La administración de Javier Milei afronta una jornada parlamentaria decisiva donde múltiples iniciativas sociales y fiscales de alto impacto político se someterán a evaluación legislativa. El escenario presenta incertidumbres significativas debido a tensiones recientes con mandatarios provinciales sobre distribución de recursos y resentimientos generados durante procesos de confección de listas electorales en todo el territorio nacional.

La oposición parlamentaria muestra confianza renovada tras obtener victorias contundentes en sesiones previas, cuando logró aprobar financiamiento universitario adicional y emergencia pediátrica, además de rechazar múltiples decretos delegados. El inicio oficial de la campaña electoral añade presión sobre los legisladores, quienes deben considerar cuidadosamente posiciones que podrían afectar perspectivas electorales en la recta final hacia los comicios.

Un diputado dialoguista sintetizó la estrategia opositora la semana pasada, enfatizando la importancia de clarificar posiciones públicas respecto a jubilados y personas con discapacidad, anticipando costos políticos para quienes voten negativamente. Esta discusión se resolvió favorablemente hacia realizar la sesión rápidamente, considerando dificultades futuras para garantizar presencia de diputados durante la etapa final de campaña, cuando estarán enfocados en actividades territoriales provinciales.

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La táctica opositora replica métodos de sesiones anteriores, ubicando proyectos relacionados con fondos provinciales en posiciones intermedias y finales del debate. Esta estrategia busca evitar que gobernadores abandonen el recinto tras aprobar únicamente iniciativas de su interés directo, condicionando el respaldo a temas provinciales con votaciones previas sobre cuestiones sociales prioritarias.

La declaración de emergencia en discapacidad encabeza la agenda parlamentaria. Esta normativa, aprobada previamente por amplias mayorías y vetada por Milei debido a implicancias fiscales, propone incrementos en pensiones e indexación inflacionaria de prestaciones profesionales. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula un impacto entre 0,22% y 0,42% del Producto Bruto Interno. Tanto oficialismo como oposición coinciden en otorgar altas probabilidades de aprobación a este proyecto.

El aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con incremento del bono de 70.000 a 110.000 pesos con actualización inflacionaria posterior, constituye el segundo punto de debate. Estas leyes, también vetadas por el presidente, representan gastos del 0,7% del PBI según estimaciones oficiales. La definición resulta incierta y dependerá crucialmente de posiciones adoptadas por la Unión Cívica Radical y diversos gobernadores.

La distribución automática de Adelantos del Tesoro Nacional entre provincias configura el tercer tema parlamentario. Esta iniciativa cuenta con media sanción senatorial y respaldo unánime de mandatarios provinciales. Durante debate en comisión, los libertarios presentaron propuestas intermedias en dictámenes de minoría, sumando apoyo de representantes de Alfredo Cornejo en Mendoza, Ignacio Torres en Chubut y Marcelo Orrego en San Juan. Otros gobernadores expresaron disposición a analizar alternativas, considerando que opciones menos beneficiosas evitarían vetos presidenciales.

El temario incluye destrabe de la comisión del peso digital, que nunca funcionó debido a empates que impidieron elegir autoridades. La nueva iniciativa, dictaminada recientemente, establece mecanismos de desempate mediante designación del candidato respaldado por bloques parlamentarios con mayor representación en la Cámara.

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Modificaciones de husos horarios para ahorro energético y actualizaciones de montos para delitos de evasión tributaria completan la agenda inicial. Posteriormente se abordará la reversión del veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, proyecto originalmente incluido en sesiones anteriores pero retirado por falta de consenso.

La moratoria previsional y coparticipación del impuesto a combustibles líquidos cierran el programa. La primera propone restituir sistemas que permitían a personas sin 30 años de aportes completar saldos faltantes para acceder a jubilación mínima. Este proyecto carece de respaldo mayoritario entre bloques dialoguistas, sugiriendo ratificación probable del veto presidencial.

