El Senado anuló 5 Decretos de Milei y aprobó financiamiento para el Garraham y Universidades

La jornada del 22 de agosto de 2025 marcó un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso argentino. La Cámara alta propinó una contundente derrota política al gobierno de Javier Milei mediante la aprobación de dos proyectos de ley clave y la derogación de cinco decretos presidenciales.

El Senado nacional convirtió en ley el proyecto que garantiza incrementos presupuestarios para las instituciones de educación superior públicas, con una votación de 58 adhesiones frente a apenas 10 rechazos. Las abstenciones correspondieron a Andrea Cristina y Victoria Huala, ambas del PRO, junto con Juan Carlos Romero de Provincias Unidas.

Paralelamente, los legisladores sancionaron la iniciativa de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida popularmente como Ley Garrahan, que obtuvo 62 votos favorables contra 8 negativos. Esta medida declara la crisis en el sistema de atención médica infantil y establece mecanismos de financiamiento especial.

La debacle oficialista se completó con la anulación de un paquete de cinco decretos firmados por el mandatario, decisión respaldada por más de dos tercios de los senadores presentes. La fuerza libertaria apenas logró reunir 13 votos en las votaciones más favorables, evidenciando su aislamiento parlamentario.

Nuevo marco normativo para la educación superior
La legislación aprobada establece que los gastos operativos de las casas de estudio públicas deberán ajustarse al 1 de enero de 2025, considerando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor que informa el INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Durante el presente año, las actualizaciones serán bimestrales.

El texto normativo obliga al Ejecutivo nacional a recomponer las remuneraciones del personal docente y no docente universitario desde diciembre de 2023 hasta la promulgación de la ley, aplicando un porcentaje no inferior al IPC del mismo período. Todos los aumentos deberán tener carácter remunerativo y bonificable.

Un aspecto central de la norma establece la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias dentro de los 30 días posteriores a su sanción. Estas reuniones no podrán exceder intervalos de 3 meses calendarios, asegurando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación oficial para ambos sectores del personal universitario.

Tensión política en el recinto
El debate parlamentario reflejó las profundas divisiones sobre las políticas económicas del gobierno. El senador peronista Fernando Salino denunció que en los primeros cinco meses de 2025 se transfirió 22,5% menos recursos que en el mismo período de 2023. Señaló que la inversión universitaria representó 0,72% del PBI en 2023, mientras que para el ejercicio actual se estima en 0,43%.

Según los cálculos presentados por Salino, el costo fiscal de la nueva legislación rondaría el 0,12% del Producto Bruto Interno, una cifra que considera manejable dentro del presupuesto nacional.

El radical Maximiliano Abad lamentó la ausencia de políticas estructurales, argumentando que si durante 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, el Congreso estaría debatiendo reformas productivas integrales. Criticó la gestión presupuestaria sin marco legal, comparándola con navegar sin instrumentos de orientación.

El santacruceño José María Carambia intentó descomprimir el clima político aclarando que la votación no constituía una posición personal contra el presidente, mientras que el radical Flavio Fama defendió la educación pública cuestionando la ausencia de auditorías que respalden las denuncias de mal manejo de fondos.

Respuesta oficial y proyecciones
El cierre del debate quedó a cargo del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, quien dirigió sus críticas hacia la educación básica. El senador jujeño expuso datos alarmantes: uno de cada 10 niños no domina la lectura, proporción que asciende a uno de cada 5 en los sectores más vulnerables, mientras que la mitad de los estudiantes no comprende textos.

Atauche denunció que durante décadas se pervirtió el sistema educativo, utilizando las aulas para "lavado de cerebro y disputa ideológica". Destacó la desproporción en la distribución presupuestaria: el 4% de los graduados nacionales proviene del 30% de las universidades que concentran el 55% del presupuesto salarial.

Emergencia en salud pediátrica
La segunda victoria opositora se concretó con la sanción de la emergencia pediátrica, respaldada por Unión por la Patria, UCR, PRO y bloques provinciales. La resistencia provino exclusivamente de La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

La norma garantiza el acceso efectivo, oportuno y equitativo a servicios de salud pediátrica, asegurando el funcionamiento adecuado de hospitales públicos especializados. Exhorta al Ministerio de Salud a recomponer inmediatamente los salarios del personal asistencial y no asistencial que atiende población infantil, incluyendo residentes nacionales.

La recomposición salarial no podrá ser inferior a los niveles reales de noviembre de 2023. Además, exime del pago de ganancias al personal de salud que desempeña actividades críticas, horas extras y guardias.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y ampliar recursos mediante reservas destinadas a contingencias sanitarias. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que equiparar las remuneraciones al nivel de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de 65.573 millones de pesos entre julio y diciembre.

Impacto político y escenarios futuros
La jornada parlamentaria representa un punto de inflexión en la gobernabilidad del presidente Milei, quien ahora enfrenta la disyuntiva de vetar ambas leyes o aceptar un incremento significativo del gasto público que contradice sus postulados de austeridad fiscal.

Si el Ejecutivo decide el veto, el Congreso podrá insistir con mayorías de dos tercios en ambas cámaras, escenario que parece factible considerando los amplios respaldos obtenidos. Esta situación configura un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y la oposición parlamentaria, con implicancias directas sobre sectores estratégicos como educación y salud.

La derrota legislativa evidencia el aislamiento político del gobierno libertario y su dificultad para construir consensos parlamentarios, elementos esenciales para la implementación de reformas estructurales en un sistema presidencialista que requiere equilibrios institucionales para su funcionamiento efectivo.