La inflación en Argentina ha experimentado un desplome significativo desde que el gobierno de Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023. Sin embargo, este logro no ha sido gratuito y ha dejado al descubierto la existencia de una inflación reprimida en diversos sectores de la economía. Según Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunos rubros aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la gestión de Alberto Fernández, cuando los precios estaban regulados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta el desafío de equilibrar el "sinceramiento" de precios con la necesidad de mantener bajo control el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. A pesar del superávit fiscal, Caputo ha optado por frenar algunos aumentos y recalcular el ritmo de la liberación de precios, postergando así la reducción de subsidios.

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Según los datos presentados por Werning, servicios públicos como la luz y el gas natural todavía se encuentran un 40% por debajo de los niveles de 2019. El transporte público a nivel nacional, por su parte, está un 20% por debajo de aquel período. Los combustibles, en cambio, están cerca de recuperar el retraso en términos reales, gracias a la liberación de precios en los surtidores desde diciembre de 2023.

En cuanto a los ingresos, la Asignación Universal por Hijo (AUH) está un 20% por debajo de 2019, mientras que las jubilaciones, los salarios públicos y privados se encuentran aún más rezagados. Las expensas y los alquileres han recuperado terreno, pero aún les queda un largo camino por recorrer para volver a los niveles previos a las últimas leyes que regularon las condiciones de los contratos.

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Por otro lado, algunos sectores han experimentado una importante recuperación, como los planes de medicina prepaga, que fueron obligados por el gobierno a retrotraer sus precios en línea con el IPC. Otros rubros, como electrodomésticos, alimentos empaquetados, restaurantes y hoteles, medicamentos, ropa y vehículos, se encuentran por encima de los niveles de 2019.

La consultora Econviews advierte que postergar los aumentos implica no reducir los subsidios, lo que afecta al fisco. Además, señala que cuando estos ajustes de tarifas se concreten, el impacto en los precios será inevitable. Por su parte, la consultora Invecq destaca que los salarios registrados empeoraron su rezago en abril respecto a noviembre de 2023, mientras que los dólares oficial y blue también se mantienen atrasados.

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El gobierno proyecta una inflación interanual del 139,7% para diciembre de 2024 y espera que a partir de mayo la desaceleración del dato mensual impacte en un descenso de la medición interanual. Sin embargo, la interrupción en el ajuste de precios relativos como vehículo para mantener el sendero descendente de la inflación podría volverse en contra y significar un costo en términos fiscales y de confianza en la consistencia de la desinflación.

El head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, estima que en diciembre de 2023 los rubros regulados se encontraban un 37% por debajo de diciembre de 2019 en términos reales, y que este atraso se atenuó hasta abril a un 18%, después del último ajuste.

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La administración de Milei enfrenta el reto de corregir los precios relativos sin disparar la inflación. La decisión de no aplicar en mayo los aumentos previstos en luz y gas busca consolidar el proceso de desinflación, pero podría extenderse durante todo el invierno. En abril, la inflación volvió a un dígito mensual después de seis meses, aunque el rubro servicios públicos saltó un 35,6% y la categoría regulados un 18,4%.

En conclusión, Argentina se encuentra en un delicado equilibrio entre la necesidad de corregir la inflación reprimida en diversos sectores y el objetivo de mantener la inflación bajo control. El gobierno deberá tomar decisiones estratégicas para evitar que el ajuste de precios relativos se vuelva en su contra y ponga en riesgo la consistencia de la desinflación. El camino hacia una economía más estable y previsible requerirá de una gestión hábil y prudente por parte de las autoridades económicas.