El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está a punto de sufrir una transformación radical. El Gobierno nacional, en una movida audaz y controvertida, ha anunciado que dejará de subsidiar las líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires. Esta decisión, revelada por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, durante su presentación ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, promete sacudir los cimientos del sistema de transporte en la región más poblada del país.

El fin de una era: Adiós a los subsidios nacionales

A partir de septiembre de 2024, las 31 líneas de colectivos que circulan únicamente dentro de CABA dejarán de recibir fondos nacionales. "El Estado nacional no va a poner un peso para los subsidios de esas líneas", afirmó categóricamente Mogetta. Esta medida se extenderá también a la provincia de Buenos Aires, aunque la fecha exacta de implementación para este distrito aún no ha sido especificada.

El argumento del Gobierno es claro: consideran que es "competencia exclusiva del gobierno de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires los servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor que inician y finalizan su recorrido dentro de su territorio". En otras palabras, están devolviendo la responsabilidad financiera a las jurisdicciones locales.

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Un giro hacia la autonomía empresarial

Detrás de esta decisión se vislumbra una filosofía de gobierno que apuesta por una menor intervención estatal en la economía. Mogetta explicó que el objetivo es que "las empresas deben tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas y deben manejar con mayor libertad sus ingresos y no estar condicionados con los subsidios que paga el Estado".

Este cambio de paradigma representa un giro de 180 grados respecto a la política de subsidios que ha predominado en las últimas décadas. Cuando la administración de Javier Milei asumió el poder, el Estado nacional aportaba nada menos que el 92% de los costos operativos de las empresas de transporte automotor. Hoy, esa cifra se ha reducido al 67%, y todo indica que seguirá disminuyendo.

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 El impacto en el bolsillo del pasajero

Inevitablemente, esta reducción de subsidios se traducirá en aumentos tarifarios para los usuarios del transporte público. Ya se ha anunciado un incremento del 37,5% en las tarifas de colectivos del AMBA a partir del 12 de agosto de 2024. El boleto mínimo pasará de $270 a $371,13, un salto significativo que pondrá a prueba la capacidad de pago de muchos pasajeros.

La pregunta que todos se hacen es: ¿Hasta dónde llegarán estos aumentos? Si las jurisdicciones locales no pueden o no quieren asumir el costo total de los subsidios, es probable que veamos incrementos aún mayores en el futuro cercano.

La Tarjeta SUBE como herramienta de focalización

En medio de este panorama de recortes, el Gobierno nacional ha decidido apostar por la Tarjeta SUBE como instrumento para focalizar los subsidios. Mogetta destacó que a través de la Tarifa Social, se ofrece un descuento del 55% a las personas que más lo necesitan. "Podemos decir que en el interior del país la cobertura que hace el Estado a través de la tarjeta SUBE es aún mayor que en el AMBA", afirmó el funcionario.

Esta estrategia busca dirigir los recursos disponibles hacia quienes realmente los necesitan, en lugar de mantener un sistema de subsidios generalizados que, según el Gobierno, resulta insostenible en el largo plazo.

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 El desafío para CABA y Provincia de Buenos Aires

Con este anuncio, la pelota queda en el campo de los gobiernos locales. Tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires deberán decidir cómo afrontar esta nueva realidad financiera. ¿Aumentarán los impuestos para cubrir el costo de los subsidios? ¿Permitirán que las tarifas suban aún más? ¿O buscarán una solución intermedia?

El secretario Mogetta fue claro al respecto: "Ambas jurisdicciones se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas".

 La Agencia Metropolitana de Transporte: Una luz al final del túnel

En medio de este panorama desafiante, el Gobierno nacional ha propuesto la creación de una Agencia Metropolitana de Transporte. Según Mogetta, esta entidad busca ser "una instancia de gobernanza que les dé mayor protagonismo a las jurisdicciones que integran el AMBA".

La idea es que esta agencia pueda coordinar políticas de transporte entre la Nación, la Ciudad y la Provincia, buscando soluciones conjuntas a los desafíos que plantea esta nueva realidad económica.

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El panorama ferroviario: Otro frente de batalla

Aunque el foco de la atención está puesto en los colectivos, el sistema ferroviario también enfrenta sus propios desafíos. Mogetta reveló que los subsidios en este sector alcanzan el 90% del costo del pasaje, una cifra que el Gobierno considera insostenible.

Además, el funcionario señaló un problema adicional: "El 30% de los pasajeros no pagan su boleto en el AMBA". Esta evasión masiva complica aún más la ecuación económica del transporte público.

Para abordar estos problemas, el Gobierno ha creado un gabinete de expertos en materia ferroviaria que priorizará obras vinculadas a la seguridad operativa, como la compra de repuestos y material rodante.

Un futuro incierto para el transporte público

El anuncio del Gobierno nacional marca un punto de inflexión en la historia del transporte público en el AMBA. El fin de los subsidios nacionales para las líneas de colectivos locales representa un desafío mayúsculo para las autoridades de CABA y la Provincia de Buenos Aires, así como para las empresas de transporte y, por supuesto, para los millones de pasajeros que dependen de este servicio a diario.

Si bien el Gobierno argumenta que estas medidas buscan generar mayor eficiencia y autonomía en el sector, es innegable que el impacto inmediato se sentirá en el bolsillo de los usuarios. El desafío será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la accesibilidad para todos los sectores de la población.

En los próximos meses, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrolla esta transición. ¿Lograrán los gobiernos locales absorber el costo de los subsidios sin trasladar todo el peso a los usuarios? ¿Surgirán nuevas formas de financiamiento o modelos de gestión que permitan mantener un servicio de calidad a precios accesibles?

Lo único cierto es que el panorama del transporte público en el AMBA está cambiando drásticamente. Cómo se resuelva esta ecuación tendrá profundas implicaciones no solo para la movilidad urbana, sino también para la economía y la calidad de vida de millones de argentinos. El tiempo dirá si esta apuesta por la desregulación y la autonomía empresarial logra los objetivos propuestos o si, por el contrario, se necesitará repensar el modelo una vez más.