El ministro de Economía enfrenta un doble desafío mientras finaliza la temporada alta de liquidación agrícola con más del 80% de la soja ya cosechada. Por un lado, necesita atraer los dólares atesorados por las familias argentinas ante la escasez de divisas del campo. Por otro, apunta a lograr un índice de precios mensual inferior al 2% por primera vez desde 2017, aprovechando la estabilidad cambiaria y el consumo deprimido que frenan las remarcaciones.

La dinámica del mercado cambiario generó inquietud entre los operadores financieros durante la última semana. El tipo de cambio mayorista alcanzó los 1215 pesos antes de retroceder hasta 1189 pesos al cierre, acumulando un incremento del 5,1% en apenas cinco jornadas. Esta volatilidad surgió tras la colocación del Bonte 30, cuya tasa efectiva del 31% anual superó las expectativas del mercado y alimentó sospechas sobre un escenario inflacionario más complejo del previsto por las autoridades.

El titular de la cartera económica respondió rápidamente a estas tensiones durante un encuentro en Tucumán organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Allí descartó cualquier posibilidad de turbulencias cambiarias, argumentando que el modelo económico actual está diseñado específicamente para prevenir ese tipo de episodios. Sin embargo, los desafíos estructurales persisten y requieren soluciones inmediatas.

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La campaña agrícola se aproxima a su conclusión con el 80,7% de la producción sojera ya recolectada, según datos de la Bolsa de Cereales. Esta situación plantea un escenario complejo para las autoridades económicas, que observan cómo el flujo de divisas proveniente del sector agroexportador ingresa en su etapa final. Fuentes del sector consultadas revelan que los productores mantienen reticencias para comercializar sus granos al tipo de cambio actual, prefiriendo conservar la mercadería en silobolsas a la espera de mejores condiciones posteriores a los comicios legislativos.

Durante mayo, las cerealeras liquidaron aproximadamente 3000 millones de dólares, monto que fue absorbido íntegramente por el sector privado sin participación del Banco Central en las compras. Esta dinámica refleja la persistente demanda de divisas por parte de empresas y particulares, incluso en un contexto de relativa estabilidad cambiaria.

Los analistas de la Bolsa de Rosario, Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, proyectan que el primer semestre cerrará con liquidaciones cercanas a los 18200 millones de dólares, representando un incremento del 26% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, anticipan una desaceleración significativa para la segunda mitad del año, cuando sin incentivos tributarios vigentes, el flujo podría reducirse a 13400 millones, un 17% menos que en el segundo semestre previo.

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Esta perspectiva genera presión adicional sobre el equipo económico, que necesita diversificar las fuentes de ingreso de divisas para los meses previos a las elecciones. La estrategia gubernamental apunta a dos frentes principales: la captación de los dólares atesorados por las familias argentinas y la atracción de capitales financieros internacionales que aguardan reducciones en el riesgo país para retornar al mercado de deuda soberana.

El programa para movilizar los ahorros en divisas de los hogares enfrenta obstáculos significativos. Desde su lanzamiento, los depósitos bancarios en moneda extranjera retrocedieron 270 millones de dólares, evidenciando la persistente desconfianza de los ahorristas. El economista Amilcar Collante sintetiza la situación afirmando que los dólares familiares permanecen intocados en sus refugios tradicionales.

La efectividad del plan depende crucialmente de la adhesión provincial, particularmente de Buenos Aires, donde las negociaciones entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof permanecen estancadas. Las provincias deben comprometerse a no exigir justificación sobre el origen de los fondos y eximir del impuesto a los Ingresos Brutos las operaciones realizadas con estos recursos. Adicionalmente, el Ejecutivo debe acelerar el envío al Congreso del proyecto legislativo que garantice protección jurídica a los inversores.

