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Argentina busca, al menos, usd 2000 millones en préstamos de entidades financieras internacionales ante caída de reservas

La administración económica argentina enfrenta un escenario complejo que la obliga a acelerar mecanismos de financiamiento externo para compensar el deterioro de las reservas internacionales y cumplir con los compromisos asumidos ante organismos multilaterales

Economía30/05/2025 Gustavo Rodolfo Reija-CEO NETIA GROUP

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La administración económica argentina enfrenta un escenario complejo que la obliga a acelerar mecanismos de financiamiento externo para compensar el deterioro de las reservas internacionales y cumplir con los compromisos asumidos ante organismos multilaterales. El gobierno de Javier Milei ultima los detalles de una operación de recompra por 2000 millones de dólares mientras las arcas del Banco Central registran caídas históricas que pusieron en alerta al equipo económico liderado por Luis Caputo.

Las reservas brutas experimentaron una contracción de 1510 millones de dólares en la última jornada de mayo, acumulando una pérdida mensual de 2106 millones que las ubicó en 36854 millones de dólares. Este desplome representa el punto más bajo desde la recepción de los desembolsos de organismos internacionales concretados en abril, situación que genera presión adicional sobre la estrategia financiera del gobierno.

Milei se mantiene firme en su decisión de no comprar dólares dentro de los límites de la banda cambiaria y, de esta forma, no emitir pesos que podrían impactar sobre la tasa de inflación. De esta forma, la única manera en que el gobierno puede acumular reservas es a través de la Cuenta Capital, con ingreso de capitales. Esencialmente esto implica fortalecer las reservas con dólares prestados, no propios.

En este contexto, el viceministro de Economía, José Luis Daza, permanece en Estados Unidos desde hace 15 días manteniendo negociaciones con entidades bancarias de primera línea para concretar un préstamo REPO. Las conversaciones involucran a cinco instituciones financieras principales: BBVA, Citigroup, ICBC, JPMorgan y Santander, aunque el gobierno también evalúa propuestas de otras entidades internacionales interesadas en participar del acuerdo.

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La estructura del préstamo contempla un plazo de 2 años y 4 meses con una tasa objetivo inferior al 8,8 por ciento anual, mejorando las condiciones obtenidas en enero pasado cuando se concretó una operación similar por 1000 millones de dólares. Las autoridades económicas esperan capitalizar la reducción del riesgo país para obtener condiciones más favorables en esta nueva operación financiera.

El mecanismo elegido presenta características particulares que lo diferencian de las emisiones tradicionales de deuda. El gobierno entregará garantías por aproximadamente 3500 millones de dólares, utilizando bonos Bopreal o reservas de oro como respaldo de la operación. Esta modalidad permite incrementar la liquidez disponible sin aumentar el endeudamiento neto del sector público, aspecto fundamental para mantener la sostenibilidad fiscal.

La decisión de no intervenir en el mercado cambiario durante mayo responde a una estrategia deliberada del Banco Central para evitar la emisión monetaria que podría comprometer los objetivos antiinflacionarios. Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria, prioriza el control de la base monetaria ante la proximidad de las elecciones legislativas de octubre, momento crítico para las aspiraciones políticas del oficialismo.

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El Fondo Monetario Internacional modificó su calendario de evaluación, postergando hasta mediados de julio la revisión del cumplimiento de metas que originalmente estaba prevista para el 13 de junio. Esta extensión otorga margen adicional al gobierno para fortalecer su posición de reservas mediante la concreción del nuevo acuerdo de recompra y la captación de recursos provenientes de la reciente emisión del Bonte 2030.

La operación del bono en pesos a tasa fija concretada días atrás aportará 1000 millones de dólares adicionales a las arcas del Banco Central. Sin embargo, analistas del mercado estiman que incluso sumando estos recursos y los provenientes del nuevo préstamo, Argentina podría encontrarse aproximadamente 4000 millones de dólares por debajo de las metas comprometidas con el organismo multilateral.

Los compromisos de pago en moneda extranjera programados para julio ascienden a 4300 millones de dólares, monto que ejercerá presión significativa sobre las reservas disponibles. El gobierno planea utilizar los recursos obtenidos mediante el Bonte 2030 y la operación de recompra para enfrentar estos vencimientos sin comprometer la estabilidad del mercado cambiario.

