La administración de Javier Milei prepara una reforma integral de la Policía Federal Argentina que modificará sustancialmente su estructura operativa y territorial. El plan, que se implementará mediante decreto en enero, contempla convertir a la institución en una fuerza especializada en investigación criminal, siguiendo el modelo de la agencia federal estadounidense FBI.

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La iniciativa, que será presentada por la ministra Patricia Bullrich, incluye una redistribución geográfica significativa del personal policial. En la actualidad, el 70% de los efectivos se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que solo el 30% opera en el interior del país. El gobierno planea equilibrar gradualmente esta distribución, estableciendo metas del 60/40% para 2025 y alcanzar una paridad total en 2026.

Un aspecto central de la transformación será el incremento del personal dedicado a tareas investigativas, que pasará del actual 15% a un objetivo del 40%. Esta reorientación estratégica busca potenciar las capacidades de la fuerza para enfrentar el crimen organizado y las redes de narcotráfico, sin absorber agentes de otros organismos de seguridad.

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La reestructuración contempla la creación de departamentos especializados en logística, investigación criminal y lucha contra el narcotráfico. Los comisarios generales Luis Alejandro Rolle y Mariano José Giuffra, actuales jefe y subjefe respectivamente, supervisarán la implementación de estos cambios en las diez superintendencias que componen la institución.

Esta reforma se complementa con una iniciativa más amplia en materia de seguridad nacional. El gobierno trabaja en un decreto que habilitará la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra organizaciones terroristas y carteles narco que operan en territorio argentino. Los ministerios de Seguridad y Defensa han elaborado conjuntamente esta normativa, que busca modificar las restricciones actuales sobre la actuación militar en seguridad interior.

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El proyecto incluye una redefinición del concepto de "amenazas extranjeras no estatales", que permitiría la intervención militar contra grupos como Hamas, Hezbollah y organizaciones narcotraficantes transnacionales. La medida implica la derogación del decreto 727/2006, que limita la actuación de las Fuerzas Armadas a la defensa contra agresiones estatales externas.

Paralelamente, el gobierno impulsa la Ley Antimafias, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Esta normativa propone endurecer las penas por delitos vinculados al crimen organizado, estableciendo condenas de hasta 20 años de prisión para miembros de asociaciones ilícitas.

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La transformación de la Policía Federal representa uno de los cambios más significativos en la historia reciente de las fuerzas de seguridad argentinas. El énfasis en la investigación criminal y la redistribución territorial busca adaptar la institución a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, siguiendo estándares internacionales de profesionalización policial.