Entre los principales imputados figuran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López. El proceso judicial podría extenderse varios años debido a la complejidad del caso y la cantidad de involucrados.

El Origen: Las Anotaciones de un Chofer que Destaparon un Sistema
La investigación comenzó en 2018 cuando salieron a la luz las anotaciones manuscritas de Oscar Centeno. Este chofer registró meticulosamente durante años las entregas de dinero entre empresarios constructores y funcionarios del gobierno nacional.

Los cuadernos documentaban un presunto circuito de coimas que funcionó entre mayo de 2003 y noviembre de 2015, abarcando las presidencias de Néstor Kirchner y su sucesora. Las anotaciones detallaban fechas, montos y lugares de entrega del dinero ilegal.

El fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio iniciaron la investigación que reveló un esquema sistemático de recaudación ilícita. Según la acusación, los fondos se obtenían a cambio de adjudicar contratos millonarios de infraestructura pública.

Un peritaje realizado por Gendarmería en agosto de 2025 confirmó la autenticidad de los escritos. Los peritos calígrafos determinaron que existe correspondencia entre seis cuadernos originales y sus copias digitales, validando que fueron realizados por Centeno de manera libre y espontánea.

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La Estructura Acusatoria: Roles y Responsabilidades
La fiscalía sostiene que Cristina Kirchner encabezaba la asociación ilícita y recibía fondos ilegales mediante intermediarios. Las imputaciones la señalan como jefa de la organización criminal y coautora de cohecho pasivo en 26 hechos de la causa principal.

Julio De Vido aparece como el organizador del circuito de sobornos desde el Ministerio de Planificación Federal. Según la acusación, supervisaba personalmente los contratos de obra pública y coordinaba el sistema de pagos ilegales.

Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, está acusado de ser el recaudador operativo. Viajaba junto a Centeno para realizar las entregas de dinero en efectivo a diferentes destinos.

La investigación señala que las entregas se realizaban en domicilios particulares de los Kirchner, en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada. Parte del dinero era redistribuido posteriormente entre otros funcionarios del gobierno.

La Red Empresarial: Arrepentidos que Confesaron Millones
El caso cuenta con una extensa lista de empresarios que se acogieron a la figura del arrepentido. José López fue uno de los primeros en colaborar con la justicia a cambio de una reducción de condena.

Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri y dueño de IECSA, confesó haber realizado pagos millonarios. Su testimonio constituye una pieza clave en el entramado acusatorio contra los funcionarios kirchneristas.

Otros empresarios arrepentidos incluyen a Aldo Roggio del Grupo Roggio, Juan Carlos de Goycoechea de Isolux Corsán, Carlos Wagner de Esuco y Hugo Eurnekian de Corporación América. También declararon Enrique Pescarmona de IMPSA y Gerardo Ferreyra de Electroingeniería.

Las confesiones revelaron diversos delitos: pagos millonarios en efectivo, cartelización de licitaciones públicas, sobornos vinculados a represas hidroeléctricas, concesiones aeroportuarias irregulares y subsidios energéticos fraudulentos.

Muchos empresarios intentaron frenar el proceso ofreciendo reparaciones económicas. Sin embargo, el tribunal rechazó todos los acuerdos siguiendo la postura de la fiscal Fabiana León: "La corrupción se juzga, la honra no se paga".

Las Dimensiones del Megajuicio: Números que Impresionan
Las cifras del expediente revelan la magnitud extraordinaria del caso. En total, 126 personas enfrentan acusaciones bajo ocho figuras delictivas diferentes, incluyendo asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, entrega de dádivas y encubrimiento.

La causa principal involucra 93 hechos investigados con 45 imputados junto a Cristina Kirchner. La fiscalía propuso 299 testigos solo para esta etapa del proceso.

Sumando todas las causas conexas, el número de testigos asciende a 899 personas. Además, se presentarán 139 medidas probatorias adicionales que incluyen documentación bancaria, registros contables y pericias técnicas.

Las penas previstas varían significativamente. Para asociación ilícita, oscilan entre 3 y 10 años de prisión. Sin embargo, el mínimo se eleva a 5 años para quienes sean identificados como organizadores o líderes del esquema criminal.

En expedientes conexos, se atribuyen a la expresidenta tres episodios adicionales entre 2003 y 2012, más otros 175 hechos donde aparece como coautora o partícipe necesaria.

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El Formato Virtual y la Proyección Temporal
El juicio se desarrollará íntegramente en modalidad virtual debido a la cantidad de involucrados. Las audiencias se transmitirán por YouTube todos los jueves a las 9:30 horas hasta fin de año.

Inicialmente, el Tribunal había planificado una audiencia semanal, pero la Cámara de Casación sugirió modificar el esquema. Con ese ritmo, el proceso se extendería más de tres años solo en la etapa de indagatorias.

Tras la feria judicial de verano, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli reevaluarán el calendario. La duración dependerá de si los imputados deciden responder preguntas o ejercer su derecho a guardar silencio.

La fiscal León, acompañada por el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares Guido Ambrosio y Claudio Nimis, tiene evaluado reducir la lista de testigos si el proceso se prolonga excesivamente.

Este megajuicio representa una prueba crucial para el sistema judicial argentino y su capacidad de juzgar casos complejos de corrupción estatal. El veredicto final podría demorar años, pero marca un precedente histórico en la lucha contra la impunidad.