El gobierno argentino comienza el año exhibiendo resultados fiscales positivos, logrando un superávit primario del 0,3% del PBI en enero, que se traduce en un 0,07% al considerar los intereses de la deuda. Este desempeño, aunque ligeramente inferior en términos reales al registrado doce meses atrás, adquiere especial relevancia en medio de las turbulencias generadas por el caso $LIBRA y las preocupaciones sobre el nivel de reservas internacionales.

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La administración Milei enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal en un contexto marcadamente distinto al de 2024. El año anterior se caracterizó por una significativa reducción del gasto previsional durante el primer semestre, recortes en transferencias provinciales, disminución de subsidios y obra pública, complementados con ingresos extraordinarios provenientes de medidas como el blanqueo, la moratoria y modificaciones en el régimen tributario.

El panorama fiscal de 2025 presenta nuevos retos ante la discontinuidad de importantes fuentes de ingresos. La eliminación del Impuesto PAIS, que representaba aproximadamente el 1,3% del PBI, junto con la reducción en Bienes Personales y la disminución de retenciones al sector agropecuario, obligarán al equipo económico a identificar mecanismos compensatorios para sostener el equilibrio presupuestario.

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La consultora LCG señala un incremento significativo del 30% en términos reales en el gasto previsional durante enero, componente que representó cerca del 80% del aumento interanual en el gasto primario. Este comportamiento responde a diversos factores, incluyendo la base comparativa de enero 2024, cuando se experimentó una fuerte licuación por inflación, y los efectos de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Un aspecto destacable en la gestión fiscal emerge del sector empresarial público. Según análisis de la Fundación Libertad y Progreso, las empresas estatales registraron en enero un superávit operativo de 140.009 millones de pesos, el mejor resultado desde octubre de 2008, rompiendo con quince años consecutivos de déficit operativo.

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La consultora PxQ identifica una estabilización en términos reales de ciertos componentes del gasto, planteando interrogantes sobre la capacidad gubernamental para profundizar el ajuste sin impactar negativamente en la actividad económica. Las transferencias a provincias y universidades, junto con el gasto de capital, permanecen en niveles históricamente bajos, apenas superando los mínimos de enero 2024.

El Fondo Monetario Internacional, en su más reciente evaluación, reconoce la velocidad de la transición hacia el superávit implementada por el gobierno, aunque advierte sobre la necesidad de ampliar y diversificar el esfuerzo de reforma fiscal. El organismo sugiere mejorar la progresividad del sistema tributario, abordar la sostenibilidad del sistema previsional y optimizar las relaciones fiscales con las provincias.

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Un aspecto crucial destacado por el FMI concierne a la dimensión social del ajuste. Con tasas de pobreza superiores al 50% a principios de 2024, el organismo enfatiza la importancia de fortalecer los mecanismos de protección social para garantizar la sustentabilidad de la consolidación fiscal.

La evolución de la recaudación vinculada a la actividad económica muestra señales positivas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) observa que el comportamiento del IVA hasta enero sugiere una potencial recuperación económica en diciembre y enero, lo que podría comenzar a revertir la contracción del 2,5% registrada hasta noviembre de 2024.

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El desafío principal para el equipo económico radica en mantener el equilibrio fiscal en un contexto de menores ingresos extraordinarios, considerando que las principales fuentes de mejora fiscal de 2024 se encuentran agotadas. La capacidad para implementar nuevos ajustes en áreas ya sustancialmente reducidas, como la obra pública y las transferencias provinciales, aparece limitada.

La sostenibilidad del programa fiscal dependerá crucialmente de la evolución de la actividad económica y su impacto en la recaudación tributaria, así como de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que mejoren la eficiencia del gasto público sin comprometer la cohesión social.