La metodología contable que emplea el Ministerio de Economía para determinar el resultado fiscal argentino presenta una particularidad significativa que genera interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo del modelo económico actual. Según revela un análisis elaborado por la Fundación Mediterránea, aproximadamente tres décimas partes del endeudamiento público nacional no registra sus costos financieros en las estadísticas mensuales del Sector Público Nacional, organismo que hasta el momento exhibe un superávit primario equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto.

Esta fracción de la deuda comprende instrumentos financieros específicos que por sus características técnicas no impactan inmediatamente en las cuentas públicas. El componente mayoritario corresponde a bonos y letras indexados por inflación, conocidos como CER, que representan 24% del total, mientras que las letras y bonos capitalizables utilizados por la cartera económica para absorber pesos del mercado constituyen el 6% restante.

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El valor conjunto de estos instrumentos alcanza 139,662 millones de dólares, cifra equivalente al 16% del Producto Interno Bruto nacional. La particularidad contable radica en que los rendimientos generados por estos títulos no se contabilizan como gastos corrientes sino que se transforman automáticamente en nueva deuda, preservando así los indicadores de resultado fiscal que comunica mensualmente el gobierno.

La justificación técnica para este tratamiento contable se fundamenta en las características operativas de los instrumentos involucrados. En el caso de los bonos atados a la evolución de precios, el saldo de capital experimenta ajustes sistemáticos según la inflación del período, mientras que los títulos capitalizables reinvierten automáticamente sus rendimientos sin generar erogaciones inmediatas para el Tesoro.

Durante los primeros 5 meses de 2025, el Sector Público Nacional logró mantener un superávit primario del 0,8% del PIB y uno financiero del 0,3% posterior al servicio de deuda. La diferencia de medio punto porcentual corresponde precisamente al pago de intereses de instrumentos que sí se contabilizan en el resultado fiscal, evidenciando la magnitud del componente excluido de los cálculos oficiales.

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La Fundación Mediterránea advierte que esta discusión sobre el nivel de intereses contabilizados en la ejecución presupuestaria debería haberse planteado años atrás, señalando una deficiencia metodológica de larga data en la presentación de las finanzas públicas argentinas. El organismo sugiere que una evaluación integral de la sostenibilidad fiscal requiere considerar tanto los bonos CER como los títulos capitalizables al momento de determinar el verdadero costo del endeudamiento.

La regla tradicional de administración macroeconómica establece que los intereses de la deuda no deben superar al superávit primario, condición necesaria para evitar incrementos en el stock de pasivos. Sin embargo, la institución mediterránea introduce una perspectiva adicional que considera la relación entre deuda y PIB como factor determinante de la sostenibilidad a largo plazo.

Esta aproximación sugiere que incluso en escenarios de déficit primario y financiero, el esquema podría mantenerse viable si la tasa de crecimiento del PIB supera a la tasa de interés de la deuda, siempre que la proporción deuda-producto no experimente incrementos. Esta perspectiva introduce consideraciones dinámicas que van más allá de los equilibrios contables estáticos tradicionalmente empleados.

Los datos oficiales muestran una evolución favorable en la relación deuda-PIB durante el período analizado. El indicador descendió desde 63,9% en noviembre de 2023 hasta 52,2% en mayo de 2025, registrando una reducción del 18,2%. En términos absolutos ajustados por inflación, el stock pasó de 542,145 billones a 535,444 billones de pesos, evidenciando una contracción del 1,2% en moneda constante.

Jorge Carrera, exdirector del Banco Central, introduce elementos de cautela respecto al uso del indicador deuda-PIB como medida de sostenibilidad. El especialista advierte que las variaciones del tipo de cambio real pueden generar distorsiones significativas en las mediciones temporales, afectando de manera heterogénea tanto las valuaciones del PIB como del endeudamiento denominado en moneda extranjera.

La apreciación o depreciación cambiaria influye directamente en la medición del producto interno y simultáneamente modifica la valuación en pesos de los pasivos externos. Un dato revelador en este sentido es que la devaluación de diciembre de 2023 elevó transitoriamente la relación deuda-PIB desde 63,9% hasta 101,1%, para posteriormente descender todos los meses siguientes coincidiendo con la apreciación del tipo de cambio.

Eugenio Marí, economista principal de la Fundación Libertad y Progreso, enfatiza que la sostenibilidad del modelo depende fundamentalmente de la capacidad para implementar reformas que impulsen el crecimiento económico. Según sus proyecciones, un crecimiento sostenido del 5% anual permitiría acomodar naturalmente los desequilibrios de deuda sin requerir ajustes fiscales adicionales.

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El especialista identifica que Argentina se encuentra actualmente en una etapa de administración de pasivos, caracterizada por la gestión de una masa considerable de deuda en moneda local que requiere refinanciamiento periódico. Como ejemplo, señala que en agosto próximo vencen al menos 28 billones de pesos que deberán ser renovados o cancelados.

Esta situación configura lo que Marí describe como un equilibrio fino donde la demanda de dinero experimenta crecimiento pero no en magnitudes suficientes para absorber completamente la liquidez existente. La liberación descontrolada de esta liquidez podría desencadenar presiones devaluatorias que comprometerían la estabilidad macroeconómica alcanzada.

El debate sobre la metodología contable empleada trasciende consideraciones técnicas para adentrarse en cuestiones fundamentales sobre transparencia fiscal y evaluación de riesgos. La exclusión del 30% de los costos de endeudamiento de los cálculos oficiales puede generar percepciones distorsionadas sobre la verdadera situación de las finanzas públicas, complicando tanto la toma de decisiones internas como la evaluación por parte de organismos internacionales y mercados financieros.

La sostenibilidad a largo plazo del esquema actual dependerá crucialmente de la capacidad gubernamental para mantener tasas de crecimiento que superen los costos implícitos del endeudamiento, mientras administra exitosamente los vencimientos de corto plazo que caracterizan la estructura de pasivos argentinos. El desafío consiste en equilibrar la necesidad de financiamiento con la preservación de la estabilidad macroeconómica en un contexto donde las herramientas de política económica enfrentan restricciones tanto internas como externas.