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El interés del sector financiero internacional por participar en la operación es considerable, con ofertas que podrían superar los 4000 millones de dólares según fuentes del mercado. No obstante, el Banco Central mantiene su decisión de limitar la aceptación a 2000 millones para optimizar las condiciones financieras y evitar convalidar tasas más elevadas, replicando la estrategia empleada en enero cuando rechazó ofertas por 1850 millones adicionales.

El acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, suscrito en abril por 20000 millones de dólares, establece objetivos trimestrales específicos para la acumulación de reservas. Tras el desembolso inicial de 12000 millones recibido en abril, el cronograma contempla 2000 millones adicionales en junio y 1000 millones antes de finalizar el año, totalizando 15000 millones de dólares durante 2025.

Los organismos multilaterales complementarán estos recursos con desembolsos adicionales. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo comprometieron 3600 millones de dólares antes de junio, mientras que para el segundo semestre se esperan 2500 millones adicionales. Esta combinación de fuentes permitiría al gobierno acceder a 23100 millones de dólares en divisas durante el ejercicio fiscal.

La estrategia del equipo económico busca equilibrar múltiples objetivos que en ocasiones resultan contradictorios. Por un lado, la necesidad de fortalecer las reservas para cumplir con los compromisos externos y mantener la estabilidad cambiaria. Por otro, el imperativo de controlar la emisión monetaria para consolidar el proceso de desinflación que constituye uno de los pilares centrales del programa económico.

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La decisión de no intervenir en el mercado cambiario refleja esta tensión entre objetivos. Mientras el Banco Central se abstiene de comprar divisas para evitar la expansión de la base monetaria, las reservas experimentan caídas que obligan a recurrir a mecanismos alternativos de financiamiento. Esta aparente paradoja revela las complejidades del esquema económico implementado.

El calendario electoral agrega una dimensión adicional a las decisiones de política económica. Las elecciones legislativas de octubre representan un test crucial para el gobierno, cuyo desempeño en materia inflacionaria será determinante para las preferencias del electorado. Esta consideración política influye directamente en las decisiones técnicas sobre intervención cambiaria y emisión monetaria.

Los mercados financieros observan atentamente la evolución de estas variables. La brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas se mantiene en niveles históricamente bajos, cercanos al 1 por ciento, reflejando cierta confianza en la sostenibilidad del esquema cambiario vigente. Sin embargo, la caída persistente de reservas genera interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener esta estabilidad sin recurrir a ajustes significativos.

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La combinación de instrumentos financieros desplegada por el gobierno busca maximizar la captación de recursos minimizando el impacto sobre las variables macroeconómicas clave. El uso de operaciones de recompra respaldadas por activos permite acceder a liquidez sin incrementar formalmente el endeudamiento, mientras que la emisión de bonos en pesos captura dólares del mercado local sin generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

El éxito de esta estrategia dependerá de múltiples factores, incluyendo la evolución del contexto internacional, el comportamiento de los flujos comerciales y la capacidad del gobierno para mantener la confianza de los agentes económicos. La postergación de la evaluación del FMI otorga tiempo adicional, pero también incrementa la presión para obtener resultados concretos en el corto plazo.

Las próximas semanas serán determinantes para evaluar la efectividad del esquema implementado. La concreción del acuerdo de recompra, sumada a los desembolsos programados de organismos multilaterales, debería proporcionar el respiro necesario para enfrentar los compromisos inmediatos. Sin embargo, la sostenibilidad de mediano plazo requerirá ajustes adicionales que permitan revertir la tendencia declinante de las reservas sin comprometer los objetivos antiinflacionarios.

El dilema entre acumulación de reservas y control monetario continuará dominando las decisiones de política económica en los próximos meses. La proximidad del proceso electoral añade complejidad a este equilibrio, obligando al gobierno a calibrar cuidadosamente cada medida para evitar efectos no deseados sobre las expectativas inflacionarias mientras busca fortalecer su posición externa mediante mecanismos creativos de financiamiento.

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