CGT rechaza asistir al diálogo con el gobierno y crece rechazo a la política económica de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido no participar en la primera reunión del diálogo social convocada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Esta decisión, tomada tras un intenso debate en el seno del Consejo Directivo cegetista, marca un endurecimiento significativo en la postura de la central obrera frente al gobierno del presidente Javier Milei.

El encuentro, que estaba previsto para la próxima semana y al que asistirían los empresarios del Grupo de los Seis (G6), se presentaba como una oportunidad para establecer puentes de comunicación entre el gobierno, los sindicatos y el sector empresarial. Sin embargo, la negativa de la CGT ha puesto en jaque esta iniciativa, evidenciando las profundas grietas que existen entre el movimiento obrero organizado y la administración actual.

La decisión de la CGT no fue unánime y refleja las tensiones internas que atraviesa la central sindical. El ala dura, liderada por Pablo Moyano de Camioneros y el sindicalismo kirchnerista, logró imponerse sobre el sector más dialoguista, que proponía participar en la instancia de negociación. Este resultado representa un revés significativo para aquellos que apostaban por una estrategia de diálogo y negociación con el gobierno.

Héctor Daer, cotitular de la CGT, explicó en una conferencia de prensa posterior a la reunión los motivos detrás de esta decisión. Según Daer, el gobierno no ha dado respuestas positivas a dos demandas fundamentales del movimiento sindical: la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el retiro de la apelación ante la Corte Suprema contra la suspensión del capítulo laboral del DNU 70. Estas exigencias habían sido planteadas la semana anterior ante el secretario Cordero, quien se había comprometido a dar una respuesta.

La falta de avances en estos puntos críticos para los trabajadores ha sido interpretada por la CGT como una señal de la falta de voluntad real de diálogo por parte del gobierno. Además, Daer criticó duramente un artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos sindicales, considerándolos una injuria laboral grave. El dirigente sindical calificó esta disposición como "nociva" y mal redactada, argumentando que podría ser utilizada para limitar severamente el derecho a la protesta.

Durante la reunión del Consejo Directivo, los sindicalistas coincidieron en su percepción de que el plan económico de Milei busca "construir la Argentina del pre-peronismo, manejada por los grandes grupos económicos y la entrega del país". Esta visión crítica del rumbo económico del gobierno se ha visto exacerbada por los efectos del ajuste y la recesión en diversas actividades económicas.

Un aspecto destacado del encuentro fue la crítica a la dirigencia del Partido Justicialista (PJ). Varios líderes sindicales expresaron su frustración por la falta de apoyo de los políticos peronistas, con comentarios como "Estamos solos, nuestros políticos no están" y "Los políticos nos abandonaron y los gobernadores defendieron intereses sectoriales". Estas declaraciones ponen de manifiesto la compleja relación entre el movimiento sindical y el peronismo en la oposición.

A pesar de las tensiones internas, Héctor Daer enfatizó que "no está en juego la unidad de la CGT". Incluso Pablo Moyano, uno de sus rivales internos, respaldó "todo lo que hizo hasta ahora" la conducción de la central obrera, a pesar de haber tomado distancia de algunas decisiones previas. Este gesto de unidad en medio de la adversidad sugiere que la CGT busca presentar un frente común ante lo que perciben como políticas hostiles del gobierno.

La decisión de la CGT de no participar en el diálogo social se complementa con otras medidas de protesta. El Consejo Directivo aprobó la propuesta de Pablo Moyano de que la central obrera acompañe el 7 de agosto la marcha de los movimientos sociales a San Cayetano. Esta acción conjunta entre sindicatos y movimientos sociales podría marcar el inicio de un frente de resistencia más amplio contra las políticas económicas del gobierno.

El endurecimiento de la postura de la CGT plantea desafíos significativos para la administración de Milei. El diálogo social, una herramienta tradicionalmente utilizada para negociar y alcanzar consensos en momentos de tensión económica y social, se ve ahora comprometido. La negativa de la central obrera a participar en este espacio podría llevar a un aumento de la conflictividad laboral y social en los próximos meses.

Por su parte, el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de cómo proceder ante esta situación. Mantener el rumbo de sus políticas económicas sin el apoyo de uno de los actores sociales más importantes del país podría resultar en un aumento de la resistencia y la protesta social. Por otro lado, ceder ante las demandas de la CGT podría ser interpretado como una señal de debilidad y comprometer los objetivos económicos de la administración.

El escenario que se presenta es complejo y dinámico. La decisión de la CGT de endurecer su postura frente al gobierno marca un punto de inflexión en las relaciones laborales y políticas del país. La forma en que evolucione esta situación en las próximas semanas y meses será crucial para determinar el rumbo de la política económica y social de Argentina.

En este contexto de creciente tensión, todos los ojos estarán puestos en la marcha del 7 de agosto a San Cayetano. Esta movilización, que contará con la participación de la CGT y los movimientos sociales, se perfila como una demostración de fuerza y un termómetro del nivel de descontento social con las políticas del gobierno.

La decisión de la CGT de rechazar el diálogo con el gobierno y optar por una estrategia de confrontación marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre el movimiento sindical y el poder político en Argentina. El desenlace de este conflicto tendrá implicaciones profundas no solo para el mundo del trabajo, sino para el futuro político y económico del país en su conjunto.