La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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En su habitual conferencia de prensa el vocero, Manuel Adorni, anunció la decisión del gobierno de eliminar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en a que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, dijo Adorni.
EL vocero criticó “la fiesta que había del gasto público” indicado que: “Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”. “Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.
El anuncio se da en el marco de la denuncia que el gobierno ha formulado, a través del Ministerio de Capital Humano, contra Emilio Pérsico por “fraude a la administración pública”.
“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, afirma la denuncia.
Según la denuncia de la actual gestión, Pérsico aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.
