El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py emitió una resolución judicial que obliga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a ocho personas más condenadas en la causa Vialidad a desembolsar 684 mil millones de pesos como decomiso por las maniobras fraudulentas comprobadas durante el proceso. La decisión judicial establece un plazo perentorio de 10 días hábiles para efectuar el pago, venciendo el 13 de agosto a las 9:30 horas debido a que las próximas dos semanas corresponden a feria judicial.

Los magistrados Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu comunicaron a todas las partes involucradas esta determinación, advirtiendo que el incumplimiento del plazo establecido derivará en el remate de los bienes registrados a nombre de los condenados. Para facilitar el proceso de pago, las autoridades judiciales habilitaron una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina donde deberán depositarse los fondos correspondientes.

La cifra millonaria no se distribuye proporcionalmente entre los responsables, sino que opera bajo el principio de solidaridad, permitiendo que los acusados determinen internamente qué cantidad aporta cada uno según sus posibilidades y acuerdos mutuos. Al tipo de cambio oficial vigente, el monto total equivale a 537 millones de dólares, una suma que refleja la magnitud del perjuicio económico determinado por los peritos oficiales.

Corte de apelaciones de New York suspende sentencia que ordenaba entrega de acciones de YPF a fondos buitre

Las fuentes judiciales consultadas anticipan que alguna de las partes intentará objetar la resolución mediante recursos de apelación, estrategia procesal habitual en casos de esta envergadura. Sin embargo, la fundamentación técnica del tribunal respalda sólidamente los cálculos realizados por los expertos contables de la Corte Suprema de Justicia.

Los 684 mil millones de pesos actuales representan la actualización del monto inicial de 85 mil millones fijado en diciembre de 2022 durante el veredicto original. Los peritos oficiales aplicaron el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para determinar la cifra actualizada, metodología que el tribunal consideró técnicamente apropiada y jurídicamente válida.

En contraste, el perito designado por la defensa de Cristina Kirchner concluyó que el decomiso debería limitarse a 42 mil millones de pesos, apenas el 6% del monto oficial determinado. Esta evaluación alternativa se basó en los valores de las obras actualizados mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, criterio que los jueces rechazaron por utilizar parámetros de referencia distintos a los establecidos en el expediente.

El tribunal fundamentó su decisión señalando que las conclusiones de los peritos oficiales se aprecian sólidas y debidamente justificadas, destacando que ninguno de los expertos contables cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida para la actualización. Los magistrados enfatizaron que el cálculo basado en el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística constituye el método que siempre se aplicó durante toda la tramitación de la causa.

El inventario de bienes embargados a nombre de la expresidenta incluye elementos de considerable valor económico. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola documentaron una caja de seguridad conteniendo 4.500.000 dólares que originalmente pertenecía a su hija Florencia Kirchner, otra caja fuerte con un millón de dólares, diversas propiedades inmobiliarias en Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de participaciones empresariales incluyendo Los Sauces.

Resulta particularmente significativo que a nombre de la empresa Los Sauces se encuentra registrado el departamento ubicado en San José 1111, donde actualmente Cristina Kirchner cumple su régimen de prisión domiciliaria ordenado en esta misma causa. Todos estos activos patrimoniales permanecen bajo embargo judicial y podrán ser subastados para recuperar los fondos públicos perjudicados.

BCRA interviene mercados y ofrece títulos públicos para absorber liquidez, mientras dólar trepa hacia $1300

La resolución judicial explica que el decomiso de bienes constituye la determinación fehaciente del daño producido al erario público que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción. La investigación estableció que entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se produjeron irregularidades sistemáticas en la adjudicación de obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz.

Junto a la expresidenta, los demás condenados obligados a responder por el pago millonario incluyen al empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz. La mayoría de estos condenados se encuentra actualmente privada de libertad en establecimientos penitenciarios, mientras que Cristina Kirchner y Periotti cumplen prisión domiciliaria.

La metodología de actualización aplicada por los peritos oficiales se basó en normativas contables específicas que ordenaron su actuación técnica, criterio que los jueces consideraron incuestionable dado que ninguno de los expertos representantes de las partes objetó los procedimientos empleados. Esta solidez técnica fortalece la fundamentación legal de la resolución y reduce las posibilidades de éxito de eventuales recursos de apelación.

Milei promete eliminar retenciones pero sin cronograma definido

El tribunal rechazó categóricamente el peritaje alternativo presentado por la defensa de Cristina Kirchner, argumentando que el cálculo de actualización partió de valores de referencia distintos a los indicados y aplicados por el resto de los expertos contables. Esta circunstancia eximió a los magistrados de realizar consideraciones adicionales sobre el método de cálculo propuesto por la defensa.

La decisión judicial marca un hito significativo en uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia argentina reciente, estableciendo precedentes sobre la recuperación de fondos públicos perjudicados por maniobras fraudulentas. El plazo establecido para el cumplimiento del pago generará expectativas sobre las estrategias que adoptarán los condenados, quienes enfrentan la disyuntiva entre desembolsar la suma exigida o arriesgar el remate de sus patrimonios embargados.