Paralelamente, emergen señales preocupantes en el frente externo. El superávit comercial se contrajo hasta apenas 200 millones de dólares en abril, nivel insuficiente para las necesidades de la economía. El déficit incipiente en cuenta corriente, impulsado principalmente por el aumento del turismo emisivo, representa otra fuente de presión sobre las reservas internacionales.

En el frente inflacionario, las primeras señales de junio resultan alentadoras para las aspiraciones oficiales. Las listas de precios que las industrias comenzaron a distribuir entre los supermercados muestran ajustes mínimos, con casos emblemáticos como Coca Cola aplicando incrementos del 2%, significativamente inferiores a meses anteriores. Los fabricantes de alimentos consultados confirman que la estabilidad cambiaria elimina presiones de costos, mientras el consumo deprimido impide trasladar aumentos a los precios finales.

Un ejecutivo del sector de fiambres ilustra las estrategias empresariales actuales, centradas en la optimización logística mediante el uso de vehículos más pequeños, la revisión de circuitos de distribución y acuerdos colaborativos con empresas de otros rubros para compartir costos de transporte. Esta búsqueda de eficiencias refleja un contexto donde el volumen de ventas prima sobre los márgenes unitarios.

El equipo económico mantiene expectativas de que la inflación mensual perfore el piso del 2%, lo que constituiría el registro más bajo desde junio de 2017, cuando el índice marcó 1,2%. Las consultoras privadas ya anticipan esta tendencia para mayo, con mediciones que oscilan entre 1,8% y 1,9% según Eco Go, Orlando Ferreres y BBVA Research.

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Los sectores que lideraron los incrementos en mayo fueron Vivienda con 3,4%, Esparcimiento con 3,3% y Transporte y Comunicaciones con 2,3%. En contraste, los alimentos promediaron aumentos de apenas 1,1%, reflejando la debilidad del consumo masivo. Las autoridades buscan consolidar esta desaceleración inflacionaria como logro político de cara a los comicios, instalando el mensaje de que el ordenamiento fiscal permite cumplir anticipadamente con el objetivo de colapsar la inflación.

Los datos parciales de Scentia sobre ventas en supermercados muestran un panorama mixto. Mientras las grandes superficies mantienen niveles estables sin repuntes significativos, los comercios tradicionales como almacenes barriales y autoservicios registran ligeras mejoras. Los rubros vinculados al financiamiento en cuotas, desde electrodomésticos hasta textiles, exhiben mejor desempeño relativo.

El escenario plantea dilemas complejos para la conducción económica. La necesidad de mantener la estabilidad cambiaria como ancla antiinflacionaria limita las opciones para estimular la liquidación de divisas del agro. Simultáneamente, la debilidad del consumo interno facilita la desaceleración de precios pero complica la recuperación de la actividad económica.

La convergencia de estos factores configura un contexto de equilibrios precarios donde cada variable influye sobre las demás. El éxito en alcanzar una inflación mensual inferior al 2% dependería paradójicamente de mantener condiciones recesivas que deprimen la demanda, mientras la escasez de divisas amenaza la sostenibilidad del esquema cambiario que sustenta esa estabilidad de precios.

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Las próximas semanas resultarán determinantes para evaluar si las apuestas del ministro Caputo logran materializarse. La capacidad para atraer los dólares del sector privado, tanto del agro como de las familias, definirá el margen de maniobra para mantener la calma cambiaria. Paralelamente, el comportamiento de la inflación en junio confirmará si la estrategia de estabilización mediante recesión puede sostenerse políticamente hasta las elecciones.

El delicado equilibrio entre objetivos contrapuestos caracteriza la coyuntura económica actual. Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, debe gestionar las consecuencias de un modelo que requiere simultáneamente atraer divisas sin modificar el tipo de cambio, reducir la inflación sin reactivar el consumo y mantener la estabilidad fiscal en un contexto de ingresos tributarios debilitados. La resolución de estas tensiones determinará no solo el resultado electoral sino la viabilidad del programa económico en el mediano plazo.