La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina se encuentra en un momento crucial, enfrentando múltiples desafíos en su relación con el gobierno de Javier Milei. La central obrera está dividida internamente sobre cómo abordar temas candentes como la reinstalación del Impuesto a las Ganancias, la caída del empleo y las reformas laborales propuestas por el ejecutivo.

El sector moyanista-kirchnerista de la CGT ha tomado la iniciativa al anunciar que llevará a la justicia la cuestión del Impuesto a las Ganancias, argumentando su inconstitucionalidad. Pablo Moyano, líder de Camioneros, calificó el impuesto como "regresivo" y afirmó que los trabajadores pierden hasta un 30% de sus salarios por esta medida. Este grupo planea no solo presentar una denuncia judicial, sino también organizar una marcha a Tribunales para presionar a los jueces.

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Por otro lado, el ala más dialoguista de la CGT prefiere esperar a que la central obrera defina una estrategia conjunta. La mesa chica de la CGT se reunirá el próximo miércoles en la sede de UPCN para discutir estos temas y definir el rumbo a seguir en su relación con el gobierno.

Uno de los puntos más controvertidos es la modernización laboral propuesta por el gobierno, que incluye la creación de la figura del trabajador independiente y la penalización de los bloqueos sindicales. La CGT considera que estas medidas "atentan contra los derechos laborales".

La crisis de las obras sociales es otro tema que genera fricción entre el sindicalismo y el gobierno. Los dirigentes gremiales se quejan de la falta de interlocutores válidos en el gobierno para abordar los problemas financieros del sistema de salud sindical.

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En cuanto a la estrategia judicial contra la restitución del Impuesto a las Ganancias, parece que las denuncias serán impulsadas desde los sindicatos individuales y no desde la CGT como institución. Esto podría interpretarse como un gesto de buena voluntad hacia el gobierno por parte de la central obrera.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca negociar con los sindicalistas la redacción del decreto reglamentario de la modernización laboral para evitar una oleada de impugnaciones judiciales. Esta podría ser una oportunidad para que el gobierno y la CGT se sienten a dialogar.

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A pesar de las invitaciones del gobierno, la CGT ha dejado claro que no participará en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán. Esta decisión refleja la tensión existente entre el sindicalismo y la administración de Milei.

La situación actual plantea un delicado equilibrio para la CGT. Por un lado, el ala dialoguista busca mantener canales de comunicación con el gobierno para mitigar el impacto del ajuste económico y proteger los intereses sindicales. Por otro, el sector más duro presiona para intensificar las medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un paro de 36 horas con movilización.

En conclusión, la CGT se encuentra en una encrucijada, navegando entre la necesidad de defender los derechos de los trabajadores y la conveniencia de mantener un diálogo constructivo con el gobierno. Las decisiones que tome la central obrera en las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de las relaciones laborales en Argentina y podrían tener un impacto significativo en la paz social del país.