La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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El Gobierno argentino ha logrado un importante avance en su agenda legislativa al obtener un dictamen unificado en la Cámara de Diputados para la Ley Bases. Sin embargo, este logro viene acompañado de concesiones significativas, particularmente en lo que respecta a la privatización de empresas estatales emblemáticas.
El oficialismo, junto con la oposición dialoguista (PRO, HCF, UCR, Innovación Federal y Coalición Cívica), llegó a un acuerdo en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales. El dictamen, que recibió 66 firmas, simplemente ratifica todas las modificaciones realizadas al texto en el Senado, simplificando así la negociación política y agilizando el trámite parlamentario.
Una de las concesiones más notables fue el retiro de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas privatizables. Esta decisión se tomó tras la negativa de los bloques dialoguistas, particularmente Hacemos Coalición Federal, de insistir con la redacción original. El argumento principal fue evitar una posible judicialización del proceso, dado que estas empresas fueron retiradas del texto antes de la aprobación general en el Senado.
El dictamen sí contempla la privatización de otras empresas estatales, incluyendo Energía Argentina S.A., Intercargo SAU, y la privatización o concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
Otro punto controversial fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El Senado modificó este apartado, limitándolo a sectores específicos como foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Además, se estableció un compromiso mínimo del 20% de la inversión total para proveedores locales, siempre que la oferta esté disponible en condiciones de mercado.
En cuanto a la reforma laboral, el Senado redujo de 5 a 3 la cantidad de trabajadores colaboradores que podrá tener un trabajador independiente en un emprendimiento productivo, manteniendo la relación como autónoma y sin vínculo de dependencia.
Un punto destacado es la inclusión de medidas anti bloqueos sindicales. Se podrá terminar una relación laboral por "grave injuria laboral" si hay participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos. También se considera injuria grave cuando durante una medida de fuerza se afecte la libertad de trabajo de los no adherentes, se impida el ingreso o egreso de personas o cosas, o se causen daños a la propiedad.
La moratoria previsional, otro tema controvertido, quedó fuera del texto final. Esto incluye la eliminación de la moratoria existente y la no inclusión de la Prestación de Retiro Proporcional propuesta por el radicalismo para personas que llegan a la edad jubilatoria sin los años de aportes requeridos.
En cuanto a la reforma del Estado, se mantuvieron las limitaciones a las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos, incluyendo la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Además, se garantizó el financiamiento para la continuidad de las funciones de organismos relacionados con ciencia, tecnología e innovación.
El dictamen también aborda los contratos y acuerdos transaccionales, estableciendo que no se podrán suspender o rescindir contratos de obra pública que estén ejecutados en un 80% o que cuenten con financiamiento internacional.
Este dictamen representa un delicado equilibrio entre las ambiciones reformistas del gobierno y las concesiones necesarias para obtener el apoyo de la oposición dialoguista. Aunque el oficialismo ha logrado avanzar con gran parte de su agenda, ha tenido que ceder en puntos clave como la privatización de empresas emblemáticas.
La Ley Bases se debatirá en el recinto de la Cámara de Diputados el jueves a las 12, donde se espera un intenso debate. Aún quedan dudas sobre temas como Ganancias y Bienes Personales, que podrían generar discusiones adicionales.
Este proceso legislativo refleja la complejidad del panorama político argentino y la necesidad del gobierno de negociar y hacer concesiones para avanzar con su agenda de reformas. El resultado final de esta ley tendrá un impacto significativo en la dirección económica y política del país en los próximos años.
