de que Argentina recupere el acceso a los mercados financieros internacionales: "Ojalá Argentina vuelva a mojar en el mercado", concluyó.

Estas declaraciones llegan en un momento de alta expectativa por la apertura del mercado cambiario este lunes, donde muchos analistas anticipan una devaluación inicial del tipo de cambio oficial de al menos un 15%. Los operadores esperan que el dólar, que actualmente cotiza alrededor de los 1.078 pesos en el segmento mayorista, se acerque a niveles de entre 1.300 y 1.340 pesos, aproximándose a las cotizaciones de los mercados financieros.

El gobierno ha sustentado su decisión de eliminar las restricciones cambiarias en el respaldo financiero obtenido a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, con un primer desembolso inmediato de 12.000 millones. A esto se suman los compromisos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por otros 22.000 millones de dólares en conjunto.

El presidente Milei ha asegurado que para mayo, las reservas brutas del Banco Central alcanzarán aproximadamente 50.000 millones de dólares, un nivel que considera suficiente para "respaldar tranquilamente todos los pesos existentes en nuestra economía". Sin embargo, existe preocupación en el mercado por el potencial impacto inflacionario que podría generar la unificación cambiaria.

La historia económica argentina muestra que procesos similares, como el ocurrido a finales de 2015 durante la administración de Mauricio Macri, suelen venir acompañados de un salto en el nivel general de precios. No obstante, las condiciones actuales difieren considerablemente, principalmente por el fuerte ajuste fiscal implementado durante los primeros meses del gobierno de Milei.

El nuevo esquema cambiario elimina el límite de 200 dólares mensuales para la compra de divisas por parte de personas físicas, así como diversas restricciones que afectaban a beneficiarios de programas sociales, empleados públicos y otras categorías. Paralelamente, se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior, facilitando las importaciones y la operatoria internacional de las empresas.

Esta decisión gubernamental ocurre justo cuando la inflación mostraba signos de aceleración, con un 3,7% en marzo, impulsada principalmente por aumentos en educación (21,6%) y alimentos (5,9%). La inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, también mostró signos de aceleración al ubicarse en 3,2%, confirmando que las presiones de precios no se limitan a sectores específicos.

Para contener posibles presiones sobre el tipo de cambio, el Banco Central ha establecido un sistema de intervención: cuando el dólar toque el piso de 1.000 pesos, la entidad comprará divisas para sostener esa cotización y acumular reservas; mientras que si alcanza el techo de 1.400 pesos, venderá dólares para evitar que la cotización supere ese valor.

La decisión de implementar estas medidas a seis meses de las elecciones legislativas de octubre podría interpretarse como una apuesta estratégica. Al suspender las elecciones primarias (PASO) en febrero, el gobierno ganó tiempo para que cualquier impacto inflacionario derivado de estas medidas pueda diluirse antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

En un contexto internacional complejo, con tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que han llevado a la imposición de aranceles recíprocos históricos, Argentina intenta normalizar variables fundamentales de su economía para recuperar credibilidad y estabilidad. La efectividad de este nuevo enfoque dependerá tanto de la capacidad del gobierno para gestionar las expectativas y contener presiones inflacionarias como del cumplimiento del extenso calendario de reformas estructurales acordado con el FMI.