El mercado laboral argentino experimenta una contracción severa que ha eliminado casi 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado desde la asunción presidencial de Javier Milei, según revela el último análisis del Centro de Economía Política Argentina basado en datos oficiales de organismos nacionales. Esta sangría ocupacional impacta desproporcionadamente en ocho jurisdicciones específicas donde las caídas superan el 5 por ciento, evidenciando patrones territoriales de deterioro que comprometen la cohesión social y productiva nacional.

Chaco, Misiones, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego encabezan el ranking de provincias más castigadas por la destrucción de empleos formales, configurando un mapa de crisis que se concentra particularmente en regiones periféricas con menor diversificación productiva. Estas jurisdicciones enfrentan contracciones que duplican y triplican el promedio nacional, exponiendo vulnerabilidades estructurales que el actual modelo económico no solo no corrige sino que intensifica.

Los datos procesados por el CEPA, utilizando información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto con registros del Sistema Integrado Previsional Argentino, demuestran que la paralización de obra pública constituyó el factor determinante en esta debacle ocupacional. El sector construcción perdió 59.750 puestos a escala nacional, representando 60.5% del total de caídas privadas, evidenciando cómo decisiones de política fiscal se traducen directamente en destrucción masiva de empleos.

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La industria manufacturera ocupa el segundo lugar en términos de impacto negativo, eliminando 33.183 posiciones laborales con una retracción del 2.8%. Este sector, que representa 18.5% del empleo nacional registrado, enfrenta presiones múltiples derivadas de apertura comercial, apreciación cambiaria y contracción de la demanda interna, configurando un escenario adverso para actividades productivas intensivas en mano de obra.

Únicamente tres sectores lograron generar empleo durante este período: comercio incorporó 27.022 trabajadores, actividades agropecuarias sumaron 10.338 puestos, mientras pesca adicionó 1.312 posiciones. Esta performance sectorial refleja una recomposición económica que favorece actividades de menor valor agregado y complejidad tecnológica, comprometiendo perspectivas de desarrollo productivo de mediano plazo.

Catamarca emerge como caso paradigmático del deterioro regional, registrando contracción del 7.9% en empleo privado entre noviembre 2023 y mayo 2025, cifra que contrasta dramáticamente con la caída promedio nacional de 1.6%. En términos absolutos, esta provincia perdió 3.107 puestos laborales, evidenciando cómo políticas nacionales generan impactos desproporcionados en economías provinciales dependientes de inversión pública.

El segundo grupo de provincias afectadas incluye Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Salta y La Pampa, con descensos oscilando entre 1% y 5%. Esta gradación territorial del impacto laboral refleja diferencias en estructuras productivas locales y capacidades de adaptación ante cambios en políticas económicas nacionales.

Contrariamente a la tendencia dominante, cinco jurisdicciones lograron incrementar sus niveles de empleo registrado: Río Negro, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Neuquén. Esta performance diferencial sugiere que ciertas economías regionales poseen características estructurales o sectoriales que las protegen parcialmente de los efectos contractivos de las políticas implementadas.

Hernán Letcher, referente del CEPA, caracteriza el modelo emergente como "traccionado por actividades poco intensivas en mano de obra", señalando que los sectores que impulsan actividad económica concentran apenas 9.2% del empleo registrado privado al comparar promedios de los primeros seis meses de 2025 con idéntico período de 2023.

El sector agropecuario, que representa 5.3% del empleo total, exhibe crecimiento explicado parcialmente por comparación con 2023, año particularmente adverso debido a sequía severa. Inversamente, sectores que perdieron participación en el Estimador Mensual de Actividad Económica concentran 44.6% del empleo privado registrado, evidenciando desalineación entre dinamismo sectorial y capacidad de generación ocupacional.

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La aprobación congressional del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones busca "dinamizar" el empleo mediante atracción de inversiones en minería, siderurgia e hidrocarburos. Sin embargo, estos sectores mantienen incidencia marginal sobre empleo registrado privado, rondando 6.7% del total, mientras el RIGI "pondría en jaque a la industria manufacturera" que genera 18.5% de posiciones laborales, constituyendo la segunda actividad económica más relevante en términos ocupacionales.

El análisis mensual de Chaco ilustra la dinámica de deterioro progresivo: mayo registró 72.929 trabajadores en sector privado formal, descendiendo 0.7% respecto al mes anterior, equivalente a pérdida de 520 empleos. Esta caída se suma a contracciones de abril (376 empleos), marzo (18) y febrero (128), totalizando 1.042 empleos perdidos en el cuatrimestre febrero-mayo según datos de consultora Politikón que coinciden con mediciones del CEPA.

La composición sectorial del empleo privado registrado revela que construcción abarca 6.1% de posiciones laborales en mayo 2025, mientras comercio constituye la principal actividad económica con 20.1% del total. Esta estructura ocupacional explica parcialmente por qué la paralización de obra pública genera efectos devastadores desproporcionados a su peso relativo en la economía.

El deterioro del mercado laboral en el Norte Grande constituye "consecuencia directa del abandono del esquema productivo y paralización de obra pública", según concluye el informe del CEPA. Este escenario amenaza con profundizar desigualdades territoriales, considerando que regiones periféricas enfrentan recuperación mucho más lenta que provincias del centro y sur nacional.

Las expectativas de reactivación de sectores estratégicos y implementación de políticas públicas que reviertan el deterioro se presentan como única esperanza para Formosa, Chaco y Misiones, entre otras jurisdicciones castigadas. La reversión de estas tendencias requiere reconocimiento de que decisiones macroeconómicas generan impactos territoriales diferenciados que comprometen la cohesión nacional.

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La consolidación de un modelo económico que privilegia sectores poco intensivos en mano de obra introduce interrogantes sobre sostenibilidad social y política de las transformaciones en curso. La destrucción masiva de empleos formales en contexto de ausencia de redes de protección social adecuadas configura un escenario de vulnerabilidad creciente para sectores medios y trabajadores calificados.

La experiencia internacional sugiere que procesos de ajuste estructural exitosos requieren combinación de políticas macroeconómicas estabilizadoras con programas específicos de protección social y reconversión laboral. La ausencia de estas dimensiones complementarias compromete tanto la viabilidad política como la eficacia económica de las reformas implementadas.

El desafío consiste en diseñar transiciones ordenadas que minimicen costos sociales mientras construyen fundamentos para crecimiento sostenible intensivo en empleo de calidad.