El gobierno argentino intensifica su estrategia antiinflacionaria con un enfoque específico en el sector servicios, tras lograr avances significativos en la contención de precios de bienes transables. La administración de Javier Milei implementa una serie de medidas coordinadas que incluyen negociaciones con empresas de medicina prepaga, ajustes graduales en tarifas energéticas y acuerdos con sindicatos para alinear las paritarias con los objetivos de estabilización.

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Los datos más recientes del INDEC revelan una marcada disparidad en la evolución de precios: mientras los bienes registraron un incremento del 1,9%, los servicios experimentaron un alza del 4,4%. Esta brecha refleja un patrón característico de los programas de estabilización que utilizan el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, según explican especialistas del sector.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lidera las negociaciones con el sector de medicina prepaga, solicitando una reducción nominal en los valores de las cuotas. Como contrapartida, el gobierno implementó modificaciones en el sistema de aportes y contribuciones, eliminando intermediaciones entre obras sociales y prepagas. Esta medida permitirá que aproximadamente 180.000 millones de pesos mensuales fluyan directamente hacia las empresas prestadoras.

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En el frente energético, la administración ha reconfigurado su política de subsidios, moderando el ritmo de incrementos tarifarios inicialmente planificados. La decisión de revertir aumentos de hasta 12% en el servicio eléctrico para sectores de menores ingresos ejemplifica este nuevo enfoque gradualista. Además, se postergó hasta 2026 la transición hacia un sistema de tarifa social similar al implementado durante la gestión de Mauricio Macri.

La estrategia gubernamental contempla mantener el actual esquema de segmentación tarifaria, preservando los subsidios para aproximadamente 3,4 millones de familias de ingresos medios. Esta decisión representa un ajuste significativo respecto al plan original, que contemplaba una reducción más agresiva en la cobertura estatal.

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El sector privado de servicios, que representa aproximadamente el 70% del índice en esta categoría, constituye un desafío particular para la política antiinflacionaria. Este segmento incluye rubros como gastronomía, educación, servicios recreativos y alquileres, muchos de los cuales mantienen una inercia inflacionaria vinculada a la recomposición salarial y los costos operativos.

Las proyecciones oficiales apuntan a alcanzar una inflación mensual del 1% en febrero, aunque los analistas del mercado mantienen expectativas más conservadoras. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa que este nivel se alcanzaría recién en abril, con una trayectoria descendente que iniciaría en 2,3% en enero, continuando con 2,1% en febrero y 2% en marzo.

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La coordinación de paritarias emerge como un elemento crucial en esta estrategia antiinflacionaria. El gobierno busca establecer acuerdos con los sindicatos que permitan una recuperación del salario real sin comprometer las metas de estabilización de precios, en un contexto donde Caputo proyecta un crecimiento económico superior al 5%.

El contraste entre la evolución de precios mayoristas, que mostraron un incremento de apenas 0,8% mensual en diciembre, y la dinámica más resistente en servicios, ilustra los desafíos diferenciales que enfrenta la política económica. La desaceleración del crawling peg y la reducción en las tasas de interés complementan esta estrategia integral de estabilización.

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El éxito de este programa dependerá crucialmente de la capacidad gubernamental para coordinar expectativas y comportamientos entre los diversos actores económicos, mientras mantiene el delicado equilibrio entre la estabilización de precios y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.