En su habitual conferencia de prensa el vocero, Manuel Adorni, anunció la decisión del gobierno de eliminar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en a que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, dijo Adorni.

Los 100 primeros días del gobierno de Milei: esperanza en contexto crítico

 EL vocero criticó “la fiesta que había del gasto público” indicado que: “Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”. “Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

El anuncio se da en el marco de la denuncia que el gobierno ha formulado, a través del Ministerio de Capital Humano, contra Emilio Pérsico por “fraude a la administración pública”.

Mayor Fondo de Pensiones del mundo estudia invertir en Bitcoin

“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, afirma la denuncia.

Según la denuncia de la actual gestión, Pérsico aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.