Apretón monetario, super tasas y freno de la actividad: el escenario hasta las elecciones

La política monetaria argentina atraviesa una encrucijada crítica que amenaza con socavar los objetivos fiscales gubernamentales. Las consultoras especializadas lanzan advertencias contundentes sobre el impacto devastador que las actuales tasas de interés podrían generar en las finanzas públicas, con proyecciones que superan el 6% del Producto Bruto Interno si la situación persiste.

Los cálculos realizados por la consultora 1816 revelan un panorama preocupante para la sostenibilidad fiscal. La deuda del Tesoro en pesos alcanza aproximadamente 230 billones de pesos a valores de mercado. Si la totalidad de este stock se transformara en instrumentos como Lecap o Boncap con tasas mensuales del 4%, la capitalización ascendería a 9,2 billones de pesos por mes. De esta cifra, la mitad correspondería al componente positivo real de la tasa de interés, asumiendo una inflación mensual del 2%.

Esta dinámica se traduciría en un costo fiscal mensual equivalente al 0,5% del PBI, proyectándose anualmente por encima del 6% del producto. Incluso descontando que aproximadamente la mitad de los títulos en pesos permanece en poder del sector público, el costo fiscal mantendría niveles elevados en torno al 3% del PBI, según los análisis especializados.

El mecanismo de encajes bancarios ha alcanzado dimensiones históricas que generan tensiones sistémicas. Actualmente, los depósitos a la vista enfrentan un encaje del 37% en pesos líquidos y un 13% adicional en pesos remunerados mediante letras del Tesoro, totalizando un 50% de los depósitos. Esta configuración ha resultado en que el volumen de encajes supere al circulante, creando una situación inédita en el sistema financiero nacional.

Las modificaciones implementadas por el Banco Central han transformado radicalmente el cálculo de estos requerimientos. Anteriormente, las entidades financieras operaban con promedios mensuales, mientras que actualmente deben cumplir con computaciones diarias. Este cambio ha intensificado las presiones operativas sobre las instituciones bancarias, que expresaron su malestar en reuniones directas con las autoridades monetarias.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, se vio obligado a escuchar las quejas de las principales entidades bancarias durante encuentros esta semana. Los reclamos se centraron en la rigidez del sistema actual y sus efectos distorsivos sobre el mercado. Como consecuencia, las autoridades se comprometieron a introducir flexibilizaciones parciales en el esquema de encajes.

La volatilidad de las tasas ha alcanzado niveles extremos que evidencian las distorsiones del sistema. Los primeros días de la semana, los bancos suspendieron las operaciones de caución al cierre de las ruedas, provocando que las tasas cayeran hasta el 1% nominal anual. Sin embargo, el miércoles la situación se invirtió dramáticamente, con tasas que superaron el 100% anual.

Estas oscilaciones reflejan las intervenciones erráticas del Banco Central, que implementó múltiples mecanismos de forma simultánea. Las autoridades monetarias recurrieron a pases para establecer pisos de tasa, utilizaron la nueva ventanilla de pases activos, intervinieron en el mercado de futuros y participaron activamente en el segmento de Lecap.

El sector real de la economía absorbe directamente estos shocks financieros. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan tasas de adelantos que ocasionalmente superan el 90% anual, comprometiendo severamente su capacidad operativa. Simultáneamente, la brecha entre tasas activas y pasivas se amplía debido a los costos que el actual nivel de encajes impone al sistema financiero.

La consultora Vectorial caracterizó la situación como una política monetaria atrapada en su propio laberinto, generando caos tanto en el sistema financiero como en la economía real. Esta evaluación subraya las contradicciones internas del esquema actual y sus efectos contraproducentes.

El lunes se realizó una licitación de emergencia destinada a reabsorber los pesos que permanecieron en circulación debido al bajo refinanciamiento de la semana anterior. Las modificaciones en los requisitos de encajes prácticamente obligaron a los bancos a participar, adjudicándose 3,8 billones de pesos en la única letra ofrecida. Este instrumento paga tasa TAMAR más 1% y vence el 28 de noviembre.

Los recursos disponibles en la cuenta del Tesoro en el Banco Central suman actualmente 12 billones de pesos para afrontar vencimientos futuros, según datos de Vectorial. Esta cifra resulta insuficiente considerando las necesidades de refinanciación y los costos crecientes del endeudamiento.

Desde Grupo SBS alertan que la dinámica actual de tasas, aunque pueda reducir presiones sobre inflación y tipo de cambio, resulta sumamente dañina para la actividad económica a mediano plazo. El efecto negativo sobre la actividad, ya observable durante el segundo trimestre cuando las tasas reales eran menores, podría trasladarse al ámbito fiscal presionando la recaudación.

El costo financiero implícito, de mantenerse estos niveles de tasa real, presionará eventualmente sobre el superávit primario necesario para la sostenibilidad. Aunque actualmente el costo en intereses implícitos puede ser relativamente bajo al tratarse de instrumentos de baja duración, reducir el costo financiero se torna imperativo para evitar deterioro en la actividad económica.

Las consultoras anticipan que este nivel de tasas, de prolongarse, pondría en riesgo indudablemente los logros fiscales del Gobierno. La tensión entre objetivos de estabilización monetaria y sostenibilidad fiscal se intensifica, creando un dilema de política económica que requiere resolución urgente.

La situación actual plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del esquema monetario implementado. La presión del sector bancario, combinada con las advertencias sobre costos fiscales y el impacto en la actividad real, configura un escenario que demanda ajustes significativos en la arquitectura de política monetaria para preservar tanto la estabilidad financiera como los objetivos macroeconómicos gubernamentales.