Milei enfrenta votaciones críticas en el Congreso: Universidades, Garraham y Limitaciones a DNU

El escenario parlamentario representa uno de los frentes más complejos para la administración presidencial en las jornadas previas a los comicios legislativos de octubre. Este jueves la Cámara Alta del Congreso evaluará la validez de dos decisiones ejecutivas que el presidente Javier Milei objetó mediante vetos: la normativa sobre financiamiento universitario y la declaración de emergencia para el hospital pediátrico Garrahan. Los intentos del oficialismo por asegurar respaldo suficiente enfrentan obstáculos significativos, al punto que voceros gubernamentales reconocen privadamente la dificultad de la coyuntura.

Un funcionario libertario familiarizado con las tratativas parlamentarias expresó que históricamente existe escaso optimismo cuando las votaciones transcurren en el Senado, caracterizado por dinámicas políticas distintas a las de la Cámara de Diputados. Esta percepción no carece de fundamentos empíricos: hace 2 semanas la Cámara Baja ya había rechazado ambos vetos presidenciales, estableciendo un precedente desfavorable para los intereses del Ejecutivo. La arquitectura bicameral argentina establece que para anular definitivamente un veto presidencial, ambas cámaras deben pronunciarse en el mismo sentido, circunstancia que ahora amenaza materializarse.

El antecedente más reciente de este tipo de reveses institucionales ocurrió con la normativa sobre emergencia en discapacidad. A pesar de la voluntad presidencial de impedir su vigencia mediante veto, tanto Diputados como Senadores votaron favorablemente al mantenimiento de la medida legislativa, obligando al Poder Ejecutivo a promulgarla contra su criterio inicial. Esta experiencia permanece fresca en la memoria política de la Casa Rosada, alimentando preocupaciones sobre la posibilidad de repetición del escenario.

La estrategia del oficialismo para evitar nuevos traspiés se centra en dos iniciativas cuyo eventual rechazo considera incompatibles con el equilibrio presupuestario que proclama como prioridad inamovible. Esta argumentación fiscal constituye el núcleo de las conversaciones que La Libertad Avanza mantiene con gobernadores provinciales y con las bancadas que tradicionalmente operan como aliadas en el arco parlamentario, específicamente el Propuesta Republicana y la Unión Cívica Radical. Sin embargo, las negociaciones avanzan con dificultades evidentes, según reconoció otro integrante gubernamental encargado de las articulaciones políticas con sectores dispuestos al diálogo.

Las preocupaciones del Gobierno trascienden la mera contabilidad de derrotas legislativas. Existe una dimensión internacional vinculada a estas gestiones parlamentarias: la administración estadounidense habría transmitido expectativas respecto al mantenimiento de vínculos constructivos con sectores aliados y la preservación de gobernabilidad congresional. Este condicionamiento externo agrega presión sobre un oficialismo que debe simultáneamente gestionar relaciones domésticas tensas mientras proyecta estabilidad institucional hacia observadores internacionales.

No obstante, múltiples actores políticos provinciales y legisladores han manifestado preferencia por posponer cualquier normalización del diálogo institucional hasta después de los comicios programados para el 26 de octubre. La lógica electoral impone sus propias reglas, y varios interlocutores habituales del Gobierno advierten que las dinámicas de campaña generan incentivos distintos a los que operarán en el período poselectoral. Esta dilación complica los cálculos oficialistas sobre las mayorías alcanzables en votaciones inmediatas.

La tensión entre el oficialismo y potenciales aliados parlamentarios no emerge exclusivamente de divergencias programáticas. Existe un componente de resentimiento político vinculado a decisiones estratégicas de La Libertad Avanza durante el proceso electoral. En diversas jurisdicciones provinciales, el partido presidencial optó por presentar candidaturas bajo identificación partidaria propia, compitiendo directamente contra fuerzas que históricamente habían proporcionado respaldo legislativo al Ejecutivo. Personas cercanas a gobernadores que mantenían relaciones fluidas con Milei expresaron frustración por esta táctica: después de brindar apoyo sistemático en ambas cámaras legislativas, el oficialismo llegó a sus territorios buscando disputarles espacios electorales bajo la marca violeta.

Este jueves no representa la única fecha crítica en el calendario parlamentario inmediato. La Cámara de Diputados tiene pendiente el tratamiento de una iniciativa que establecería limitaciones más estrictas a la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia, instrumento que la actual administración ha utilizado extensamente para implementar políticas sin tramitación legislativa ordinaria. Este proyecto genera divisiones internas dentro del propio Ejecutivo respecto a la estrategia apropiada de respuesta.

Un sector de funcionarios presidenciales considera prioritario impedir que la propuesta alcance estado parlamentario en la Cámara Baja, apostando a estrategias procedimentales que eviten su tratamiento. Otra facción gubernamental adopta una perspectiva más pragmática o resignada: asumen que el proyecto logrará sanción completa en ambas cámaras, por lo cual resulta más productivo concentrar esfuerzos desde ahora en construir el tercio de los votos legislativos necesario para sostener un futuro veto presidencial. Esta diferencia de enfoques revela tensiones sobre evaluaciones de poder real en el Congreso y sobre la conveniencia de batallas legislativas frontales versus negociaciones graduales.

La confluencia de estos factores configura un panorama parlamentario particularmente desafiante para un gobierno que ya enfrenta presiones en múltiples dimensiones: económicas, sociales y ahora también institucionales. La proximidad de los comicios legislativos modifica sustancialmente los cálculos políticos de todos los actores involucrados, introduciendo consideraciones electorales que frecuentemente resultan incompatibles con acuerdos programáticos de mediano plazo.

La votación del jueves sobre los vetos presidenciales funcionará como termómetro de la capacidad real del oficialismo para articular mayorías en el Senado, cámara tradicionalmente más compleja para construir consensos dada su composición federalista y la representación equitativa de provincias con poblaciones e intereses económicos heterogéneos. Un resultado adverso no solamente constituiría un revés simbólico para la autoridad presidencial, sino que establecería precedentes sobre los límites efectivos del poder de veto en el actual balance de fuerzas institucionales.

Las semanas restantes hasta el 26 de octubre determinarán si el Gobierno logra recomponer canales de diálogo efectivos con sectores que considera aliados naturales pero que han expresado distanciamiento por razones tácticas o estratégicas. La paradoja reside en que necesita ese respaldo precisamente en el momento en que las lógicas electorales incentivan el distanciamiento y la diferenciación. Resolver esta ecuación política requiere habilidades de negociación que hasta ahora no han caracterizado predominantemente a una administración más proclive a confrontaciones discursivas que a construcciones parlamentarias graduales.