Oposición logró reactivar la comisión investigadora del caso Libra en el Congreso

El Congreso Nacional experimentó una jornada de alta tensión política cuando bloques opositores lograron reactivar la comisión investigadora del controvertido caso Libra, nombrando a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica como su presidente tras meses de parálisis institucional. La decisión representa un nuevo revés para la administración de Javier Milei, que enfrenta múltiples frentes de investigación parlamentaria mientras lidia simultáneamente con el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La coalición opositora integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y fuerzas de izquierda consiguió destrabar el funcionamiento de este organismo investigativo que permanecía inactivo desde su creación formal en abril. Esta reactivación ocurre en un contexto particularmente adverso para el gobierno libertario, que debe enfrentar cuestionamientos simultáneos sobre irregularidades en diferentes áreas de la gestión pública.

El proceso de designación de autoridades generó confrontaciones inmediatas con representantes gubernamentales. Gabriel Bornoroni, vocero de La Libertad Avanza, cuestionó duramente la legitimidad del procedimiento argumentando que violaba principios de representación proporcional entre mayorías y minorías parlamentarias. El legislador oficialista advirtió sobre precedentes peligrosos que esta decisión podría establecer y anunció impugnaciones formales contra la constitución de la comisión.

La protesta de Bornoroni incluyó el retiro físico de toda la bancada libertaria del recinto, seguida inmediatamente por diputados del PRO en una demostración coordinada de rechazo al procedimiento. Esta estrategia de abandono buscaba cuestionar la validez de decisiones tomadas sin representación del oficialismo, aunque no logró impedir la continuidad del proceso de votación entre fuerzas opositoras.

Silvana Giudici, representante del PRO, reforzó las objeciones oficialistas sosteniendo que cualquier actividad posterior al vencimiento del plazo original constituye una irregularidad procedimental grave. La legisladora denunció la implementación de criterios de votación ponderada como mecanismo inconstitucional que amenaza la pluralidad política en la Cámara baja, anticipando futuras disputas legales sobre la legitimidad de las conclusiones que pueda alcanzar la comisión.

La elección de Ferraro como presidente no resultó casual, considerando su autoría del proyecto que modificó la resolución original de creación de la comisión. Esta iniciativa legislativa resultó instrumental para destrabar el funcionamiento del organismo investigativo, superando obstáculos procedimentales que habían impedido su operatividad durante meses. Su designación representa tanto reconocimiento a su rol técnico como decisión estratégica para conducir investigaciones sensibles.

El cronograma de trabajo establecido contempla reuniones semanales o cada diez días, precedidas por la elaboración de un reglamento interno que definirá procedimientos para citaciones a funcionarios. Estas convocatorias se formalizarán mediante pedidos de informes, mecanismo que otorga marco legal apropiado para requerir comparecencias y documentación oficial relacionada con el caso bajo investigación.

Las modificaciones introducidas a la resolución original incluyen cambios significativos en los artículos 4 y 10 que alteran tanto mecanismos de elección de autoridades como plazos de funcionamiento. El nuevo artículo 4 establece que en caso de empate para la presidencia, el cargo corresponderá al candidato respaldado por bloques parlamentarios que sumen la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara, criterio que favorece sistemáticamente a fuerzas opositoras.

La extensión temporal hasta el 10 de noviembre de 2025 para la producción de informes, dictámenes y conclusiones constituye otro elemento controvertido de las reformas implementadas. Esta prórroga contrasta con la posición oficialista que considera vencidos los plazos originales desde el 30 de julio pasado, cuando se cumplieron los 90 días inicialmente previstos para el desarrollo de actividades investigativas.

La disputa sobre plazos refleja interpretaciones jurídicas divergentes sobre el momento de inicio del período de funcionamiento. Mientras el oficialismo computa desde la aprobación de la resolución creativa, la oposición argumenta que el conteo debe comenzar desde la designación efectiva de autoridades, evento que nunca se había materializado debido a paridades irresolubles entre bloques parlamentarios.

La comisión investigadora fue creada originalmente el 8 de abril mediante votación que arrojó 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones, evidenciando divisiones significativas pero mayoría opositora suficiente para su establecimiento. Su mandato específico contempla determinar presuntas responsabilidades del presidente Milei y su hermana Karina en la promoción de la criptomoneda Libra, tema que la Justicia investiga por posible estafa.

Durante el período de parálisis institucional, la comisión había logrado citar a diversas autoridades gubernamentales incluyendo al jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva. Sin embargo, únicamente Francos concurrió a la interpelación parlamentaria, evidenciando resistencia ejecutiva a colaborar con investigaciones legislativas.

Los intentos previos para resolver la paridad entre oficialistas y opositores entre los 28 diputados integrantes habían fracasado sistemáticamente, manteniendo al secretario parlamentario Adrián Pagán como coordinador provisorio de reuniones sin autoridades definitivamente designadas. Esta situación de interinato impedía el desarrollo normal de actividades investigativas y generaba cuestionamientos sobre la legitimidad de eventuales conclusiones.

La reactivación exitosa de la comisión representa una victoria táctica significativa para fuerzas opositoras que habían invertido recursos políticos considerables en mantener vivo este mecanismo de control parlamentario. La designación de Ferraro como presidente garantiza conducción técnica apropiada mientras simboliza capacidad opositora para superar obstáculos procedimentales impuestos por el oficialismo.

El contexto de múltiples investigaciones simultáneas complica la posición gubernamental que debe distribuir recursos de comunicación y defensa legal entre diferentes frentes de conflicto. El caso Libra se suma al escándalo ANDIS generando presión sostenida sobre la administración libertaria en momentos críticos previos a elecciones legislativas que podrían redefinir equilibrios de poder en el Congreso.

La operatividad efectiva de la comisión investigadora dependerá de su capacidad para obtener colaboración de funcionarios citados y acceder a documentación oficial relevante para esclarecer responsabilidades en el caso Libra. Las estrategias de resistencia desarrolladas por el Ejecutivo durante la fase de parálisis institucional sugieren que la confrontación entre poderes continuará intensificándose a medida que avancen las investigaciones parlamentarias.

Las implicaciones políticas de esta reactivación trascienden el caso específico bajo investigación para establecer precedentes sobre capacidades de control parlamentario frente a administraciones que resisten mecanismos de accountability institucional. El éxito o fracaso de esta iniciativa influirá en futuras estrategias opositoras para ejercer funciones de contrapeso democrático en contextos de polarización política creciente.