El Ministerio de Economía argentino avanza en una profunda transformación del sistema tributario nacional que podría cambiar radicalmente la relación fiscal entre la Nación y las provincias
Economía22/12/2024 13News-Economía
El Ministerio de Economía argentino avanza en una profunda transformación del sistema tributario nacional que podría cambiar radicalmente la relación fiscal entre la Nación y las provincias. La propuesta más innovadora contempla la posibilidad de transferir la administración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las jurisdicciones provinciales, como parte de una estrategia más amplia para simplificar el esquema impositivo federal y fomentar la competencia entre las provincias por la atracción de inversiones.
El ministro Luis Caputo reveló que la reforma en desarrollo busca reducir drásticamente la cantidad de tributos nacionales, dejando solamente seis impuestos fundamentales: el IVA, Ganancias para personas físicas y jurídicas, aranceles de importación, retenciones a las exportaciones, y las contribuciones a la seguridad social. Esta simplificación representa un cambio paradigmático en la estructura tributaria argentina.
Un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sugiere que la transferencia del IVA a las provincias es económicamente viable. Actualmente, este impuesto genera una recaudación equivalente al 6,7% del PIB, distribuido en un 3,1% para la Nación y un 3,6% para las provincias. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias aporta un 4,3% del PIB, del cual el 1,6% corresponde al gobierno nacional y el 2,7% a las jurisdicciones provinciales.
La propuesta contempla que la Nación retenga la totalidad de lo recaudado por Ganancias (4,3% del PIB), mientras que las provincias recibirían el monto íntegro del IVA (6,7% del PIB). Esta redistribución mantendría aproximadamente los niveles actuales de ingresos para ambos niveles de gobierno, ya que hoy la Nación percibe el 4,7% del PIB y las provincias el 6,3% a través del sistema de coparticipación.
Un aspecto crucial de esta reforma sería la eventual sustitución del controvertido Impuesto a los Ingresos Brutos provincial. Este tributo en cascada, que grava cada etapa de la cadena productiva, ha sido señalado como uno de los principales obstáculos para la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional. A diferencia del IVA, que afecta principalmente al consumidor final, Ingresos Brutos impacta acumulativamente en los costos de producción.
La iniciativa propone un mecanismo de distribución del IVA entre provincias similar al utilizado actualmente para Ingresos Brutos: cada jurisdicción retendría el impuesto generado en su territorio, mientras que en las operaciones interprovinciales el gravamen se dividiría equitativamente entre la provincia de origen y la de destino.
Este nuevo esquema podría facilitar la unificación del IVA con Ingresos Brutos y las tasas municipales de industria y comercio, simplificando significativamente el sistema tributario. Sin embargo, la eliminación del monotributo, régimen que ha permitido la formalización de trabajadores independientes, requerirá una cuidadosa reformulación del impuesto a las ganancias para evitar impactos negativos en este sector.
La reforma propuesta por el equipo económico de Milei se alinea con el objetivo presidencial de devolver autonomía tributaria a las provincias, fomentando la competencia entre jurisdicciones para atraer inversiones mediante la reducción de cargas impositivas. No obstante, la implementación de estos cambios requerirá un complejo proceso de negociación con los gobernadores y una cuidadosa planificación para evitar desequilibrios fiscales durante la transición.
El fracaso de intentos anteriores de reforma, como el impulsado por Mauricio Macri en 2017 para eliminar gradualmente Ingresos Brutos en actividades productivas, subraya los desafíos políticos y técnicos que enfrentará esta iniciativa. La viabilidad del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno nacional para construir consensos con las administraciones provinciales y diseñar mecanismos de implementación que garanticen la estabilidad fiscal de todos los niveles de gobierno.
El dilema actual refleja una tensión más profunda entre la búsqueda de estabilidad nominal y la preservación de la competitividad externa, en un contexto donde la fragilidad social demanda particular atención a los efectos distributivos de las decisiones macroeconómicas
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