La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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En un pronunciamiento que sacude los cimientos de la ortodoxia económica tradicional, el presidente Javier Milei ha reafirmado su postura contraria a una devaluación del peso argentino, anticipando incluso una apreciación de la moneda nacional. Esta declaración emerge en un contexto de intensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y crecientes especulaciones en el mercado financiero.
La visión del mandatario se fundamenta en una perspectiva macroeconómica innovadora que posiciona a Argentina como acreedor neto global, respaldado por el potencial de sectores estratégicos como el energético, minero y agropecuario. Esta condición, según el análisis presidencial, permitiría sostener déficits en cuenta corriente sin comprometer la estabilidad económica, siempre que se mantenga el equilibrio fiscal.
El enfoque gubernamental encuentra sustento en indicadores económicos positivos, como la significativa reducción del riesgo país desde el cambio de administración. Esta mejora en la percepción internacional, combinada con la posibilidad de que las tasas de interés internacionales se sitúen por debajo de las domésticas, podría generar un escenario favorable para la cuenta corriente negativa sin representar riesgos significativos.
La política monetaria actual se articula sobre tres pilares fundamentales: la contracción de la oferta monetaria impulsada por el superávit fiscal, la recomposición en la demanda de dinero y las perspectivas de crecimiento económico. Esta confluencia de factores, según el análisis gubernamental, no solo eliminaría presiones alcistas sobre el dólar sino que podría resultar en una escasez relativa de pesos.
El presidente ha cuestionado enérgicamente las metodologías tradicionales utilizadas por economistas para evaluar el tipo de cambio real. Su crítica se centra en la imposibilidad práctica de determinar vectores de precios de equilibrio general intertemporal, argumentando que tales cálculos requerirían un conocimiento exhaustivo de preferencias, tecnología y dotaciones tanto locales como globales, en dimensiones presentes y futuras.
Un aspecto destacado del análisis presidencial es su cuestionamiento al uso de promedios históricos como referencia para determinar el atraso cambiario. Milei señala que esta práctica ignora cambios estructurales en la economía y suele tomar como punto de partida períodos caracterizados por distorsiones significativas en los derechos de propiedad.
La administración actual establece un contraste marcado con experiencias históricas de gestión económica. A diferencia de períodos anteriores caracterizados por déficit fiscal financiado mediante emisión monetaria o endeudamiento externo, el modelo actual prescinde de estas prácticas. La reducción de la deuda consolidada en más de 30.000 millones de dólares y la ausencia de emisión monetaria para financiar al Tesoro marcan diferencias sustanciales con gestiones previas.
El gobierno sostiene que la actual política cambiaria refleja un período de recuperación de confianza, respaldado por indicadores como la reducción de la brecha cambiaria a mínimos históricos y el incremento de reservas. Esta perspectiva desafía las predicciones convencionales sobre atraso cambiario y propone un nuevo paradigma en la gestión monetaria argentina.
La sostenibilidad de esta estrategia dependerá crucialmente de la capacidad para mantener el equilibrio fiscal y consolidar la confianza en la economía argentina. La visión presidencial sugiere una transformación fundamental en la comprensión de la dinámica cambiaria, alejándose de interpretaciones tradicionales basadas en promedios históricos hacia un análisis más complejo de factores estructurales y expectativas de mercado.
Esta postura gubernamental marca un punto de inflexión en la política económica argentina, proponiendo un enfoque que desafía consensos establecidos y plantea nuevas perspectivas sobre la gestión monetaria en economías emergentes. El éxito de esta estrategia podría redefinir paradigmas económicos tradicionales y establecer nuevos referentes para la política cambiaria en contextos de transformación económica.
