Casa Rosada acusa operación de inteligencia contra Karina Milei y realiza denuncia ante la Justicia Federal

El Poder Ejecutivo argentino formalizó una presentación judicial ante la justicia federal denunciando una presunta maniobra de espionaje dirigida contra funcionarios de alto rango, particularmente contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario nacional. La acción legal surge tras la difusión de registros sonoros que, según la versión oficial, forman parte de una estrategia destinada a desestabilizar al gobierno en pleno período de campaña electoral.

Manuel Adorni, portavoz presidencial, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, caracterizando los hechos como un ataque planificado que excede los límites de una simple filtración periodística. El funcionario enfatizó que las conversaciones privadas fueron obtenidas de manera ilícita, posteriormente manipuladas y distribuidas con fines de presión política hacia el Ejecutivo nacional.

La controversia se desató el viernes anterior cuando salieron a la luz grabaciones atribuidas a la hermana del presidente, difundidas por el mismo periodista que había revelado anteriormente los audios de Diego Spagnuolo relacionados con presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los nuevos registros sonoros, aunque no contienen referencias directas al escándalo de ANDIS, fueron presentados por sus difusores como el inicio de una serie de revelaciones programadas para los próximos días.

En los fragmentos divulgados se escucha a Karina Milei haciendo referencia a la necesidad de mantener la unidad interna del oficialismo, expresando preocupación por eventuales divisiones en el espacio político gubernamental. Un segundo registro la muestra describiendo su rutina laboral en la Casa Rosada, mencionando horarios de trabajo que se extienden desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas.

La revelación de estos audios generó una reacción inmediata en las altas esferas del gobierno, donde se interpretó la difusión como un mensaje intimidatorio que trasciende el contenido específico de las grabaciones. Fuentes oficiales consultadas expresaron su preocupación no tanto por lo registrado, sino por las implicancias de seguridad que supone la capacidad de captar conversaciones privadas en el centro neurálgico del poder ejecutivo.

La inquietud gubernamental se intensificó ante la información de que existirían grabaciones adicionales involucrando a otros ministros, programadas para ser difundidas en las próximas jornadas. Esta situación generó lo que algunos funcionarios describieron como un clima de paranoia institucional, donde cualquier integrante del gabinete podría haber sido objeto de registro subrepticio durante los casi 2 años de gestión.

La gravedad percibida por el oficialismo motivó una reunión nocturna de emergencia en la sede presidencial, con participación de figuras clave como el vocero Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el apoderado partidario Santiago Viola. Los detalles finales de la estrategia legal fueron definidos en coordinación con equipos de la Procuración del Tesoro, encabezados por Santiago Castro Videla.

La denuncia penal fue presentada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, actuando por indicación expresa de la ministra Patricia Bullrich. El documento legal caracteriza los hechos como una violación a la Ley 25.520, que regula las actividades de inteligencia nacional y prohíbe operaciones no institucionales de este tipo.

El escrito judicial describe una maniobra sistemática orientada a influir ilegítimamente sobre la opinión pública mediante el uso de grabaciones obtenidas de forma clandestina. La presentación argumenta que el objetivo final consiste en generar alarma social, desinformar a la población, desestabilizar indicadores económicos fundamentales e incidir en el proceso electoral que se avecina.

La denuncia solicita como medida cautelar urgente la prohibición de difundir, reproducir o hacer circular los registros obtenidos, así como cualquier material relacionado con la presunta operación ilícita. Esta petición se fundamenta en la necesidad de preservar la legalidad, el estado de derecho y la transparencia de los procesos democráticos.

El documento oficial otorga particular gravedad a la posibilidad de que parte de la operación se haya ejecutado dentro de la Casa Rosada o en otros despachos públicos. Esta circunstancia elevaría significativamente la seriedad de la maniobra, configurando lo que el Ministerio de Seguridad califica como una injerencia sin precedentes en la vida política nacional.

La presentación judicial enfatiza que no se trata de una filtración casual ni de un hecho espontáneo, sino de una secuencia cuidadosamente planificada con objetivos políticos y comunicacionales específicos. El timing de las revelaciones, coincidente con la etapa más intensa de la campaña previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y los comicios nacionales del 26 de octubre, es interpretado como una elección estratégica deliberada.

El Ministerio de Seguridad caracteriza la operación como un intento de "enrarecer el clima preelectoral y generar violencia durante las apariciones públicas de los funcionarios espiados". Esta interpretación sugiere que el gobierno percibe las grabaciones como parte de una estrategia más amplia destinada a crear tensión social y política en momentos cruciales del calendario electoral.

La denuncia describe la utilización de conversaciones privadas de la hermana presidencial por parte de lo que denomina una "organización criminal", constituyendo una práctica que el documento equipara con la legalización de la extorsión política y periodística, encubierta bajo el pretexto del ejercicio de la libertad de prensa.

La respuesta gubernamental refleja la percepción oficial de que las grabaciones forman parte de una operación de inteligencia ilegal, amplificada posteriormente a través de redes sociales y medios de comunicación seleccionados específicamente para maximizar el daño reputacional al gobierno nacional en momentos críticos del ciclo político electoral.