El panorama político argentino se intensifica mientras el presidente Javier Milei afronta una compleja batalla legislativa que amenaza con revertir medidas centrales de su gestión. La Casa Rosada se prepara para defender tanto sus vetos presidenciales como los controversiales decretos de reestructuración estatal ante una oposición que busca capitalizar el momento electoral.

La Cámara de Diputados convocó sesión para este miércoles a las 12:00, donde la coalición opositora intentará reunir los dos tercios necesarios para anular las decisiones del Ejecutivo. El temario incluye el polémico veto al incremento jubilatório del 7,2% y el aumento del bono mensual de 70.000 a 110.000 pesos, medidas que habían obtenido amplio respaldo parlamentario antes de la intervención presidencial.

Paralelamente, el Senado evalúa sesionar el jueves para rechazar definitivamente los decretos del denominado plan motosierra, que eliminó organismos como la Dirección Nacional de Vialidad y modificó estructuralmente el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta estrategia de pinzas coloca al gobierno libertario en una posición defensiva inédita desde su asunción.

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La emergencia en discapacidad representa otro frente de batalla legislativa. El veto presidencial a esta normativa, que asignaba recursos adicionales al sector, recibió un revés judicial reciente cuando la Justicia Federal falló en contra de la decisión ejecutiva. La oposición considera este precedente como impulso adicional para insistir con la legislación original.

El contexto electoral agrega presión al escenario parlamentario. Con las listas cerradas para los comicios de octubre, legisladores que no lograron renovar sus candidaturas podrían modificar sus posiciones tradicionales. Fuentes opositoras especulan con posibles cambios de voto entre diputados del PRO y aliados provinciales del oficialismo que resultaron desplazados en el armado electoral.

La táctica del sánguche emerge como estrategia opositora para garantizar quórum durante toda la sesión. Esta metodología intercala el tratamiento de vetos con proyectos de interés provincial, particularmente aquellos que obligan al Ejecutivo a distribuir Aportes del Tesoro Nacional y recursos del impuesto a combustibles entre las jurisdicciones subnacionales.

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Sin embargo, gobernadores que sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza, como Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo de Mendoza, comenzaron a retirar apoyo a estas iniciativas. Prefieren la contrapropuesta oficialista que posterga la distribución de fondos hasta el cierre del ejercicio fiscal, brindando un respiro al gobierno nacional.

El caso LIBRA añade complejidad al panorama. La oposición impulsa modificaciones al reglamento de la comisión investigadora para ponerla en funcionamiento bajo presidencia opositora. El kirchnerismo anticipa citaciones a Karina Milei, hermana y asesora presidencial, generando inquietud en el Ejecutivo sobre las derivaciones políticas de esta pesquisa.

En el Senado, la bancada de Unión por la Patria busca asegurar 37 votos para autoconvocar sesión y rechazar los decretos presidenciales. El kirchnerismo cuenta con 34 senadores y podría alcanzar la mayoría simple sumando a los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, junto con la larretista Guadalupe Tagliaferri del bloque PRO.

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Los decretos cuestionados formaron parte del programa de reestructuración estatal encomendado al ministro Federico Sturzenegger. Las medidas eliminaron, fusionaron o redujeron drásticamente funciones y personal de dependencias como INTI, INTA, Marina Mercante y organismos culturales, consideradas esenciales para mantener el equilibrio fiscal gubernamental.

La reunión del interbloque opositor con Abuelas de Plaza de Mayo evidencia la estrategia de construir consensos sociales amplios. José Mayans, jefe de la bancada kirchnerista, se comprometió públicamente a rechazar el decreto que afecta al Banco Nacional de Datos Genéticos, fundamental para la búsqueda de nietos desaparecidos durante la dictadura militar.

Los números parlamentarios resultan inciertos para ambos bandos. Mientras la oposición confía en reunir 133 diputados para superar el quórum de 129, reconoce no tener asegurados los dos tercios necesarios para todos los vetos, particularmente el relacionado con la moratoria previsional para trabajadores sin 30 años de aportes.

Las comisiones senatoriales aceleran dictámenes para proyectos destinados al Hospital Garrahan y universidades nacionales. Ambas iniciativas poseen media sanción de Diputados y la oposición intentará aprobarlas sobre tablas con mayoría de dos tercios, aumentando la presión sobre el oficialismo en materia de asignación presupuestaria.

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El reloj electoral condiciona las estrategias de ambos sectores. La renovación parlamentaria de octubre podría modificar sustancialmente la correlación de fuerzas, incentivando a la oposición más dura a maximizar su capacidad de control legislativo en estas últimas sesiones antes de los comicios.

El gobierno interpreta esta ofensiva como intentos de socavar el plan económico que logró reducir la inflación mensual. Desde la perspectiva oficialista, los vetos y decretos cuestionados resultan fundamentales para sostener el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica alcanzada durante los primeros meses de gestión.

La batalla parlamentaria trasciende lo legislativo para instalarse en el debate electoral. Sectores opositores buscan posicionar los temas más incómodos para el gobierno en el centro de la campaña, transformando las sesiones parlamentarias en escenarios de disputa política que exceden las fronteras del Congreso Nacional.

Esta convergencia de factores coloca al presidente Milei ante uno de sus mayores desafíos legislativos, donde la capacidad de negociación y construcción de consensos resultará determinante para preservar las políticas centrales de su programa de gobierno en un contexto de creciente polarización parlamentaria y proximidad electoral.