La tensión política en Argentina alcanzó un nuevo punto álgido el 31 de julio de 2024, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió duramente contra el presidente Javier Milei. El motivo de la controversia fue la decisión del gobierno nacional de trasladar la construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF desde Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, a Río Negro.

En una conferencia de prensa desde La Plata, Kicillof no escatimó en críticas hacia el mandatario nacional, acusándolo de tomar una decisión basada en la venganza política y no en criterios técnicos o económicos. "Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires", declaró el gobernador, sugiriendo que la reubicación de la planta es una represalia por los resultados electorales adversos para el oficialismo en el distrito más poblado del país.

El proyecto en cuestión

La planta de GNL en disputa es considerada como "la obra más grande de la historia argentina". Su importancia radica en el potencial para transformar a Argentina en un exportador de gas natural licuado, aprovechando los recursos del yacimiento de Vaca Muerta. La inversión estimada ronda los 10.000 millones de dólares, lo que la convierte en un proyecto estratégico para el desarrollo económico del país.

Originalmente, se había anunciado que la planta se construiría en el puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Según Kicillof, este proyecto llevaba años de planificación. "Esto existe desde 2012 y 2014", afirmó, detallando que en septiembre de 2022 se firmó un memorando de entendimiento con la empresa Petronas para avanzar con la inversión.

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La polémica decisión

La controversia estalló cuando YPF, la compañía petrolera estatal argentina, anunció que la planta se construiría en Río Negro en lugar de Buenos Aires. Esta decisión tomó por sorpresa a las autoridades bonaerenses y desató una serie de acusaciones cruzadas entre el gobierno provincial y el nacional.

Desde el gobierno nacional se sugirió que la decisión se debió a que la provincia de Buenos Aires no había adherido al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el marco de la Ley Bases. Sin embargo, Kicillof rechazó categóricamente esta explicación.

"Es mentira, no tuvo que ver con eso", afirmó el gobernador. "Si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas", explicó.

Las acusaciones de Kicillof

El gobernador bonaerense no se limitó a rechazar las explicaciones oficiales, sino que acusó directamente al presidente Milei de interferir en la decisión por motivos políticos. "Lo que observamos ayer fue que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por él", señaló Kicillof, recordando que, aunque YPF es una empresa de participación privada, sus directivos son designados por el gobierno nacional.

Kicillof fue más allá y enmarcó esta decisión en lo que considera una serie de agresiones del gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires. "Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo, la seguridad", enumeró.

El gobernador calificó la actitud del presidente como "las peores prácticas de la política", sugiriendo que Milei está utilizando el "látigo y la chequera" para conseguir adhesiones y voluntades políticas. "Se equivoca muchísimo el presidente y ha generado un daño enorme", lamentó Kicillof.

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La versión de YPF

En medio de la polémica, Kicillof reveló detalles de una conversación telefónica que mantuvo con Horacio Marín, CEO de YPF. Según el gobernador, Marín le aseguró que la decisión de cambiar la localización de la planta se basó en "estudios económicos y técnicos" y no en la falta de adhesión de Buenos Aires al RIGI.

"Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Hicieron unos estudios -que habíamos quedado que en mediados de agosto iban a estar los resultados- e intempestivamente votaron este cambio sin que tenga nada que ver con el RIGI", afirmó Kicillof. El gobernador instó a Marín a ratificar públicamente estas declaraciones, dada la gravedad del asunto.

Impacto económico y político

La decisión de reubicar la planta de GNL tiene implicaciones significativas tanto en lo económico como en lo político. Para la provincia de Buenos Aires, representa la pérdida de una inversión multimillonaria que habría generado empleos y desarrollo económico en la región de Bahía Blanca.

En el plano político, este episodio profundiza la brecha entre el gobierno nacional y la administración de la provincia más poblada del país. La relación entre Milei y Kicillof, ya tensa desde el inicio del mandato presidencial, parece haber alcanzado un nuevo punto bajo.

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Reacciones y perspectivas

La controversia ha generado reacciones en todo el espectro político argentino. Mientras los aliados de Kicillof respaldan sus acusaciones, desde el oficialismo se mantiene la postura de que la decisión se basó en criterios técnicos y económicos.

El conflicto también ha puesto de manifiesto las diferentes visiones sobre el desarrollo económico y el papel del Estado en la economía. Mientras Kicillof defiende un rol activo del Estado en la planificación y promoción de inversiones estratégicas, el gobierno de Milei aboga por un enfoque más orientado al mercado.

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La disputa por la planta de GNL de YPF es mucho más que un desacuerdo sobre la ubicación de una inversión. Representa un choque entre dos modelos de gestión y dos visiones del país profundamente diferentes. Por un lado, el enfoque intervencionista y desarrollista defendido por Kicillof; por el otro, el modelo liberal y de mercado propugnado por Milei.

Las acusaciones de Kicillof contra Milei, tildando la decisión de "venganza" y "capricho ideológico", elevan el tono de un conflicto que parece lejos de resolverse. La forma en que se desarrolle este enfrentamiento podría tener implicaciones significativas no solo para el proyecto de GNL, sino para la gobernabilidad y el clima político en Argentina en los próximos años.

Mientras tanto, la industria energética y los inversores internacionales observan con atención, conscientes de que la estabilidad política y la previsibilidad son factores clave para el éxito de proyectos de esta envergadura. El desafío para Argentina será encontrar un equilibrio entre las disputas políticas internas y la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos que puedan impulsar el desarrollo económico del país.

En última instancia, el caso de la planta de GNL de YPF se ha convertido en un símbolo de las profundas divisiones que persisten en la política argentina, y de los obstáculos que estas divisiones pueden representar para el progreso económico del país. La resolución de este conflicto, y la forma en que se maneje, podrían ser indicativas de la capacidad de la clase política argentina para superar sus diferencias en pos del interés nacional.