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Argentina 2025: La Paradoja de la Estabilización y las Deudas Pendientes del Modelo Libertario

El segundo tramo de la gestión Milei plantea interrogantes fundamentales sobre la relación entre equilibrio macroeconómico y bienestar social. Los indicadores financieros favorables coexisten con fragilidades estructurales que demandan una lectura crítica más allá del triunfalismo oficial

EconomíaHace 2 horas Gustavo Rodolfo Reija-CEO Netia Group

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La economía argentina atraviesa un momento de singular complejidad analítica. Los procesos de estabilización nunca operan en un vacío social: redistribuyen poder, reconfiguran expectativas y generan ganadores y perdedores cuyas trayectorias divergentes escapan a las síntesis macroeconómicas convencionales.

El cierre de 2025 encuentra al país en una posición radicalmente distinta a la heredada, aunque la naturaleza de esa transformación admite lecturas contrapuestas que merecen exploración rigurosa.

La desinflación como logro y como proceso inconcluso
La reducción de la inflación constituye, sin lugar a dudas, el activo principal del programa económico. El Índice de Precios al Consumidor cerrará el año en torno al 30-31% anual, el registro más bajo desde 2017. Considerando que la administración anterior finalizó con una variación del 211,4% y que los primeros meses de 2024 exhibieron tasas mensuales superiores al 20%, la desaceleración resulta innegable.

Sin embargo, la inflación representa mucho más que una métrica estadística. Opera como un mecanismo profundo de redistribución de riqueza que impacta desproporcionadamente sobre las poblaciones vulnerables. Cuando los aumentos sostenidos de precios erosionan el poder adquisitivo, presenciamos no solo disrupción económica sino un proceso sistemático de marginación social cuyos efectos persisten más allá de la normalización de los índices.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyecta una inflación mensual descendente hacia 1,5% en mayo de 2026. La pregunta relevante no es si la desinflación continuará, sino cómo se distribuirán sus beneficios entre sectores que absorbieron costos asimétrricos durante el ajuste inicial.

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El acuerdo con el FMI: respaldo multilateral y condicionalidades estructurales
El hito institucional más significativo del período correspondió a la aprobación del Programa de Facilidades Extendidas por 20.000 millones de dólares en abril de 2025. El desembolso inicial de 12.000 millones habilitó la liberalización parcial del cepo cambiario, permitiendo a las personas físicas adquirir divisas sin restricciones cuantitativas a partir del 14 de abril.

El nuevo régimen estableció bandas de flotación entre $1.000 y $1.400 por dólar, con ajustes mensuales del 1% en ambos extremos. La arquitectura financiera del acuerdo incluyó compromisos complementarios del Banco Mundial (12.000 millones en tres años) y el BID (3.000 millones adicionales), configurando un paquete de asistencia sin precedentes recientes.

No obstante, como señalaron analistas críticos, este respaldo extraordinario no carece de contrapartidas. Las condicionalidades implícitas abarcan reformas tributarias, ajustes previsionales y privatizaciones que trascienden la mera gestión de liquidez. La dimensión geopolítica del acuerdo quedó expuesta cuando el subsecretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent condicionó públicamente el apoyo a la cancelación del swap de monedas con el Banco Central de China, evidenciando que las consideraciones estratégicas operan como variables determinantes del financiamiento multilateral.

Crecimiento económico: recuperación con heterogeneidades sectoriales
La actividad económica revirtió la contracción del ejercicio precedente, con estimaciones de crecimiento del PIB entre 4,4% y 5,5% para el año completo. El consumo privado mostró signos de reactivación a partir del segundo trimestre, impulsado por la estabilización de los ingresos reales frente a una inflación declinante.

El dinamismo se concentró particularmente en sectores vinculados a recursos naturales. La producción petrolera alcanzó 256,2 millones de barriles (+11% interanual), con Vaca Muerta aportando más de la mitad del total nacional. El superávit energético proyectado supera los 10.000 millones de dólares, consolidando una transformación estructural del perfil exportador que podría generar dividendos significativos en el mediano plazo.

Sin embargo, esta configuración sectorial plantea interrogantes sobre la calidad del crecimiento. Una economía cuyo dinamismo depende predominantemente de la extracción de recursos naturales enfrenta vulnerabilidades intrínsecas ante fluctuaciones de precios internacionales y limitaciones en la generación de empleo de calidad para amplios sectores de la población.

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El equilibrio fiscal: ancla del programa y sus tensiones distributivas
El superávit fiscal primario se mantuvo como pilar fundamental del esquema de estabilización. La obtención de equilibrios gemelos (primario y financiero) por primera vez en catorce años representó un quiebre respecto a la trayectoria histórica de desequilibrios crónicos, con resultado positivo proyectado entre 1,3% y 1,6% del PIB.

La disciplina presupuestaria permitió reducir el riesgo país desde los 1.923 puntos básicos heredados hasta niveles cercanos a 570-600 puntos hacia fin de año, valores no observados desde 2018. Las agencias calificadoras respondieron con mejoras sucesivas que reflejan mayor confianza en la capacidad de servicio de la deuda soberana.

