En una jugada que podría alterar el equilibrio de poderes en Argentina, la administración del presidente Javier Milei está considerando recurrir a un mecanismo constitucional para designar a dos magistrados en la máxima instancia judicial del país. Según fuentes cercanas al gobierno, la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema podría concretarse mediante decreto presidencial, una estrategia que evitaría el obstáculo que representa obtener los dos tercios de aprobación en el Senado.

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Esta decisión llega luego de varios meses de infructuosas negociaciones parlamentarias en las que el oficialismo no logró reunir el consenso necesario para la aprobación de ambos candidatos, particularmente en el caso de Lijo, quien a pesar de contar con respaldo de diversos sectores políticos, incluyendo algunos gobernadores peronistas y figuras del PRO, no alcanzó el umbral requerido para su confirmación.

El actual tribunal supremo funciona con solo tres integrantes, situación que ha generado preocupación respecto a su adecuado funcionamiento. La administración libertaria tiene como plazo máximo hasta el próximo sábado, fecha en que dará inicio el período de sesiones ordinarias del Congreso, para formalizar estos nombramientos bajo la modalidad "en comisión" prevista constitucionalmente.

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Este procedimiento cuenta con un antecedente reciente en la política argentina. Durante los primeros días de su gestión, el expresidente Mauricio Macri utilizó esta vía para designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en diciembre de 2015. Sin embargo, en aquella ocasión, tras las críticas recibidas, ambos jueces esperaron la posterior aprobación del Senado antes de asumir sus cargos.

La estrategia actual representa un cambio significativo en la postura del gobierno, que inicialmente apostó por el camino tradicional de aprobación legislativa, impulsado principalmente por el consultor Santiago Caputo. Durante seis meses, La Libertad Avanza intentó conseguir el apoyo necesario en la cámara alta, logrando que el pliego de Lijo obtuviera dictamen de mayoría, pero sin conseguir llevarlo exitosamente al recinto para su votación definitiva.

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Las tensiones políticas recientes, exacerbadas por la controversia en torno a la promoción fallida de $LIBRA que impactó tanto al presidente como a su círculo cercano, complicaron aún más las relaciones con la oposición. Este clima adverso quedó evidenciado ayer cuando José Mayans, jefe de la bancada peronista en el Senado, anunció que el bloque de Unión por la Patria no asistirá a la asamblea legislativa del sábado donde Milei presentará su discurso inaugural.

Las posiciones dentro del arco opositor no han sido homogéneas. Mientras algunos gobernadores como Gerardo Zamora manifestaron su apoyo a la candidatura de Lijo e intentaron persuadir a Cristina Kirchner en ese sentido, la expresidenta aparentemente decidió no dar su respaldo. En el PRO también surgieron divisiones: el gobernador chubutense Ignacio Torres expresó su aval al candidato, mientras que Macri presionó al bloque para rechazarlo, incluso contactando directamente a gobernadores aliados sin lograr modificar algunas posturas favorables.

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El caso de García-Mansilla presenta una situación diferente, ya que su pliego ni siquiera alcanzó el dictamen de comisión, y según fuentes gubernamentales, a pesar de su afinidad ideológica con el oficialismo, no recibió el mismo impulso en las negociaciones parlamentarias que su colega.

Fuentes judiciales reconocen el desgaste producido por este prolongado proceso de designación, describiendo la situación como una "moneda en el aire". No obstante, algunos analistas consideran que la diversidad de temas que han ganado prominencia en la agenda pública -como la controversia por la abstención argentina en la ONU respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, o la reciente adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, operación valorada en aproximadamente 1.245 millones de dólares y fuertemente criticada por el presidente- podrían proporcionar el contexto adecuado para que Milei proceda con las designaciones judiciales antes del inicio formal de sesiones.

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El propio Lijo habría modificado su posición en días recientes, aparentemente aceptando la posibilidad de ser nombrado por decreto presidencial. Esta modalidad de designación, aunque constitucional, ha generado históricamente debates sobre su legitimidad y sobre el equilibrio entre los poderes del Estado, especialmente cuando se trata de nombramientos para el máximo tribunal de justicia.

La Corte Suprema argentina, que debería contar con cinco miembros según su composición tradicional, opera actualmente con solo tres magistrados: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Esta reducida integración ha planteado interrogantes sobre la capacidad del tribunal para abordar eficazmente su volumen de trabajo y sobre las implicaciones para la estabilidad jurídica del país.

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La decisión que tome el Ejecutivo en los próximos días tendrá importantes repercusiones no solo para el funcionamiento del Poder Judicial, sino también para las relaciones institucionales entre los distintos poderes del Estado en un contexto político caracterizado por la fragmentación y las tensiones partidarias.

Tanto en círculos políticos como judiciales se espera con expectativa el desenlace de esta situación, considerando que la conformación de la Corte Suprema representa un aspecto fundamental para la seguridad jurídica y el funcionamiento institucional de la República Argentina en los próximos años.