Respecto al impuesto sobre combustibles líquidos, programado al final para evitar sabotaje del quórum por gobernadores, Casa Rosada presentó contrapropuestas durante debates comisionales. Las provincias aún no manifestaron posiciones públicas definitivas sobre estas alternativas.

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Los "87 héroes" que blindaron vetos presidenciales anteriores incluyeron PRO, MID, radicales oficialistas y algunos gobernadores. Esta coalición enfrenta desafíos para repetir el respaldo unánime al equilibrio fiscal en circunstancias actuales.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, publicó mensajes en redes sociales rechazando el veto a emergencia en discapacidad, declarando que "Argentina no progresará dando la espalda a quienes más necesitan". Aunque no precisó posiciones sobre jubilaciones, sus diputados más cercanos respaldaron medias sanciones correspondientes.

Fuentes cercanas a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, confirmaron que el bloque Independencia mantendrá apoyo al aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad. Jaldo había manifestado públicamente su desacuerdo con decisiones presidenciales de vetar estas leyes, posición significativa considerando su ruptura previa con el peronismo para alinearse con Milei y participación de sus 3 diputados entre los "87 héroes" del año anterior.

Dos diputadas salteñas de Innovación Federal, respondiendo directamente a Gustavo Sáenz, también respaldaron incrementos jubilatorios previamente. La relación entre el líder salteño y Casa Rosada atraviesa momentos complejos tras elecciones legislativas provinciales donde perdió ante libertarios en Salta capital.

El PRO presenta incógnitas debido a acuerdos electorales en provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma que generaron inconformidades. María Eugenia Vidal, junto a 8 compañeros de bancada amarilla, se abstuvo durante aprobación de media sanción, criticó públicamente acuerdos con libertarios en Capital y difícilmente acompañe al Gobierno.

La UCR registró 9 abstenciones en votaciones previas. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque, intentó infructuosamente cerrar alianzas con libertarios en Córdoba, generando incertidumbre sobre comportamiento futuro del partido centenario tras fracaso de negociaciones electorales. Lisandro Nieri y Pamela Verasay, representantes mendocinos cercanos a Cornejo, anticiparon alineamiento con oficialismo, mientras otros legisladores mantienen indefinición pública.

La oposición aclaró previamente que abstenciones favorecen al Gobierno al elevar umbrales para alcanzar 2 tercios necesarios, mientras ausencias facilitan obtención de mayorías especiales al reducir denominadores de cálculo. Oscar Agost Carreño, candidato del PRO no macrista en Córdoba, sintetizó opciones: votar afirmativamente defiende leyes y jubilados, mientras votar negativamente o abstenerse respalda posiciones gubernamentales.

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La distribución territorial de apoyos y oposiciones reflejará tensiones entre compromisos fiscales nacionales y demandas sociales locales. Gobernadores enfrentan presiones cruzadas entre necesidades provinciales de recursos y disciplina presupuestaria exigida por programas internacionales.

El timing electoral añade complejidad a decisiones parlamentarias, donde posiciones adoptadas repercutirán directamente en campañas territoriales. Legisladores deben equilibrar consistencia programática con consideraciones electorales inmediatas en contextos provinciales específicos.

La capacidad del oficialismo para mantener coaliciones de veto determinará la viabilidad de políticas de austeridad fiscal en momentos de presión social creciente. Fracturas en alianzas previas podrían señalizar límites políticos a estrategias de consolidación presupuestaria.

Los resultados parlamentarios influenciarán percepciones de mercados sobre estabilidad política y sostenibilidad de programas económicos. Derrotas significativas en el Congreso podrían interpretarse como debilitamiento de capacidades de implementación de políticas oficiales.

La mega sesión representa una prueba crucial para la gobernabilidad en contextos de campaña electoral, donde convergencia entre disciplina fiscal y demandas sociales define márgenes de maniobra política disponibles para la administración nacional en su segundo año de gestión.