No obstante, el equilibrio fiscal no opera como variable neutral. Como documentaron extensamente los estudios sobre ajustes ortodoxos en América Latina, la composición del esfuerzo fiscal determina sus impactos distributivos. La licuación de jubilaciones, la paralización de obra pública, la reducción de transferencias a provincias y los recortes en educación y ciencia configuraron el grueso del ahorro presupuestario. Los sectores más vulnerables absorbieron una proporción desproporcionada del costo del ordenamiento macroeconómico.

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La controversia sobre la pobreza: más allá de las cifras oficiales
La evolución de los indicadores sociales generó el debate técnico más intenso del período. Según el INDEC, la incidencia de la pobreza cayó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 31,6% en igual período de 2025, equivalente a casi 10 millones de personas que abandonaron esa condición. El Gobierno celebró estos números como evidencia del derrame del ordenamiento macroeconómico.

Sin embargo, instituciones académicas y consultoras privadas plantearon objeciones metodológicas sustantivas. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina argumenta que aproximadamente tres cuartas partes de la reducción oficial responden a efectos estadísticos: mejoras en la captación de ingresos no laborales en la Encuesta Permanente de Hogares y utilización de canastas básicas con ponderadores desactualizados que subestiman el peso actual de servicios y transporte en el gasto de los hogares.

La reducción genuina de pobreza respecto al cierre de la gestión anterior oscila entre 2 y 3,5 puntos porcentuales, sustancialmente inferior a los 8,3 puntos informados oficialmente. Si se actualizara la Canasta Básica Total con datos de la Encuesta de Gastos 2017/2018, la pobreza del primer semestre de 2025 se elevaría significativamente por encima del 31,6% reportado.

Esta controversia no constituye un ejercicio técnico abstracto. Las definiciones metodológicas determinan la magnitud percibida del problema social y, consecuentemente, la urgencia de las intervenciones correctivas. Una lectura complaciente de indicadores cuestionados puede derivar en políticas públicas insuficientes para sectores que permanecen en situación de vulnerabilidad efectiva.

El frente externo: la fragilidad subyacente del esquema
El sector externo emergió como el flanco de mayor vulnerabilidad durante el segundo semestre. La liberalización cambiaria descomprimió demanda contenida de divisas que presionó las reservas del Banco Central. Entre abril y noviembre, los argentinos adquirieron más de 24.000 millones de dólares en el circuito formal, evidenciando preferencias de ahorro que reflejan desconfianza persistente en la moneda doméstica.

El superávit comercial se redujo significativamente respecto a 2024 por el crecimiento de las importaciones a tasas superiores al 30% interanual, mientras las exportaciones avanzaron modestamente. El déficit de cuenta corriente proyectado en torno al 2% del PIB representa un deterioro que demandará financiamiento externo sostenido.

La primera revisión del acuerdo con el FMI evidenció incumplimiento de las metas de acumulación de reservas netas, aunque el Directorio Ejecutivo validó los avances fiscales y monetarios. La intervención del Tesoro estadounidense en octubre, con promesas de asistencia financiera condicionada a resultados electorales, subrayó la dependencia del esquema respecto a factores geopolíticos exógenos que escapan al control de las autoridades domésticas.

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Consideraciones para 2026: desafíos estructurales y oportunidades de corrección
El ejercicio entrante presenta vectores de incertidumbre múltiples que condicionarán la sostenibilidad de los equilibrios alcanzados. El equipo económico deberá demostrar capacidad para acumular reservas genuinas sin depender exclusivamente de desembolsos multilaterales o asistencia bilateral. La liberación completa del cepo para empresas permanece pendiente y condicionada a la estabilización del mercado cambiario.

El BCRA anunció que desde enero de 2026 las bandas cambiarias se ajustarán según inflación pasada, abandonando el crawl fijo del 1% mensual. Esta modificación introduce mayor volatilidad potencial pero alinea el esquema con fundamentos nominales reales, reduciendo riesgos de apreciación cambiaria excesiva que erosione competitividad exportadora.

La capacidad de mantener la disciplina fiscal en un contexto de demandas sociales crecientes y salarios que todavía no recuperan completamente el poder adquisitivo perdido constituye un desafío político tanto como técnico. Las reformas estructurales pendientes (laboral, tributaria, previsional) enfrentarán resistencias que requerirán construcción de consensos más allá del núcleo parlamentario oficialista.

Reflexiones finales: la estabilización como condición necesaria pero insuficiente
El balance de 2025 arroja un saldo mixto que resiste simplificaciones ideológicas. Los indicadores de estabilización nominal exhiben mejoras sustanciales que configuran condiciones necesarias, aunque no suficientes, para un proceso de desarrollo sostenido. La reducción de la inflación y el ordenamiento fiscal representan logros genuinos que administraciones anteriores no consiguieron.

La política económica no puede reducirse a marcos monetarios o estructurales simplistas. Los procesos de transformación exitosos demandan intervenciones multidimensionales que simultáneamente aborden disciplina fiscal, política monetaria y equidad social. La persistencia de controversias sobre indicadores de pobreza y las vulnerabilidades del frente externo sugieren que el modelo implementado todavía enfrenta pruebas decisivas.

La pregunta que definirá el segundo tramo de la gestión libertaria no es si los equilibrios macroeconómicos pueden sostenerse, sino si lograrán traducirse en bienestar tangible para los sectores que absorbieron los costos más severos del ajuste. En última instancia, la legitimidad de cualquier programa económico se dirime en su capacidad para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, no en la elegancia de sus indicadores financieros.

 

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