La crisis desatada por la controversia de la criptomoneda $LIBRA alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando el fiscal federal Eduardo Taiano formalizó la imputación contra el presidente Javier Milei, mientras la administración libertaria intenta reorientar la atención hacia sus logros económicos y su agenda internacional.

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La investigación judicial, iniciada tras la denuncia presentada por Juan Grabois e Itai Hagman, explora posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho. La causa, delegada por la jueza María Servini, no solo involucra al presidente sino también a otros cinco individuos vinculados al proyecto cripto, incluyendo a Hayden Mark Davis, quien mantuvo contacto directo con Milei previo al controvertido lanzamiento.

Paralelamente, la dimensión internacional del caso adquiere relevancia creciente. Inversores afectados han presentado demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense, una situación que preocupa especialmente al ejecutivo por sus potenciales ramificaciones. La participación del FBI y Homeland Security podría amplificar significativamente el alcance de las investigaciones, particularmente si se establece conexión entre los fondos involucrados y activos estadounidenses.

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El presidente ha optado por una estrategia defensiva que minimiza su participación, argumentando que simplemente "difundió" el proyecto sin "promoverlo". Durante una entrevista televisiva, Milei cuestionó las cifras de afectados, sosteniendo que fueron aproximadamente 5.000 inversores "híper especializados" y no los 44.000 inicialmente reportados. "Son operadores de volatilidad que comprendían perfectamente los riesgos", afirmó el mandatario.

Mientras la controversia cripto se desarrolla, el gobierno busca redirigir la atención hacia sus logros económicos. El equipo económico celebra el inicio de 2025 con un superávit primario del 0,3% del PBI en enero, que se traduce en un 0,07% considerando los intereses de deuda. Este resultado, aunque ligeramente inferior en términos reales al año anterior, se presenta como evidencia de la solidez del programa económico.

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La administración enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal en un contexto modificado por la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de retenciones agropecuarias. El gasto previsional registró un incremento real del 30% en enero, representando casi el 80% del aumento interanual en erogaciones primarias, mientras que las empresas públicas lograron su primer superávit operativo significativo desde 2008.

En el frente político, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intensifica el armado territorial de La Libertad Avanza, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo aspira a construir una base sólida para futuras contiendas electorales. Este domingo encabezará un encuentro con la juventud libertaria en Villa Urquiza, continuando con una estrategia de consolidación partidaria que no se ha detenido pese a la crisis.

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El presidente mantiene una agenda internacional activa, combinando reuniones con organismos multilaterales de crédito y figuras prominentes como Elon Musk. Su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) busca fortalecer su posicionamiento como referente de la nueva derecha global, mientras su equipo económico negocia con el FMI un programa que permita sostener la estabilización macroeconómica.

La evolución de ambas crisis - la judicial vinculada a $LIBRA y la económica relacionada con el sostenimiento del equilibrio fiscal - definirá la capacidad del gobierno para mantener su agenda de transformación estructural. El desenlace de estos procesos paralelos podría condicionar significativamente el futuro político y económico de la administración libertaria.