La administración de Javier Milei intensificó su política de reducción del gasto público con una serie de medidas que incluyen la desvinculación de miles de empleados contratados de manera irregular y la cancelación de pensiones por invalidez otorgadas sin cumplir los requisitos establecidos, según informó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni durante su conferencia matutina en Casa Rosada.

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En una acción que refleja la determinación del gobierno por identificar y eliminar lo que denominan "cajas de la política", el Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, decidió poner fin a más de 2.400 contrataciones que se mantenían mediante un esquema irregular a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Estos vínculos laborales, que persistían desde hace décadas, operaban al margen de los procedimientos establecidos para el empleo público nacional.

La medida se complementó con la eliminación de incentivos salariales en la cartera de Justicia que, originalmente concebidos para fomentar la capacitación del personal, se habían convertido en complementos regulares sin justificación aparente. Esta decisión representará un ahorro anual estimado en 15.600 millones de pesos para las arcas públicas.

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Paralelamente, una exhaustiva auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la provincia del Chaco reveló irregularidades significativas en el otorgamiento de pensiones por invalidez. De un total de 2.344 beneficiarios evaluados, apenas 365 cumplían efectivamente con los requisitos necesarios para percibir la prestación. Entre los casos más llamativos, se detectaron beneficiarios que recibían pensiones por amputaciones inexistentes y supuestas patologías oncológicas sin diagnóstico médico respaldatorio.

En el ámbito del transporte, la administración Milei también intervino para desarticular lo que consideraban un monopolio ejercido por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la capacitación obligatoria para conductores profesionales. Este sistema le reportaba al sindicato ingresos anuales superiores a los 11.000 millones de pesos desde 2019, según precisaron fuentes oficiales.

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El vocero presidencial aprovechó la oportunidad para reiterar el compromiso del gobierno con la identificación y eliminación de estructuras que, en su visión, benefician a sectores minoritarios en detrimento del interés general. "Cada caja que encontremos donde existe un negocio que favorece a pocos perjudicando a muchos, será eliminada", enfatizó Adorni.

En otro orden, el funcionario se refirió a la tensa situación diplomática con Venezuela, desaconsejando a los ciudadanos argentinos viajar a ese país. Calificó al régimen de Nicolás Maduro como una "dictadura cruel" que puede realizar detenciones arbitrarias sin ofrecer explicaciones, en referencia al caso del gendarme argentino actualmente detenido en territorio venezolano.

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Las medidas anunciadas se enmarcan en una política más amplia de racionalización del gasto público y combate a prácticas irregulares en la administración estatal, que constituyen pilares fundamentales del programa económico implementado por el gobierno de La Libertad Avanza. La identificación de irregularidades en distintas áreas de la administración pública sugiere que podrían producirse nuevos recortes en otras dependencias estatales en las próximas semanas.