En un movimiento estratégico que marca los últimos días de su administración, el presidente Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva destinada a fortalecer la posición de Estados Unidos en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. La medida, anunciada este 14 de enero, establece una colaboración sin precedentes entre el gobierno federal y el sector privado para la construcción de instalaciones dedicadas al desarrollo de IA en terrenos federales.

La iniciativa, que representa la orden ejecutiva número 157 de Biden y la octava en lo que va de 2025, autoriza al Departamento de Defensa y al Departamento de Energía a arrendar propiedades federales para la construcción de centros de desarrollo de IA. Esta decisión busca equilibrar múltiples objetivos: impulsar la competitividad económica, reforzar la seguridad nacional, garantizar el desarrollo responsable de la IA y promover la transición hacia energías limpias.

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Un aspecto crucial de la orden es el requisito de utilizar semiconductores fabricados en Estados Unidos en estos centros federales, una disposición que se alinea con la reciente propuesta de la administración Biden para restringir la venta de chips a países extranjeros. Esta medida ha generado debate en la industria, con varios líderes del sector expresando preocupación por su potencial impacto en la competitividad global de las empresas estadounidenses.

La orden también establece mecanismos de supervisión gubernamental sobre los desarrolladores privados que operarán en estas instalaciones, permitiendo evaluar las implicaciones de seguridad nacional de los modelos de IA desarrollados. Esta supervisión refleja un equilibrio delicado entre fomentar la innovación y mantener el control sobre tecnologías críticas.

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La timing de esta orden ejecutiva resulta particularmente significativo, considerando la inminente transición presidencial. Donald Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero, ha adelantado planes significativamente diferentes para el sector tecnológico, incluyendo medidas relacionadas con criptomonedas y tecnologías digitales.

Entre las propuestas más notables del presidente electo se encuentra la prohibición del desarrollo de una moneda digital del banco central, la nacionalización de la minería de Bitcoin y el establecimiento de una reserva estratégica de criptomonedas utilizando activos incautados por agencias de seguridad. Trump también ha indicado su intención de firmar múltiples órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo, incluyendo medidas relacionadas con la regulación bancaria de las criptomonedas.

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Esta orden ejecutiva de Biden sobre infraestructura de IA se suma a sus esfuerzos previos en el ámbito tecnológico, como la orden de 2022 que autorizó a las agencias gubernamentales a explorar marcos regulatorios para activos digitales. Representa uno de los últimos actos significativos de una administración que ha buscado consistentemente posicionar a Estados Unidos a la vanguardia del desarrollo tecnológico.

La medida refleja la creciente importancia de la IA en la política nacional estadounidense y el reconocimiento bipartidista de la necesidad de mantener el liderazgo del país en esta tecnología crítica. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá en gran medida de cómo la próxima administración decida abordar estas iniciativas y qué aspectos de la orden ejecutiva decide mantener, modificar o revertir.

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En el contexto más amplio de la competencia tecnológica global, esta orden ejecutiva representa un intento de consolidar la posición de Estados Unidos en el desarrollo de IA antes del cambio de administración, estableciendo estructuras que podrían influir en la dirección del desarrollo tecnológico del país en los próximos años, independientemente de los cambios en el liderazgo político.