El presidente Javier Milei, en un intento de apaciguar el conflicto desatado con la comunidad universitaria pública, ha sido categórico afirmando que "la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca". Esta declaración llega en medio de una ola de protestas y tomas de facultades en todo el país, desencadenadas por sus comentarios previos que sugerían que solo los hijos de familias ricas accedían a la educación universitaria pública.

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En una entrevista con LN+, Milei buscó aclarar su posición: "Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van". Esta matización refleja un intento de equilibrar su visión económica liberal con la realidad política y social del país.

Sin embargo, el presidente mantuvo su postura crítica sobre la gestión de los fondos universitarios. Insistió en la necesidad de auditar los recursos que reciben las universidades públicas, sugiriendo que existe un uso político indebido de estos fondos. "El que no quiere ser auditado es un chorro. ¿Por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse, para financiar la mugre de la política", afirmó Milei, manteniendo su tono confrontativo característico.

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Esta posición del gobierno se enfrenta a una realidad universitaria compleja. Según datos oficiales, casi la mitad de los estudiantes en universidades públicas está por debajo de la línea de pobreza, contradiciendo la afirmación inicial de Milei sobre el perfil socioeconómico de los estudiantes. Además, en 41 de las 56 universidades nacionales, más de la mitad de los nuevos estudiantes son la primera generación de universitarios en sus familias, desafiando la idea de que la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social.

La reacción de la comunidad universitaria ha sido contundente. Luca Bonfante, titular del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, afirmó que aproximadamente un centenar de universidades públicas están tomadas o en proceso de desplegar medidas de protesta. Estas acciones incluyen asambleas y clases públicas, buscando visibilizar las demandas del sector educativo.

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El conflicto se extiende más allá de las aulas universitarias. Docentes del prestigioso Colegio Nacional Buenos Aires han iniciado un paro de 96 horas, evidenciando que la preocupación por los salarios y el financiamiento abarca todos los niveles de la educación pública.

La postura de Milei sobre el veto a la ley de financiamiento universitario sigue siendo un punto de fricción. Aunque se mostró abierto a que la oposición impulse una nueva ley que especifique el origen del financiamiento, mantuvo su posición de que cualquier aumento debe enmarcarse dentro del presupuesto existente, sin aumentar impuestos ni tomar nueva deuda.

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Este episodio revela las tensiones inherentes al proyecto de transformación económica de Milei. Por un lado, su compromiso con la reducción del gasto público y la eficiencia fiscal; por otro, la realidad de un sistema educativo público profundamente arraigado en la sociedad argentina y visto como un pilar fundamental de la movilidad social.

La evolución de este conflicto será crucial para el futuro del gobierno de Milei. Su capacidad para encontrar un equilibrio entre sus objetivos de reforma económica y las demandas del sector educativo podría definir el éxito o fracaso de su administración. Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece en alerta, y las protestas parecen lejos de disminuir.

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La pregunta que queda en el aire es si esta aparente moderación en el discurso de Milei sobre la educación pública representa un verdadero cambio de dirección o simplemente una pausa táctica en su agenda de reformas. Lo que es claro es que el debate sobre el futuro de la educación superior en Argentina está lejos de concluir, y promete ser uno de los campos de batalla más significativos en la política del país en los próximos meses.