Milei convoca extraordinarias: reformas laborales, nuevo Código Penal y blanqueo de dólares del colchón en agenda legislativa de verano

Consejo de Mayo entregará paquete de reformas estructurales el 15 de diciembre
El organismo técnico creado por el Presidente completará su labor con la presentación de tres iniciativas fundamentales: modificaciones al sistema de trabajo, transformación educativa y reestructuración tributaria. La fecha elegida coincide estratégicamente con la renovación legislativa que fortalecerá la presencia de La Libertad Avanza en ambas cámaras.

Este miércoles se realizará el encuentro final del Consejo en Casa Rosada, programado desde las 11:30 horas. Durante esa reunión, los integrantes analizarán borradores preliminares y ajustarán detalles finales antes de las negociaciones con actores sectoriales involucrados.

Respecto a la normativa laboral, el Poder Ejecutivo prioriza consensuar puntos centrales con la Confederación General del Trabajo. Esta estrategia busca evitar conflictividad con la organización sindical, que recientemente renovó su conducción y mantiene vínculos cordiales con el oficialismo.

Funcionarios gubernamentales expresaron malestar por filtraciones prematuras de propuestas bajo análisis. Aclararon que contenidos circulantes no forman parte de textos definitivos, subrayando que las negociaciones continúan abiertas.

Modernización de criterios laborales: jornadas, indemnizaciones y servicios esenciales
Los ejes principales de transformación laboral abarcan actualización de registración, organización horaria, períodos vacacionales, beneficios sociales, licencias médicas e indemnizaciones. También se regulará con mayor precisión qué actividades económicas deben considerarse esenciales, limitando potenciales medidas de fuerza en sectores críticos.

Estas modificaciones apuntan a flexibilizar esquemas considerados obsoletos, adaptándolos a realidades productivas contemporáneas. Sin embargo, la negociación sindical determinará hasta dónde puede avanzar el Gobierno sin generar resistencias que compliquen la aprobación parlamentaria.

Revolución educativa: autonomía curricular y enseñanza híbrida para familias
La propuesta educacional contempla otorgar a establecimientos escolares libertad para diseñar planes de estudio propios. Esta autonomía institucional representaría un cambio radical frente al actual sistema centralizado de contenidos obligatorios nacionales.

Simultáneamente, las familias podrían optar entre educación presencial tradicional, instrucción domiciliaria o modalidades combinadas. Esta flexibilización responde a demandas crecientes de personalización educativa, aunque generará desafíos de control de calidad y equidad.

Otro componente central es declarar la educación básica como servicio esencial. Esta medida, impulsada insistentemente desde el inicio de gestión, limitaría facultades de paros docentes para garantizar continuidad del servicio educativo. Los gremios del sector anticipan fuerte oposición a esta disposición.

Endurecimiento penal: 540 artículos para reemplazar normativa centenaria
Entre los proyectos completados figura el nuevo Código Penal, elaborado meses atrás por especialistas pero nunca debatido legislativamente. El texto, al cual accedieron medios periodísticos, propone aumentar severidad punitiva contra corrupción, manifestantes que cortan calles y violencia en eventos deportivos.

Paralelamente, incorpora protecciones específicas para fuerzas policiales durante intervenciones y crea nuevas figuras delictivas, incluyendo crímenes contra el orden internacional. La normativa actual data de 1921 y pasaría de 316 a 540 artículos, incorporando aproximadamente mil leyes especiales dispersas.

Este ambicioso reemplazo legal generará intensos debates parlamentarios. Sectores de oposición anticipan cuestionamientos sobre equilibrio entre seguridad ciudadana y garantías constitucionales, especialmente respecto a protestas sociales y actuación policial.

Presupuesto 2026: incrementos reales en jubilaciones, salud y educación
El proyecto presupuestario fue presentado mediante cadena nacional el 15 de septiembre pasado. Actualmente, el Ministerio de Economía evalúa modificaciones ante reclamos provinciales por mayor transferencia de recursos.

La versión original contempla aumentos superiores a inflación proyectada: 5% para jubilaciones, 17% en salud, 8% para educación y 5% en pensiones por discapacidad. Adicionalmente, universidades nacionales recibirían 4,8 billones de pesos adicionales.

Las autoridades manifiestan apertura negociadora con condición innegociable: preservar equilibrio fiscal. La norma incluye artículos prohibiendo financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria del Banco Central, blindaje considerado fundamental para mantener estabilidad macroeconómica conquistada.

"Hemos realizado enormes esfuerzos para salir del pozo inicial. Si abandonamos el proceso transformador, habremos desperdiciado todo el sacrificio realizado", expresó el Mandatario al presentar el documento presupuestario.

Ley de Inocencia Fiscal: incentivos para regularizar divisas informales
Esta iniciativa, nunca debatida previamente, reduce el plazo prescriptorio por evasión tributaria a tres años y limita facultades de ARCA para iniciar denuncias penales. Simultáneamente, incrementa multas por incumplimientos detectados.

El objetivo central es fomentar utilización de dólares adquiridos informalmente durante restricciones cambiarias. Ese dinero podría emplearse en transacciones cotidianas hasta adquisiciones inmobiliarias sin consecuencias penales.

"Modificaremos umbrales persecutorios por evasión. Históricamente, investigaciones comenzaban con diferencias de $1,5 millones. Ahora estos límites aumentarán significativamente", señaló el titular de ARCA, Juan Pazo.

El funcionario agregó que una segunda etapa blindará el régimen simplificado de Ganancias. "Si alguien compra cinco departamentos en un ejercicio, ARCA cobrará Ganancias exclusivamente sobre ingresos facturados menos consumos deducibles. Garantizamos que administraciones futuras no podrán perseguirlos", aseguró.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: definiciones pendientes sobre tratamiento legislativo
Resta confirmarse si el tratado alcanzado con Washington integrará finalmente el temario extraordinario. El bloque oficialista no había recibido instrucciones precisas hasta el momento, existiendo confusión sobre qué componentes requieren aprobación parlamentaria.

Entre compromisos asumidos figuran mejoras en controles antipiratería incluyendo ámbito digital, modernización de propiedad intelectual según estándares internacionales, prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzado y reconocimiento estadounidense como jurisdicción adecuada para transferencias transfronterizas de datos personales.

Estos últimos puntos necesitarían sanción legislativa, aunque persiste indefinición técnico-jurídica sobre alcances específicos requeridos. La decisión final dependerá de consultas entre equipos legales gubernamentales y asesores parlamentarios durante próximos días.