Argentina estudia reforma previsional exigida por el FMI mientras enfrenta desafíos estructurales en el sistema jubilatorio

Un informe oficial presentado recientemente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso Nacional reconoce que "la sostenibilidad del sistema previsional representa un desafío global", condicionado por fenómenos como el progresivo envejecimiento poblacional, los elevados índices de informalidad laboral y las transformaciones en las trayectorias ocupacionales de los trabajadores contemporáneos.

El documento subraya la determinación del Ejecutivo de alcanzar un sistema financieramente viable, por lo que actualmente se desarrolla "un diagnóstico exhaustivo que contempla tanto análisis demográficos y financieros, como el relevamiento de experiencias internacionales" que puedan orientar futuras intervenciones en la materia.

La reforma previsional, que inicialmente no formaba parte de la agenda prioritaria del gobierno libertario, ingresó formalmente en la hoja de ruta tras la firma del nuevo programa con el FMI. Kristalina Georgieva, titular del organismo multilateral, señaló recientemente que "partiendo del compromiso de las autoridades con un objetivo de déficit cero y de su trayectoria de lograr el primer superávit fiscal en casi dos décadas, el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal", lo que incluye específicamente reformas en los sistemas tributarios, de coparticipación y de pensiones.

La fecha límite establecida por el FMI para la implementación de estos cambios es diciembre de 2026, otorgando al gobierno un plazo considerable para diseñar e implementar las modificaciones correspondientes. Funcionarios del Ministerio de Economía han evitado realizar comentarios específicos sobre potenciales medidas, advirtiendo que las versiones circulantes responden a especulaciones y que cualquier anuncio oficial se realizará oportunamente.

El informe presentado ante el Parlamento enfatiza que "el trabajo técnico resulta fundamental para comprender la situación actual y evaluar posibles ajustes o reformas", aclarando que "por el momento no se ha definido ninguna línea concreta de acción", ya que cualquier propuesta "debe sustentarse en un análisis riguroso que garantice decisiones responsables, con perspectiva de largo plazo y sin comprometer los principios fundamentales del sistema ni el equilibrio fiscal".

La cuestión previsional generó tensiones dentro del propio gabinete en meses anteriores. El ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, fue desvinculado de su cargo tras afirmar que "el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación" y mencionar la posibilidad de crear una Prestación de Retiro Proporcional. En respuesta a estas declaraciones, el presidente Javier Milei sostuvo que "la reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral", señalando que con "el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal", resultaría inviable avanzar en modificaciones estructurales.

La informalidad laboral continúa representando un obstáculo crítico para la sostenibilidad del sistema previsional. Según los últimos datos publicados por el INDEC, al cuarto trimestre de 2024 la tasa de trabajadores no registrados alcanzó el 42% de la población ocupada, evidenciando un incremento respecto al 41,4% registrado durante el mismo período de 2023. Esta problemática afecta particularmente a mujeres y jóvenes menores de 29 años, generando consecuencias directas sobre sus futuras prestaciones jubilatorias.

Otra variable demográfica que impacta negativamente en la viabilidad del régimen previsional es la sostenida caída de la natalidad y el consecuente envejecimiento poblacional. Las estadísticas disponibles indican que durante 2023 se registraron 460.902 nacimientos, lo que representa una disminución de 315.000 respecto al pico observado en 2014. Simultáneamente, la tasa de fecundidad descendió de 2,4 hijos por mujer a apenas 1,4 en el mismo período, comprometiendo la relación entre aportantes activos y beneficiarios pasivos.

La reciente decisión gubernamental de no renovar el régimen de moratoria previsional, que permitía regularizar períodos sin aportes a quienes estaban próximos a alcanzar la edad jubilatoria, constituye un primer indicio del enfoque restrictivo que podría adoptar la reforma. Durante 2024, de las 427.505 personas que accedieron a beneficios jubilatorios, 313.950 (73,4%) lo hicieron a través de este mecanismo excepcional, evidenciando la magnitud de su impacto en el sistema.

Desde su implementación hace dos años, el Plan de Pago de Deuda Previsional permitió el acceso a prestaciones jubilatorias a 580.623 personas, de las cuales el 62% corresponden a mujeres y el 38% restante a varones. La brecha de género en el acceso a las jubilaciones ordinarias refleja las desigualdades históricas en la participación laboral formal.

Ante la finalización de la moratoria, el Ministerio de Capital Humano aclaró que continúa vigente la modalidad de activos del Plan de Pago de Deuda Previsional, dirigida a quienes están a menos de diez años de alcanzar la edad jubilatoria. Asimismo, indicó que "las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los 30 años de aportes necesarios pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)", un beneficio que representa el 80% de la jubilación mínima.

La PUAM actualmente es percibida por 203.521 personas, según los datos oficiales de marzo de 2025. El informe destaca que "el control socioeconómico de la PUAM permite tener ingresos, consumos y un patrimonio muy por encima de la situación de indigencia", señalando que "más del 85% de las personas solicitantes superan dicho control".

Especialistas en seguridad social advierten que la eliminación de la moratoria previsional sin mecanismos alternativos efectivos eleva de facto la edad jubilatoria para las mujeres que no completaron sus aportes de 60 a 65 años, la misma establecida para los hombres. Esta homogeneización implícita de la edad jubilatoria podría formalizarse en la futura reforma.

En términos generales, el informe presentado ante el Congreso sostiene que las medidas fiscales, de estabilización macroeconómica y recuperación de confianza impulsadas por el actual gobierno "están orientadas a crear las condiciones necesarias para dinamizar la actividad productiva, fomentar la inversión y, en consecuencia, generar más y mejores puestos de trabajo registrados, lo que redundará en el fortalecimiento del sistema previsional".

La jubilación mínima pasará a ser de $296.396 en mayo, complementada con un bono adicional de $70.000, una cifra que analistas consideran insuficiente frente a los requerimientos básicos de subsistencia para el segmento de adultos mayores, situación que complejiza cualquier reforma orientada a la sostenibilidad financiera sin comprometer derechos adquiridos.

El gobierno argentino deberá equilibrar las exigencias del FMI con las necesidades de una población envejecida que, en muchos casos, no ha podido completar sus aportes debido a la histórica prevalencia de la informalidad laboral y las recurrentes crisis económicas que han caracterizado al país en las últimas décadas.