Una compleja red de presunta corrupción en el sector de la salud pública quedó al descubierto tras una serie de operativos policiales que sacudieron la capital argentina durante las últimas horas. La investigación judicial, que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y una reconocida droguería del país, ha puesto en el centro de la escena un escándalo que llega hasta las más altas esferas del poder ejecutivo nacional.

La operación nocturna desplegada por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía porteña abarcó un total de 14 domicilios y sedes empresariales. Los procedimientos, ordenados por el magistrado federal Sebastián Casanello tras el requerimiento del fiscal Franco Picardi, tuvieron como objetivo principal la recolección de evidencias en una causa que investiga maniobras fraudulentas en la adquisición de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

El epicentro del escándalo se encuentra en las declaraciones grabadas de Diego Spagnuolo, quien hasta hace poco tiempo ocupó la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad. Las grabaciones, que se hicieron públicas a través del programa Data Clave transmitido por la plataforma de streaming Carnaval, exponen un sistema organizado de extorsión que involucra a la empresa farmacéutica Suizo Argentina y funcionarios gubernamentales de alto rango.

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Durante los allanamientos realizados en las instalaciones de la agencia estatal, los investigadores confiscaron equipos informáticos y documentación relacionada con procesos licitatorios y compras de productos farmacéuticos. El material secuestrado será sometido a peritajes técnicos que podrían revelar el alcance real de las irregularidades denunciadas en las grabaciones filtradas.

Uno de los momentos más significativos de la operación policial tuvo lugar en el exclusivo barrio de Nordelta, donde reside Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería investigada. En el momento del procedimiento, las fuerzas de seguridad encontraron al empresario en el interior de su vehículo portando múltiples sobres que contenían una suma cercana a los 200,000 dólares estadounidenses, acompañados de anotaciones manuscritas. Tanto el dinero como su teléfono móvil fueron incautados como evidencia.

Las grabaciones divulgadas revelan un mecanismo sofisticado de presión sobre proveedores farmacéuticos. Según los testimonios de Spagnuolo, representantes de la droguería contactaban telefónicamente a los distribuidores para informarles sobre incrementos obligatorios en sus comisiones, pasando del 5 al 8 por ciento, con la promesa de gestionar directamente la documentación ante organismos presidenciales.

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La investigación también alcanzó los domicilios registrados a nombre del ex funcionario Spagnuolo, aunque los operativos no lograron localizar su dispositivo móvil, considerado una pieza clave para el esclarecimiento de los hechos. Similar situación se presentó en las propiedades de Daniel Garbellini, quien anteriormente se desempeñó como director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud dentro de la misma agencia gubernamental.

El abogado Gregorio Dalbón presentó formalmente la denuncia que dio origen a esta investigación judicial, solicitando que se analicen posibles violaciones a múltiples normativas legales. Entre los delitos tipificados se encuentran cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, infracciones a la ley de ética pública y la eventual conformación de una asociación ilícita.

Las grabaciones también exponen conexiones políticas de alto nivel que involucran a los hermanos Menem. Eduardo, conocido como "Lule" Menem, quien se desempeña como asesor en la Secretaría General de la Presidencia, y Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, mantienen vínculos empresariales con la droguería bajo investigación.

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La relación personal entre Spagnuolo y el presidente Javier Milei añade una dimensión política significativa al caso. El ex titular de la agencia había actuado como abogado del mandatario antes de su llegada al poder ejecutivo y figuraba entre los visitantes más frecuentes de la residencia presidencial de Olivos. En las grabaciones, Spagnuolo relata haber mantenido una conversación directa con el presidente para informarle sobre las irregularidades detectadas en su organismo.

El registro de esa conversación revela la consulta específica que Spagnuolo habría planteado al mandatario sobre la situación de corrupción interna y las presiones externas para participar en el esquema fraudulento. Esta revelación plantea interrogantes sobre el conocimiento que las autoridades superiores tenían respecto a las maniobras denunciadas y las medidas adoptadas en consecuencia.

La respuesta gubernamental se limitó a la remoción de Spagnuolo de su cargo, sin emitir declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la veracidad de las grabaciones divulgadas. Esta omisión ha generado especulaciones sobre el alcance real del escándalo y la posible implicación de otros funcionarios en la trama investigada.

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Los procedimientos judiciales continuarán desarrollándose bajo estricto secreto de sumario, según dispuso el magistrado Casanello. Se anticipan nuevas diligencias investigativas que podrían ampliar el espectro de personas y organizaciones involucradas en este complejo entramado de corrupción que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema de contrataciones públicas en el sector sanitario.

La causa judicial promete revelar nuevos elementos que podrían redefinir la comprensión pública sobre los mecanismos de corrupción en organismos estatales dedicados a la atención de poblaciones vulnerables, particularmente en el área de discapacidad, donde los recursos públicos destinados a medicamentos y tratamientos especializados se convertirían en objeto de maniobras fraudulentas que afectan directamente a quienes más necesitan de la asistencia estatal.