La centenaria empresa papelera Celulosa Argentina formalizó su presentación ante la justicia comercial para acogerse al régimen de concurso preventivo de acreedores, una medida desesperada para evitar la liquidación definitiva tras acumular quebrantos por 172.634 millones de pesos en su último ejercicio económico. La compañía, que durante más de un siglo operó como referente del sector industrial nacional, atraviesa la peor crisis de su historia con un patrimonio neto negativo que alcanza los 23.774 millones de pesos.

El colapso financiero de la firma refleja una combinación letal de factores internos y externos que convergieron en un escenario insostenible. Las cifras del balance revelan una caída del 44% en los ingresos totales, acompañada por un resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones negativo por 20.146 millones de pesos, configurando un cuadro de inviabilidad económica que dejó a la empresa en situación de quiebra técnica.

La debacle operativa se intensificó durante el segundo semestre cuando las ventas se desplomaron 52% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta contracción brutal del volumen comercial obligó a la dirección empresarial a implementar una estrategia de supervivencia basada en el incremento de las exportaciones, que crecieron 104%, aunque con márgenes significativamente menores a los obtenidos en el mercado doméstico. Paralelamente, las ventas internas experimentaron una reducción del 32% medida en toneladas, evidenciando la pérdida de posicionamiento en el segmento local.

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Los directivos reconocieron públicamente que los costos operacionales experimentaron incrementos sustanciales, particularmente aquellos denominados en divisas extranjeras, sin que la empresa pudiera trasladar estos aumentos a los precios finales debido a la contracción de la demanda y la presión competitiva ejercida por las importaciones. Esta dinámica perversa provocó el deterioro de la rentabilidad bruta en 17 puntos porcentuales y de la operativa en 31 puntos, cuando el ejercicio precedente había registrado márgenes positivos de 25% y 14% respectivamente.

La falta de liquidez para sostener las operaciones diarias condujo a la paralización total de las instalaciones productivas ubicadas en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, y Zárate, en territorio bonaerense. Ambas plantas permanecen inactivas desde finales de julio, mientras que la subsidiaria correntina Forestadora Tapebicuá también suspendió su producción por tiempo indeterminado. Esta decisión afectó directamente a más de 500 trabajadores y forzó al gobierno provincial de Corrientes a implementar un programa de subsidios de emergencia para paliar el impacto social.

El deterioro financiero se aceleró en mayo cuando la compañía declaró su incapacidad para afrontar los vencimientos de instrumentos de deuda y obligaciones negociables, ingresando formalmente en situación de incumplimiento. Un mes después, la conducción empresarial presentó una propuesta de reestructuración que contemplaba el refinanciamiento de 128 millones de dólares en pasivos, incluyendo la postergación de pagos durante 24 meses, la aplicación de tasas de interés reducidas y la subordinación de créditos del accionista controlante por 21 millones de dólares.

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Sin embargo, esta iniciativa de reorganización patrimonial no logró obtener el nivel de adhesión requerido entre los acreedores, quienes mantuvieron una postura escéptica respecto a la capacidad de recuperación de la empresa. La situación se complicó adicionalmente cuando Tecmaco Integral, identificado como uno de los principales acreedores, radicó una solicitud de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial Número 1 de San Lorenzo, intensificando la presión judicial sobre la compañía.

Tras el default declarado en mayo, Celulosa Argentina perdió completamente el acceso a líneas de crédito bancario, viéndose obligada a operar exclusivamente bajo un esquema de pagos contra entrega, transacciones al contado o mediante la cesión de cheques de terceros. Este mecanismo restrictivo solamente pudo mantenerse durante algunas semanas hasta que la carencia de capital de trabajo hizo inviable la continuidad de la actividad productiva.

Los aportes de capital realizados por el accionista mayoritario durante los últimos meses, estimados en 7,6 millones de dólares, resultaron insuficientes para revertir la espiral descendente. La dirección empresarial admitió que varios grupos inversores evalúan la posibilidad de ingresar como socios estratégicos para aportar los recursos necesarios y recomponer el capital operativo, aunque reconoció que tanto los plazos como los resultados de estas negociaciones permanecen inciertos.

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La crisis de Celulosa Argentina trasciende los límites de una empresa individual para configurarse como un síntoma de las dificultades estructurales que enfrenta el sector papelero nacional. Sus subsidiarias también experimentan problemas severos: en Uruguay, Fanapel enfrenta restricciones de capital de trabajo que comprometen su operatoria, mientras que en Argentina, la paralización de las plantas de Capitán Bermúdez y Zárate priva al mercado local de uno de sus proveedores históricos más relevantes.

La presentación en concurso preventivo representa un punto de inflexión crítico en la trayectoria centenaria de la compañía. A partir de este momento, todas las negociaciones con acreedores deberán desarrollarse bajo supervisión judicial, en un proceso que definirá si la empresa logra reestructurar sus pasivos y reactivar sus operaciones o si, por el contrario, avanza hacia una liquidación ordenada de sus activos.

La supervivencia de Celulosa Argentina dependerá fundamentalmente de su capacidad para atraer inversores externos dispuestos a inyectar los recursos financieros necesarios, alcanzar un acuerdo satisfactorio con la masa de acreedores y recomponer un capital de trabajo que permita reanudar la actividad productiva antes de que el deterioro patrimonial se torne definitivamente irreversible.