El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se enfrenta a un nuevo ajuste tarifario que afectará significativamente el bolsillo de los usuarios. A partir del 16 de septiembre, los pasajes de trenes experimentarán un incremento promedio del 40%, una medida que se suma a los recientes aumentos en los servicios de luz, gas y agua. Esta decisión, anunciada por la Secretaría de Transporte a través del Boletín Oficial, marca la continuación de una política de reducción gradual de subsidios en el sector del transporte público.

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El nuevo esquema tarifario, que entrará en vigencia a mediados de mes, establece que el boleto mínimo para viajes de hasta 12 kilómetros pasará de $200 a $280. Para trayectos entre 12 y 24 kilómetros, el costo se elevará de $260 a $360, mientras que para distancias superiores a 24 kilómetros, el precio ascenderá de $320 a $450. Estos ajustes se aplicarán uniformemente en todas las líneas de trenes metropolitanos, incluyendo las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y el Tren de la Costa.

Es importante destacar que este aumento no es un hecho aislado en el panorama del transporte público del AMBA. Hace apenas unas semanas, a mediados de agosto, los usuarios de colectivos enfrentaron un incremento del 37,5% en sus tarifas. La combinación de estos aumentos representa un desafío significativo para la economía de los habitantes de la región, especialmente para aquellos que dependen diariamente del transporte público para sus desplazamientos.

La Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogetta, ha justificado esta medida como parte de un esfuerzo por reducir la brecha entre el costo real del servicio y lo que pagan los usuarios. Según los cálculos oficiales, con este aumento, el pasaje de tren pasará a cubrir el 16% del costo real de la tarifa, un incremento notable desde el 11% actual y un salto aún mayor desde el 3% que representaba al inicio de la administración de Javier Milei.

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Para implementar estos cambios, la Secretaría ha iniciado un proceso de participación ciudadana que estará abierto por tres días hábiles. Aunque este proceso no es vinculante, es un paso obligatorio que busca dar voz a los usuarios antes de la implementación definitiva de las nuevas tarifas.

El impacto de este aumento no será uniforme para todos los usuarios. Aquellos que opten por pagar en efectivo enfrentarán un costo aún mayor, con la tarifa pasando de $640 a $900 por viaje. Esta diferencia significativa busca incentivar el uso de la tarjeta SUBE nominalizada, que ofrece tarifas considerablemente más bajas.

Por otro lado, el gobierno ha mantenido ciertos beneficios para sectores vulnerables de la población. La Tarifa con Atributo Social continuará ofreciendo un descuento del 55% respecto al cuadro tarifario estándar. Esto significa que los usuarios que califiquen para este beneficio pagarán $126 por el tramo más corto, $162 para viajes de entre 12 y 24 kilómetros, y $202,50 para viajes de 24 kilómetros o más.

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Además, se ha establecido una tarifa intermedia para usuarios con tarjetas SUBE no nominalizadas, que será el doble de la tarifa estándar para cada sección. Esto implica un costo mínimo de $560, $720 para la segunda sección y $900 para la tercera.

En un esfuerzo por combatir la evasión, se han fijado multas equivalentes a diez veces la tarifa mínima con SUBE Nominalizada, es decir, $2.800. Esta medida busca desalentar el uso indebido del sistema y garantizar que todos los usuarios contribuyan equitativamente al financiamiento del servicio.

Es importante mencionar que, a pesar de estos aumentos, se mantendrán los descuentos por combinación de viajes que ofrece el sistema SUBE. Los usuarios seguirán beneficiándose de reducciones del 50% en el segundo viaje realizado dentro de las dos horas del primero, y del 75% a partir del tercer viaje en el mismo lapso. Este sistema de descuentos automáticos continúa siendo una herramienta valiosa para mitigar el impacto de los aumentos en aquellos pasajeros que realizan múltiples viajes diarios.

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El panorama general del transporte público en el AMBA muestra una tendencia clara hacia la reducción de subsidios y el aumento de la participación de los usuarios en el costo real del servicio. Esta política, si bien busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte, plantea desafíos significativos para la población, especialmente en un contexto de alta inflación y presión sobre los ingresos familiares.

La decisión de aumentar las tarifas de transporte se enmarca en un contexto más amplio de ajustes en los servicios públicos. Los recientes incrementos en las tarifas de luz, gas y agua, junto con los aumentos en el transporte, forman parte de una estrategia gubernamental para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, estas medidas han generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que temen por el impacto en el costo de vida, especialmente para los sectores de ingresos medios y bajos.

El debate sobre el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte y la accesibilidad para los usuarios es complejo y multifacético. Por un lado, la reducción de subsidios puede contribuir a mejorar la calidad del servicio a largo plazo, permitiendo mayores inversiones en infraestructura y modernización. Por otro lado, el aumento de tarifas puede resultar en una disminución del uso del transporte público, lo que podría tener consecuencias negativas tanto para la movilidad urbana como para el medio ambiente.

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En este contexto, es crucial que las autoridades consideren medidas complementarias para mitigar el impacto de estos aumentos en los sectores más vulnerables de la población. La expansión de programas de tarifa social, la implementación de sistemas de transporte más eficientes y la promoción de alternativas de movilidad sostenible podrían ser estrategias a considerar para mantener un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la accesibilidad del transporte público.

A medida que se acerca la fecha de implementación de estas nuevas tarifas, será fundamental monitorear la reacción de los usuarios y el impacto real en la demanda de servicios de transporte. La capacidad del sistema para adaptarse a estos cambios y mantener un servicio de calidad será clave para garantizar la movilidad eficiente en el AMBA y preservar el rol esencial del transporte público en la vida cotidiana de millones de argentinos.