Las universidades públicas argentinas se han sumido en un profundo conflicto tras la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Docentes y personal no docente han iniciado un paro total de 24 horas, mientras que los estudiantes ocupan facultades en todo el país, en una muestra de rechazo a la decisión del Congreso de mantener el veto del presidente Javier Milei.

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Esta acción colectiva, que paraliza la actividad académica en numerosas instituciones, surge como respuesta inmediata a la votación en la Cámara de Diputados. Con 85 votos a favor de sostener el veto, el oficialismo logró bloquear los intentos de la oposición de revertir la decisión presidencial, que requería una mayoría de dos tercios.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a varios gremios del sector, expresó su repudio a los diputados que "votaron en contra del mandato popular de defender la universidad". En su convocatoria al paro, los sindicatos llamaron a consolidar un plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario.

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Por su parte, el gobierno busca minimizar el impacto del paro, sugiriendo que las protestas están motivadas principalmente por intereses políticos. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, declaró en medios nacionales que las tomas están "sostenidas en su gran mayoría por militancia política y sindical", acusando a los manifestantes de complicar la vida de estudiantes y docentes que desean continuar con sus actividades normales.

La construcción de la mayoría parlamentaria que ratificó el veto incluyó los votos del PRO, el MID, bloques provinciales como Independencia y Creo de Tucumán, y contó con abstenciones estratégicas de diputados de Misiones y del radicalismo. Esta alianza ha sido duramente criticada por los sectores universitarios, que la consideran "incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías".

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de las universidades públicas, también se sumó a las críticas, repudiando la postura de los diputados que "le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento". El organismo prometió continuar la lucha, advirtiendo que "no bajaremos los brazos".

El conflicto trasciende el ámbito universitario y se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo de país y el rol del Estado. Hugo "Cachorro" Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, anunció una marcha al Congreso para el 23 de octubre, con el objetivo de presentar un millón de firmas en apoyo a la derogación del decreto 70/23, considerado por muchos como un símbolo del "gobierno autocrático" que critican en la administración de Milei.

Esta crisis en el sistema universitario argentino pone de manifiesto las tensiones entre la política de ajuste fiscal del gobierno y las demandas de financiamiento del sector educativo. El veto a la ley de financiamiento universitario se justifica desde el oficialismo como una medida necesaria para mantener la disciplina fiscal, pero es percibido por la comunidad universitaria como una amenaza a la calidad y accesibilidad de la educación superior pública.

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La magnitud de las protestas y la rapidez con la que se han organizado sugieren un alto nivel de descontento y preocupación en el sector universitario. La prolongación del conflicto podría tener implicaciones significativas no solo para el calendario académico, sino también para la estabilidad política del gobierno de Milei, que enfrenta su primer gran desafío en el ámbito educativo.

A medida que el paro se desarrolla y las tomas de facultades se multiplican, queda por ver cómo responderá el gobierno a estas presiones. La capacidad de ambas partes para encontrar un terreno común y negociar una solución que equilibre las necesidades presupuestarias con las demandas del sector universitario será crucial para resolver este conflicto y evitar una escalada que podría tener consecuencias más amplias para la sociedad argentina.