La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La respuesta que ofrece la experiencia histórica comparada resulta inequívoca. Ningún país logró transformar su estructura productiva confiando exclusivamente en la disciplina fiscal y la desregulación. El equilibrio presupuestario constituye una condición necesaria pero radicalmente insuficiente para generar los procesos de acumulación de capital, innovación tecnológica y diversificación exportadora que caracterizan al desarrollo económico genuino.
El equilibrio fiscal como condición necesaria pero insuficiente
Nadie discute seriamente la importancia de ordenar las cuentas públicas. El déficit crónico erosiona la moneda, distorsiona precios relativos y genera incertidumbre macroeconómica que paraliza decisiones de inversión. Argentina experimentó durante décadas las consecuencias devastadoras del desequilibrio fiscal financiado con emisión monetaria. Reconocer este problema no implica, sin embargo, abrazar la conclusión inversa: que el superávit fiscal, por sí solo, genera prosperidad.
La experiencia internacional demuestra que los países que lograron transformaciones estructurales exitosas combinaron disciplina fiscal con instrumentos activos de promoción industrial. Corea del Sur destinó durante tres décadas recursos públicos masivos a desarrollar industrias estratégicas, formar capital humano especializado y construir infraestructura de clase mundial. Singapur articuló incentivos tributarios selectivos con inversión estatal en investigación y desarrollo. Vietnam implementó zonas económicas especiales mientras mantenía políticas deliberadas de upgrading tecnológico en manufactura.
El denominador común de estas experiencias no fue la ausencia del Estado, sino la presencia de instituciones capaces de coordinar esfuerzos públicos y privados en función de objetivos de desarrollo de largo plazo. El mercado, librado a su propia dinámica, no produce espontáneamente los bienes públicos que sostienen la competitividad sistémica: infraestructura logística, sistemas de formación técnica, ecosistemas de innovación, marcos regulatorios predecibles.
Seguridad jurídica: el eslabón perdido entre ahorro e inversión
Para los pequeños empresarios e inversores, la previsibilidad institucional resulta tan importante como la estabilidad cambiaria. Un marco regulatorio coherente, contratos respetados y reglas tributarias estables constituyen el verdadero cimiento de cualquier proceso de acumulación de capital. Sin estas condiciones, el ahorro disponible busca refugio en activos líquidos o emigra hacia jurisdicciones más confiables.
El problema radica en que la ausencia de política industrial no equivale a neutralidad estatal. Cada decisión presupuestaria implica una asignación de prioridades que moldea las oportunidades disponibles para el sector privado. Cuando el Gobierno recorta 73% la inversión en infraestructura, está tomando una decisión que afecta directamente la competitividad de miles de empresas que dependen de rutas, puertos y conectividad para operar.
Los datos del IARAF ilustran esta paradoja con crudeza. La inversión real directa pasó de US$8.289 millones en 2023 a apenas US$2.137 millones en 2025. Esta contracción no representa neutralidad: constituye una política activa de desinversión pública que transfiere costos al sector privado. Rutas deterioradas incrementan fletes, puertos obsoletos alargan tiempos logísticos, conectividad deficiente limita acceso a mercados. Ningún ajuste fiscal compensa estos costos ocultos que erosionan la rentabilidad empresarial.
La seguridad jurídica genuina no consiste únicamente en respetar contratos existentes. Implica también ofrecer un horizonte de previsibilidad respecto a las condiciones materiales que hacen viable la actividad productiva. Un empresario necesita saber no solo que su propiedad será respetada, sino también que existirá energía disponible, infraestructura funcional y mano de obra calificada para desarrollar su proyecto.
Una agenda pendiente para el desarrollo argentino
Argentina necesita un debate maduro sobre el rol del Estado en la economía, superando falsas dicotomías entre intervencionismo discrecional y abstención absoluta. La historia económica del siglo XX ofrece suficiente evidencia de los fracasos de ambos extremos. El proteccionismo cerrado generó ineficiencias y rent-seeking. La apertura indiscriminada destruyó capacidades productivas sin generar alternativas competitivas.
Los países exitosos no eligieron entre mercado y Estado: construyeron instituciones capaces de articular ambos en función de objetivos de desarrollo. Esto requiere capacidades estatales específicas que Argentina ha erosionado sistemáticamente: planificación estratégica de largo plazo, evaluación rigurosa de políticas públicas, coordinación efectiva entre niveles de gobierno, diálogo institucionalizado con el sector privado.
Para quienes invertimos en este país, la verdadera señal de confianza no es la motosierra, sino la previsibilidad de largo plazo. Políticas industriales inteligentes, financiamiento productivo accesible, formación técnica alineada con demandas del mercado y reglas claras que trasciendan ciclos electorales: ese es el ecosistema que permite transformar ahorro en inversión y crecimiento sostenido.
El superávit fiscal de 1,5% del PBI que exhibe el Gobierno representa un punto de partida, no un destino. Las cuentas ordenadas abren posibilidades que el déficit crónico clausuraba. Pero esas posibilidades no se materializan automáticamente. Requieren decisiones deliberadas sobre qué tipo de economía queremos construir, qué sectores priorizar, qué capacidades desarrollar.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad no es si el Estado debe intervenir —siempre lo hace, por acción u omisión— sino cómo articular sus intervenciones para potenciar las capacidades productivas del sector privado en lugar de obstruirlas. Ese debate, más complejo pero también más fértil que la dicotomía motosierra versus gasto descontrolado, sigue pendiente en Argentina.
