La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La administración libertaria de Javier Milei enfrenta una encrucijada política determinante con las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un escenario marcado por el respaldo internacional recibido desde Washington y el Fondo Monetario Internacional, pero condicionado a la capacidad del gobierno para generar consensos políticos que permitan implementar las reformas estructurales pendientes.
El viaje presidencial a Nueva York junto a su hermana Karina y el ministro de Economía Luis Caputo representó un punto de inflexión en la gestión libertaria. La delegación argentina partió con preocupaciones evidentes sobre el clima económico y social previo a los comicios, pero regresó con declaraciones explícitas de apoyo por parte de Donald Trump y su secretario de Estado Scott Bessent, quienes ratificaron su compromiso con la administración de Casa Rosada.
El presidente estadounidense manifestó públicamente su respaldo completo a la reelección de Milei, mientras que la directora gerente del organismo multilateral Kristalina Georgieva confirmó la disposición institucional para brindar asistencia financiera. Este espaldarazo internacional llega en un momento crítico, cuando la coalición gubernamental necesita desesperadamente oxígeno político para sortear las turbulencias previas a la consulta electoral.
Sin embargo, el auxilio económico y el reconocimiento diplomático no constituyen cheques en blanco para la Casa Rosada. Las autoridades estadounidenses e internacionales han expresado claramente sus expectativas respecto a la capacidad del gobierno argentino para superar las debilidades estructurales que han caracterizado su gestión durante el presente año, particularmente en los últimos 2 meses.
Washington considera a Milei como su principal aliado regional y una barrera efectiva contra la expansión de influencia china en Argentina. Esta valoración geopolítica fundamenta el apoyo norteamericano, pero también genera exigencias específicas en términos de estabilidad institucional y capacidad de implementar políticas efectivas. La administración Trump requiere que el gobierno libertario demuestre mayor gobernabilidad para justificar la inversión política y económica en su sostenimiento.
Las reformas laborales, previsionales e impositivas que aguardan los organismos internacionales constituyen objetivos de difícil concreción en el contexto político actual. La implementación de estas transformaciones estructurales depende directamente de la composición que emerja del Congreso Nacional tras las elecciones de octubre, donde el oficialismo busca incrementar significativamente su representación parlamentaria.
La estrategia electoral libertaria apunta a incorporar una cantidad considerable de diputados y algunos senadores que, aunque no garanticen quorum propio para aprobar iniciativas según las preferencias gubernamentales, al menos permitan evitar la caída de vetos presidenciales como ocurrió repetidamente durante el ciclo legislativo vigente. Esta meta mínima resulta fundamental para preservar las decisiones ejecutivas frente a una oposición que ha demostrado capacidad para revertir medidas gubernamentales.
El jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro del Interior Lisandro Catalán han iniciado gestiones orientadas a crear condiciones propicias para futuros acuerdos de gobernabilidad. Simultáneamente, trabajan en la reconstrucción de vínculos de diálogo que el propio presidente dinamitó con gobernadores provinciales y legisladores nacionales a través de decisiones unilaterales y declaraciones confrontativas.
La relación con los mandatarios provinciales representa uno de los desafíos más complejos para la administración nacional. Los ejecutivos regionales mantienen distancia de la Casa Rosada, exceptuando un grupo reducido que respondió consistentemente a las convocatorias presidenciales. El bloque Provincias Unidas, integrado por Martin Llaryora de Córdoba, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Gustavo Valdés de Corrientes, Nacho Torres de Chubut, Carlos Sadir de Jujuy, Claudio Vidal de Santa Cruz y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, mantiene la mayor cohesión en sus reclamos al gobierno central.
Los gobernadores expresan resentimiento por el tratamiento despectivo recibido cuando protestaron por los recortes presupuestarios aplicados por la administración nacional, así como por las decisiones unilaterales en la conformación de listas electorales que generaron múltiples conflictos territoriales. Además, manifiestan desconfianza sobre el comportamiento presidencial posterior al 26 de octubre, especialmente en caso de obtener resultados electorales favorables.
Para abordar esta fragmentación política, el gobierno nacional reactivó el Consejo de Mayo, un acuerdo firmado el 9 de julio del año anterior por 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque escasamente recordado por la ciudadanía. Francos se reunirá el lunes próximo con algunos integrantes de este espacio, que incluye también empresarios y sindicalistas, buscando generar condiciones para un acuerdo amplio de gobernabilidad.
En el ámbito legislativo, la oposición kirchnerista y peronista planifica continuar infligiendo derrotas parlamentarias al oficialismo. La Cámara de Diputados evalúa iniciar una moción de censura contra Francos por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo al veto presidencial correspondiente. Esta medida contempla la eventual destitución del jefe de Gabinete, razón por la cual Milei requiere urgentemente el apoyo de aliados del PRO, radicales y provinciales.
Mauricio Macri accedió a fotografiarse junto a Francos, aunque permanece distante un encuentro directo con Milei, quien considera innecesario al líder del PRO para la campaña electoral. En Diputados, la oposición también busca aprobar definitivamente la modificación normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia presidenciales, mientras que en el Senado se encuentran próximos a lograr la caída definitiva de los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.
La actividad legislativa opositora incluye además esfuerzos para conseguir la interpelación de Karina Milei por el escándalo vinculado a la criptomoneda Libra, que fue promocionada públicamente por el presidente. Estos frentes parlamentarios múltiples evidencian la complejidad del escenario político que debe sortear el oficialismo para preservar sus iniciativas.
El cronograma electoral se intensificará a partir del lunes próximo, con Milei asumiendo nuevamente el protagonismo de la campaña, replicando el esquema implementado en las elecciones bonaerenses. Tras su regreso de Estados Unidos, el presidente se retiró a la residencia de Olivos, delegando en su hermana Karina y Santiago Caputo el diseño y aplicación de la estrategia hacia octubre.
Las tensiones internas en La Libertad Avanza persisten, evidenciándose en la puja entre diferentes sectores del espacio político. Karina Milei otorgó un lugar privilegiado a Pilar Ramírez, su referente en la Ciudad de Buenos Aires, designándola coordinadora nacional de la campaña. Solo la intervención presidencial podría resolver las disputas internas entre Karina y Santiago Caputo, aunque Milei alterna entre momentos de decisión arbitral y períodos de laissez-faire respecto a estos conflictos.
Los resultados electorales en distritos estratégicos como Córdoba, Santa Fe y especialmente la provincia de Buenos Aires resultarán determinantes para las aspiraciones oficialistas. En territorio bonaerense, los libertarios necesitan reducir considerablemente la amplia diferencia registrada en la elección desdoblada de legisladores provinciales anterior.
El desenlace del 26 de octubre definirá no solo la composición parlamentaria futura, sino también la viabilidad de los compromisos asumidos con Washington y los organismos internacionales respecto a la implementación de reformas estructurales y la construcción de consensos políticos duraderos.
