Reclamo directo del Gobierno al empresariado argentino
Federico Sturzenegger confrontó este jueves al núcleo empresarial más concentrado de Argentina durante el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Ante mil referentes del sector privado, el ministro de Desregulación cuestionó frontalmente la parálisis en materia de renovación de vínculos laborales.

"El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie", disparó desde el escenario principal del Hotel Sheraton. La frase condensó una tensión creciente: mientras el oficialismo impulsa flexibilización mediante delegación de facultades, las cámaras sectoriales permanecen inmóviles.

La crítica apunta específicamente a la posibilidad de implementar fondos de cese como alternativa al régimen indemnizatorio tradicional. Esta opción, habilitada desde 2024 mediante modificaciones normativas, permitiría que cada sector defina en paritarias su propio esquema de desvinculación. El modelo de construcción, con su fondo administrado colectivamente, funciona como referencia.

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Indemnizaciones: entre la delegación oficial y la inercia privada
Sturzenegger recordó que junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, diseñaron una arquitectura regulatoria para transferir responsabilidades. "Dijimos: definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador", explicó ante los asistentes.

La estrategia gubernamental apostaba a que gremios y empresas negociaran soluciones adaptadas a sus realidades productivas. Sin embargo, transcurrido un año, ninguna convención colectiva incorporó modificaciones sustanciales en este aspecto. El titular ministerial interpretó esta pasividad como señal contradictoria: "No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa".

La advertencia deslizó una amenaza implícita. Si el sector privado rehúsa utilizar herramientas concedidas voluntariamente, el Ejecutivo podría evaluar intervenciones más directas o modificaciones unilaterales mediante DNU. Esta posibilidad genera inquietud en cámaras empresarias que prefieren negociar gradualmente antes que enfrentar cambios abruptos impuestos desde el poder político.

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El problema estructural: informalidad y costos ocultos
Argentina acumula una década sin creación neta de puestos registrados. Simultáneamente, la mitad de la fuerza productiva opera en negro, según datos oficiales citados por Sturzenegger. Esta realidad dual preocupa tanto por razones fiscales como por equidad social: trabajadores sin cobertura previsional ni derechos laborales compiten deslealmente con empleos formales sobrecargados de impuestos.

El funcionario identificó una paradoja: mientras se debate intensamente sobre retenciones agropecuarias, existe escaso análisis público sobre la presión tributaria que recae sobre salarios. Los aportes patronales y contribuciones a la seguridad social representan cargas significativas que encarecen contrataciones y fomentan evasión.

Pero más allá de tributos legales, Sturzenegger denunció "peajes" encubiertos en convenciones colectivas. Se refiere a aportes obligatorios destinados a capacitación, obra social, turismo o administración sindical que incrementan costos sin transitar canales estatales formales. El decreto 149/2025 pretende prohibir estas contribuciones compulsivas desde el empleador.

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Cifras concretas de sobrecostos sectoriales
Para dimensionar el impacto financiero de estos recargos, el ministro desgranó ejemplos por actividad económica. En transporte de cargas, cada trabajador genera aproximadamente $1 millón anual en conceptos ajenos al salario directo. Porteros metropolitanos alcanzan $1,3 millones. El sector comercial suma $800.000 por empleado.

"A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos", argumentó Sturzenegger. Esta transferencia final al precio mayorista y minorista alimenta inflación sectorial e impacta competitividad exportadora. Industrias expuestas a competencia internacional sufren especialmente estas rigideces que no enfrentan rivales externos.

La Cámara Argentina de Comercio ya presentó medidas cautelares contra la prohibición oficial de estos aportes. Defiende su legalidad basándose en convenios homologados por décadas. Esta disputa judicial determinará si prevalece la autonomía negocial colectiva o la potestad regulatoria del Estado sobre relaciones laborales.

 
Propuesta federal: salarios diferenciados por región
Comparando con Europa, Sturzenegger cuestionó la uniformidad salarial nacional argentina. Alemania e Italia demuestran que esquemas descentralizados permiten ajustar remuneraciones según productividad territorial. Provincias con menor desarrollo económico quedan excluidas del mercado formal cuando deben pagar salarios equivalentes a Buenos Aires o Córdoba.

"Si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo dieciséis puntos", proyectó ante los empresarios. Esta posibilidad requeriría modificar convenios nacionales por sectoriales o incluso provinciales, otorgando flexibilidad negocial adaptada a economías regionales específicas.

El DNU 70/2023 intentó incorporar esta perspectiva permitiendo que convenios inferiores (provinciales o de empresa) prevalezcan sobre superiores (nacionales). Sin embargo, esta cláusula enfrenta bloqueos judiciales que frenan su implementación efectiva.

 
Balance de gestión desregulatoria
Sturzenegger aprovechó la audiencia empresarial para rendir cuentas sobre promesas previas. De 210 propuestas recibidas desde IDEA, 94 fueron implementadas o resueltas, 18 están en proceso y casi 100 quedaron descartadas por competencias provinciales, materia tributaria o desacuerdo ejecutivo.

Destacó avances tecnológicos como el registro societario digital cordobés, operativo para constituir sociedades anónimas remotamente con firma electrónica. También mencionó el régimen de "operador confiable" aduanero que permite despachar mercadería desde plantas productivas sin presencia física de funcionarios.

En transporte, habilitó bitrenes a nivel nacional (excepto restricciones técnicas puntuales), reduciendo costos logísticos entre 30% y 40%. El programa "Exporta Simple" expandió operaciones a aeropuertos del interior, abaratando exportaciones frente a Ezeiza.

 
Perspectivas: entre presión política y resistencias corporativas
La estrategia sturzeneggeriana combina desafío retórico y amenaza regulatoria. Al exhibir públicamente la inercia empresarial, presiona para que cámaras sectoriales aceleren negociaciones que el propio Gobierno habilitó. Simultáneamente, preserva margen para intervenir si la autorregulación privada fracasa definitivamente.

Esta tensión define el próximo capítulo de la reforma laboral argentina: ¿aprovecharán empresarios y sindicatos la ventana de negociación voluntaria? ¿O volverá el oficialismo a imponer cambios unilaterales como en 2023? La respuesta determinará costos laborales, formalización e inclusión productiva para millones de argentinos.