La repercusión internacional del caso $LIBRA continúa expandiéndose, con la prestigiosa revista Forbes caracterizando el incidente vinculado al presidente argentino Javier Milei como "el robo de criptomonedas más grande de la historia". Esta situación, que ha desencadenado una investigación judicial formal, ha provocado pérdidas millonarias para miles de inversores y ha generado un impacto significativo en la imagen del mandatario argentino a nivel global.

El origen de la controversia se remonta al pasado 14 de febrero, cuando el presidente utilizó sus cuentas en redes sociales para difundir el denominado "Viva la Libertad Project", una iniciativa centrada en la comercialización de la divisa digital $LIBRA. Según la publicación presidencial, el proyecto estaba orientado a financiar inversiones en Argentina, lo que provocó una demanda inmediata que catapultó el valor del activo desde prácticamente cero hasta los 5 dólares en cuestión de horas.

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Sin embargo, la situación dio un giro dramático cuando los desarrolladores de la criptomoneda decidieron retirar ganancias por 87,4 millones de dólares, provocando un colapso fulminante en su cotización que regresó a su valor original. Esta maniobra, conocida en el argot del sector como "rug pull" (tirar de la alfombra), dejó pérdidas masivas para quienes habían invertido en el activo confiando en el respaldo implícito del jefe de Estado argentino.

Las cifras reveladas por Forbes dimensionan la magnitud del daño económico: aproximadamente el 86% de los inversores que adquirieron tokens de $LIBRA perdieron su dinero, con pérdidas acumuladas que alcanzaron los 251 millones de dólares. La publicación especializada señala que estos datos "pintan un panorama brutal" de las consecuencias financieras del episodio.

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Ante las primeras acusaciones que señalaban su responsabilidad en lo ocurrido, Milei optó por eliminar rápidamente su publicación original en la plataforma X (anteriormente Twitter) y posteriormente intentó deslindarse argumentando: "No promocioné. Solo difundí", una distinción que no ha convencido a analistas ni a las autoridades judiciales que investigan el caso.

El impacto mediático internacional se ha extendido más allá de Forbes. El semanario británico The Economist también abordó el tema en un artículo titulado "la desventura cripto de Javier Milei", donde calificaron el incidente como la "primera vergüenza seria del argentino como Presidente", evidenciando cómo esta controversia ha trascendido las fronteras nacionales.

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Las consecuencias legales no se hicieron esperar. El fiscal federal Eduardo Taiano formalizó la imputación contra el mandatario argentino por múltiples delitos, incluyendo negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y transgresiones contra el orden financiero. Esta decisión judicial se produjo tras una serie de denuncias presentadas la semana pasada por diversos afectados y representantes políticos.

Para avanzar en la investigación, la fiscalía ordenó diversas medidas probatorias que incluyen solicitudes de información al Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, así como a empresas tecnológicas como Google. Adicionalmente, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de preservar y recuperar evidencias fundamentales para el esclarecimiento del caso.

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Un aspecto particularmente relevante de la investigación se centra en determinar si existieron contactos oficiales entre el presidente, miembros de su gabinete y los principales implicados en el desarrollo y promoción de $LIBRA. Para ello, Taiano solicitó verificar los registros del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, donde deben asentarse todas las reuniones oficiales de los funcionarios gubernamentales.

Entre las personas de interés para la investigación se encuentran Mauricio Gaspar Novelli, trader financiero; Manuel Terrones Godoy, empresario; Sergio Daniel Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores; Julian Peh, CEO de KIP Protocol; y Hayden Mark Davis, CEO de Kalsier Ventures, quien aparece fotografiado junto a Milei en distintos encuentros previos al lanzamiento de la controvertida criptomoneda.

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La gravedad del escándalo ha llevado a que sectores de la oposición política argentina soliciten el inicio de un proceso de juicio político contra el presidente, argumentando que su participación en la promoción de un esquema financiero que resultó en pérdidas masivas constituye una falta grave a sus responsabilidades institucionales.

La situación ha generado especial conmoción no solo entre inversores argentinos sino también entre numerosos seguidores internacionales del mandatario libertario, quienes confiaron en su respaldo implícito a la iniciativa y ahora se encuentran entre los damnificados por el colapso del valor de $LIBRA.

El caso pone de relieve la creciente preocupación global por la regulación de los mercados de criptoactivos, especialmente aquellos relacionados con las denominadas "memecoins" o tokens sin utilidad aparente más allá de su carácter especulativo. Este tipo de activos digitales han sido frecuentemente utilizados en esquemas de enriquecimiento rápido donde los desarrolladores abandonan los proyectos tras obtener ganancias significativas.

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Para Milei, cuya administración ha enfrentado diversas críticas por su programa de ajuste económico, este escándalo representa un desafío adicional a su gobernabilidad en un momento particularmente sensible de su gestión, cuando intenta consolidar alianzas políticas para avanzar con sus reformas económicas y estructurales.

A medida que avanza la investigación judicial, los analistas señalan que este caso podría establecer precedentes importantes sobre la responsabilidad de figuras públicas en la promoción de inversiones de alto riesgo, especialmente cuando ocupan cargos de máxima responsabilidad institucional como la presidencia de una nación.

El escándalo $LIBRA emerge así como una prueba significativa para la administración Milei, cuyas consecuencias jurídicas, políticas y reputacionales apenas comienzan a vislumbrarse, mientras los inversores afectados buscan respuestas y compensación por las pérdidas sufridas en lo que Forbes ya ha calificado como un hito negativo en la historia de las criptomonedas.