La administración estadounidense confirmó su decisión de intervenir como amicus curiae en favor de Argentina durante el proceso judicial que enfrenta el país sudamericano en las cortes de Nueva York por la nacionalización de la petrolera YPF. Esta determinación representa un respaldo diplomático significativo para Buenos Aires en uno de los capítulos más complejos de la disputa legal que se originó tras la expropiación de la compañía en 2012.

El Departamento de Justicia norteamericano anunció oficialmente que presentará documentación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para apoyar la posición argentina frente al reclamo de Burford Capital, firma de financiamiento de litigios que aspira a obtener el control del 51% de las acciones estatales en YPF. David E. Farber, asistente del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, firmó el documento que formaliza esta intervención.

La controversia judicial alcanzó un punto crítico cuando la magistrada Loretta Preska emitió un fallo en primera instancia que condenó a Argentina al pago de 16,000 millones de dólares por la manera en que se condujo la expropiación de la petrolera hace más de una década. Burford Capital emergió como el principal beneficiario de esta decisión judicial, posicionándose para reclamar una participación mayoritaria en la empresa energética.

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La intervención del gobierno estadounidense busca específicamente que la Corte de Apelaciones suspenda la ejecución del fallo de Preska mientras se tramita el recurso de apelación presentado por Argentina. Sin embargo, según análisis de expertos legales, este respaldo no necesariamente se extiende hacia otros aspectos del proceso, incluyendo la apelación relacionada con la orden de transferencia accionaria ni la sentencia por los 16,100 millones de dólares.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, destacó en sus redes sociales que la participación del Departamento de Justicia estadounidense tiene como objetivo probable influir en la decisión de la Corte de Apelaciones para lograr la suspensión temporal de la ejecución del fallo mientras se resuelve el recurso presentado por la defensa argentina.

Este respaldo gubernamental estadounidense no constituye una novedad en el caso. Durante la administración de Joe Biden, específicamente en octubre del año anterior, Estados Unidos ya había manifestado su oposición al pedido de Burford Capital respecto a la obtención de las acciones de YPF. En aquella ocasión, Damian Williams, entonces fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, argumentó que conceder la orden de transferencia accionaria violaría las normas de inmunidad soberana estadounidenses.

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El documento presentado por la administración Biden, de 10 páginas de extensión, enfatizó que la posición histórica del gobierno norteamericano sostiene que sus magistrados carecen de competencia para ejecutar bienes pertenecientes a estados extranjeros. La presentación argumentó que tanto la medida cautelar como la orden solicitadas por los demandantes, que exigen a Argentina acciones sobre su propiedad soberana ubicada en territorio nacional, constituirían violaciones a las leyes de inmunidad soberana.

A pesar de estas recomendaciones gubernamentales, la jueza Preska, conocida por su cercanía al Partido Republicano y su orientación conservadora, desestimó el pedido estadounidense y hace 10 días ordenó el traspaso de acciones. Esta decisión ilustra la independencia judicial respecto a las recomendaciones de amicus curiae, situación que también experimentó el fallecido Thomas Griesa durante el conflicto con los fondos buitre en la administración de Cristina Kirchner.

Paralelamente al respaldo estadounidense, Argentina despliega una estrategia diplomática más amplia buscando que otros países se presenten como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones. Esta iniciativa conjunta entre la Cancillería y la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la defensa legal del Estado, incluye tanto gestiones directas como coordinación con estudios jurídicos contratados en el exterior.

Aunque no existe confirmación oficial, fuentes diplomáticas indican que la lista de países que podrían apoyar a Argentina incluye naciones americanas como Uruguay, Paraguay y El Salvador, junto con representantes europeos como Italia, Francia y Alemania. Esta coalición internacional busca fortalecer la posición argentina mediante el respaldo multilateral ante las cortes neoyorquinas.

La nacionalización de YPF en 2012 generó un extenso proceso judicial que continúa desarrollándose en múltiples frentes. La decisión del gobierno argentino de expropiar la mayoría accionaria de la petrolera, entonces controlada por la española Repsol, desencadenó una serie de demandas y reclamos que se han prolongado durante más de una década.

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Burford Capital, especializada en el financiamiento de litigios internacionales, adquirió los derechos de diversos reclamos relacionados con la expropiación de YPF, posicionándose estratégicamente para beneficiarse de eventuales fallos favorables. La firma británica ha invertido significativamente en el caso, apostando a obtener retornos sustanciales a través de la ejecución de sentencias judiciales.

El desarrollo actual del caso refleja la complejidad de los litigios internacionales que involucran inmunidad soberana y la tensión entre la jurisdicción de tribunales extranjeros y los derechos estatales. La posición del gobierno estadounidense sugiere preocupaciones más amplias sobre precedentes que podrían afectar principios fundamentales del derecho internacional.

La continuidad del respaldo estadounidense bajo diferentes administraciones indica que la posición trasciende consideraciones partidarias, reflejando intereses estratégicos más profundos relacionados con la protección de la inmunidad soberana y los principios del derecho internacional público.

El desenlace de esta fase del proceso judicial tendrá implicancias significativas no solo para Argentina y sus activos energéticos, sino también para el marco regulatorio internacional que gobierna las disputas entre estados y entidades privadas en el contexto de las nacionalizaciones y expropiaciones.

La decisión final de la Corte de Apelaciones de Nueva York establecerá precedentes importantes para futuros casos similares, determinando el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre bienes soberanos extranjeros y la efectividad de los mecanismos de inmunidad estatal en el sistema judicial norteamericano.