El gobierno de Javier Milei está a punto de dar un paso decisivo en su agenda de desregulación económica, con un paquete de medidas que promete sacudir el sistema aduanero argentino. Esta semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializará dos resoluciones que eliminarán mecanismos clave de control sobre importaciones y exportaciones, generando preocupación en diversos sectores de la industria nacional.

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La primera medida derogará las normas que permitían a las cámaras empresariales participar como veedores en la fiscalización de importaciones que ingresaban al "canal rojo" de la Aduana. Federico Sturzenegger, arquitecto de estas reformas, justifica la decisión argumentando que se trata de eliminar privilegios de "sectores protegidos", a los que califica como "la casta en su representación máxima".

La segunda resolución eliminará todos los valores de referencia para los productos de exportación, afectando principalmente a sectores como la minería y la pesca. Según Sturzenegger, esta medida podría equivaler a una mejora del tipo de cambio exportador del 1% para los sectores beneficiados.

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Estas decisiones se suman a la reciente eliminación del sistema de control de importaciones a través del valor criterio y del estampillado, medidas que el gobierno justifica como necesarias para reducir sobrecostos y mejorar la competitividad.

Sin embargo, la industria nacional, ya golpeada por la recesión y el ajuste económico, ve estas medidas con gran preocupación. Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro-Tejer, advierte que estas decisiones "van en el sentido contrario de preservar condiciones leales de competencia" y podrían facilitar la evasión fiscal y maniobras de sobre y subfacturación en el comercio exterior.

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El ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, coincide en que estas medidas debilitan los controles estatales y benefician principalmente a "los estudios de abogados", en detrimento de las pymes argentinas y los trabajadores.

La desregulación aduanera se enmarca en un plan más amplio del gobierno para aumentar la competencia de productos importados con la producción local. Pablo Lavigne, secretario de Comercio, había anticipado que "vamos a ver en las góndolas cada vez más productos de afuera", una declaración que refleja la dirección de la política comercial del gobierno de Milei.

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Estas medidas se implementan en un contexto de profunda crisis industrial. En los primeros ocho meses del año, la actividad manufacturera acumula una caída del 13,6%. Aunque muchos coinciden en la necesidad de una economía más abierta, diversos sectores advierten que estas medidas, en el contexto actual, podrían asestar un golpe fatal a la ya debilitada industria nacional.

El debate se centra ahora en el equilibrio entre la apertura económica y la protección de la industria local. Mientras el gobierno argumenta que estas medidas reducirán costos y mejorarán la competitividad, los sectores industriales reclaman políticas que protejan la "lealtad comercial" y una reforma tributaria que alivie la carga fiscal sobre la producción.

La implementación de estas medidas marcará un punto de inflexión en la política económica argentina. Su éxito o fracaso no solo impactará en el sector industrial, sino que también podría definir el rumbo económico del país en los próximos años. Con una industria en crisis y un gobierno decidido a avanzar con su agenda de desregulación, el escenario económico argentino se prepara para entrar en una nueva y controvertida fase.