Argentina enfrenta una crisis social sin precedentes que afecta directamente a su población más vulnerable: los niños y adolescentes. Un reciente estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) ha arrojado cifras alarmantes que ponen de manifiesto la grave situación que atraviesa nuestro país. Según el informe, el 62,9% de los niños y adolescentes argentinos viven en situación de pobreza, mientras que el 16,2% se encuentra en la indigencia, marcando así los niveles más altos desde 2010.

La magnitud del problema

Para dimensionar la gravedad de estas cifras, es necesario ponerlas en contexto. Tomando como referencia los datos del último censo oficial realizado en 2022, se estima que hay 7.685.436 niños y adolescentes (de 0 a 17 años) viviendo en situación de pobreza en Argentina. Dentro de este grupo, 1.979.397 se encuentran en condiciones de indigencia, lo que significa que no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades alimentarias básicas.

Es importante destacar que el estudio de la UCA, titulado "Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023", utiliza una metodología de medición multidimensional de la pobreza. Este enfoque va más allá de los ingresos monetarios y evalúa cinco aspectos fundamentales del desarrollo infantil y adolescente, proporcionando así una visión más completa y profunda de la realidad que enfrentan los jóvenes argentinos.

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Un problema estructural y persistente

El informe de la UCA revela que desde 2011 hasta 2023, se ha observado un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total. Este incremento ha sido más pronunciado en la pobreza general que en la indigencia, lo que sugiere que, si bien los esfuerzos de los hogares y las políticas públicas han logrado mitigar en cierta medida los casos más extremos, persisten desafíos estructurales en la economía argentina que continúan ejerciendo un fuerte impacto en las oportunidades de los hogares y sus miembros más jóvenes.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo y regresivo en múltiples dimensiones como salud, educación, crianza y socialización. Aunque en 2023 se observa un retorno a situaciones previas a la pandemia en algunos aspectos, estas mejoras relativas se dan en el marco de persistentes desigualdades sociales que están lejos de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos básicos de la infancia y la adolescencia.

La pobreza multidimensional: más allá de los ingresos

El índice de pobreza multidimensional desarrollado por la UCA establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo, considerando seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación. Los resultados son igualmente preocupantes: el 56,3% de los niños y adolescentes fue considerado pobre multidimensional en 2023 según el umbral total, lo que significa que más de la mitad de esta población sufre al menos una privación en los derechos mencionados.

Aún más alarmante es que el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, una proporción similar a la de indigencia monetaria infantil (16,2%). Aunque estos números representan una mejora respecto al inicio del período analizado en 2010, principalmente debido a avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda, así como en materia de escolarización, siguen siendo cifras inaceptablemente altas para un país con los recursos y el potencial de Argentina.

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El derecho a la alimentación: una deuda pendiente

Uno de los aspectos más críticos revelados por el estudio es que el 32,2% de los niños y adolescentes en la Argentina urbana sufren inseguridad alimentaria. Esto significa que no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados debido a limitaciones económicas. La situación es aún más grave entre los niños y adolescentes pobres, donde casi 1 de cada 2 experimenta esta carencia, mientras que entre los no pobres, la incidencia no alcanza el 10%.

La evolución de este indicador muestra un empeoramiento significativo a partir de 2018, cuando la inseguridad alimentaria dio un salto importante, alcanzando a un tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

Más preocupante aún es que el 13,9% de los niños y adolescentes sufren inseguridad alimentaria en términos severos, lo que significa que han experimentado hambre por problemas económicos. Estas cifras ponen de manifiesto la urgente necesidad de políticas públicas efectivas para garantizar el derecho básico a la alimentación de la población más joven del país.

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Salud: un sistema en crisis

El estudio también revela graves deficiencias en el acceso a la salud. El 55,8% de la población de niños y adolescentes no cuenta con obra social, mutual ni prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica. Esta situación afecta de manera desproporcionada a los estratos sociales más bajos, con un 90% de los niños sin cobertura perteneciendo al estrato social más bajo.

Aunque se han observado mejoras en algunos indicadores, como la reducción de casi un 50% en la proporción de niños y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) o consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y 17 años en comparación con 2020, estas cifras siguen siendo considerables y reflejan las dificultades persistentes en el acceso a la atención médica.

Hábitat: vivir en la precariedad

El derecho a un hábitat digno sigue siendo una asignatura pendiente en Argentina. El 39,5% de los niños y adolescentes padece déficit de saneamiento, careciendo de acceso a agua corriente, red de cloacas o inodoro con descarga. Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable desde 2018, lo que indica la falta de progreso en la mejora de las condiciones básicas de vida.

Además, el 49,4% de los niños y adolescentes vive en entornos con problemas ambientales, como la presencia cercana de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura o plagas. Este indicador ha empeorado en los últimos años, retrocediendo a valores cercanos a los de 2010.

Las condiciones de vivienda también son precarias para un porcentaje significativo de la población infantil y adolescente. El 18,7% vive en viviendas con condiciones deficientes de construcción, y un porcentaje similar sufre hacinamiento.

Educación: avances y desafíos persistentes

En el ámbito educativo, se observan algunos avances, pero también desafíos persistentes. Aunque la asistencia a establecimientos de educación inicial ha mejorado desde 2010, aún el 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados. Esta tendencia positiva en la asistencia a centros educativos en los más pequeños es común a todos los estratos sociales, lo que sugiere un esfuerzo generalizado por mejorar la cobertura educativa temprana.

Sin embargo, las desigualdades persisten en otros niveles educativos. El 82,6% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal, y aunque no parecen existir diferencias importantes en la cobertura entre la educación primaria y la secundaria, sí se observan divergencias entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor.

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Un llamado a la acción

Las cifras reveladas por el estudio de la UCA son un llamado de atención urgente para la sociedad argentina y sus líderes políticos. La situación de pobreza y privación de derechos básicos que enfrentan los niños y adolescentes del país no solo representa una crisis humanitaria actual, sino que también hipoteca el futuro de la nación.

Es imperativo que se implementen políticas públicas integrales y efectivas que aborden las múltiples dimensiones de la pobreza infantil. Estas políticas deben ir más allá de las medidas asistenciales de corto plazo y apuntar a transformaciones estructurales que mejoren las condiciones de vida de las familias, garanticen el acceso a servicios básicos de calidad y promuevan oportunidades de desarrollo para todos los niños y adolescentes, independientemente de su origen socioeconómico.

La reversión de esta crisis requiere un esfuerzo coordinado y sostenido de todos los sectores de la sociedad. El Estado, en sus diferentes niveles, debe asumir un rol protagónico en la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. Pero también es necesario el compromiso del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general para construir un futuro más equitativo y próspero para las nuevas generaciones de argentinos.

La crisis de la pobreza infantil en Argentina no es solo un desafío económico o social; es una prueba ética para toda la sociedad. El futuro del país depende de la capacidad de responder a este desafío con urgencia, compromiso y visión de largo plazo. Solo así se podrá romper el ciclo de la pobreza y garantizar que cada niño y adolescente argentino tenga la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial y contribuir a la construcción de una nación más justa y próspera.